Los diputados locales aprobaron sancionar con hasta 15 años de prisión a las autoridades que permitan construcciones en zonas de riesgo, como parte de un paquete de reformas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
El Código Penal del Estado libre y Soberano de Puebla se reformó para imponer una pena que, con agravantes, puede alcanzar de seis hasta 15 años de prisión.
En tanto que en las multas se consideran de 200 a 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), que este año iría de montos que van de los 19 mil 244 a los 48 mil 110 pesos.
El paquete de reformas considera también modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que de inicio prohíbe asentamientos en zonas donde hay infraestructura de energía eléctrica, consideradas como áreas federales o de alto riesgo.
De esta manera, se prohíbe a las autoridades dar licencias, reportes de factibilidad, permisos u otro tipo de autorizaciones que deriven en asentamientos irregulares.
Un tercer documento que se modifica es la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, para facultar a esa área de gobierno a vigilar que los ayuntamientos no autoricen las construcciones inviables mediante inspecciones y otras medidas de seguridad.
Las reformas tuvieron el voto aprobatorio de todos los diputados que asistieron hoy a la sesión del Congreso y se espera que entren en vigor cuando se publiquen en el Diario Oficial del Estado
En la presentación del proyecto, destacó la intervención del presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Eduardo Castillo López, quien dijo que con estas reformas se resuelven lagunas legales y se obliga a respetar los lineamientos de construcción.
Para el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con esto se garantiza también la seguridad de la población más vulnerable que encontraba una posibilidad de contar con inmuebles que particulares ofrecen en zonas irregulares.
