La aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el , que asciende a 126 mil millones de pesos y no considera la creación de nuevos impuestos.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que al interior de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se realizó un análisis puntual de la , que se integra por tres principales rubros: ingresos locales, participaciones y aportaciones federales.

La legisladora destacó la importancia de contar con Leyes de Ingresos que sean claras y congruentes con el contexto económico, priorizando el bienestar de la ciudadanía y para contar con un estado más próspero, inclusivo y justo.

Por su parte, el diputado Rafael Micalco Méndez presentó una propuesta reformatoria para exentar del cobro de legalización de certificados escolares a instituciones públicas de educación básica y media superior, este planteamiento fue aprobado por el Pleno del Congreso.

En otro momento de la sesión, las y los diputados avalaron los dictámenes por los que se expiden las Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2025; y la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado de 70 municipios.

Se trata de Acateno, Acatlán, Acteopan, Ahuazotepec, Albino Zertuche, Altepexi, Atempan, Atzala, Calpan, Caltepec, Cañada Morelos, Coatepec, Cuautlancingo, Chiconcuautla, Chichiquila, Chietla, Chignautla, Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Epatlán, Francisco Z. Mena, General Felipe Ángeles, Huitziltepec, Ixcamilpa de Guerrero, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán e Ixtepec.

Además, Jalpan, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Nealtican, Nopalucan, Oriental, Quecholac, San Antonio Cañada, San Diego La Mesa Tochimilzingo, San Felipe Tepatlán, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Tecuanipan, San Pablo Anicano, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Isabel Cholula y Santo Tomás Hueyotlipan.

Tecomatlán, Tehuitzingo, Tenampulco, Tepanco de López, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Teteles de Ávila Castillo, Tlahuapan, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tochimilco, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xicotlán, Xochiltepec, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla y Zoquiapan.

Aprueban licencias y presentan iniciativas en materia de medio ambiente

Como parte de los asuntos abordados por el Pleno, las y los diputados aprobaron la solicitud de licencia del diputado José Luis García Parra, por tiempo indefinido mayor a 30 días y con efectos a partir del primero de diciembre del año en curso.

Además, avalaron la licencia por tiempo indeterminado, solicitada por el magistrado José Octavio Pérez Nava, al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por causa de servicio público al Gobierno Federal, a partir del día primero de diciembre del presente año.

Durante la sesión y ante el Pleno de la LXII Legislatura, rindió protesta Alejandro Arturo Necochea Gómez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, esto, tras la licencia que solicitó el magistrado propietario, Octavio Pérez Nava.

Como parte del orden del día, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, con el objetivo de establecer como obligación de la Secretaría de Medio Ambiente, el coordinar, integrar, monitorear y mantener actualizados el Inventario Estatal Forestal y de Suelos, así como el Sistema Estatal de Información Forestal.

La propuesta para reformar la fracción X del artículo 16 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

La Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, con el objetivo de incluir en las atribuciones de los Ayuntamientos la prevención de la contaminación acústica dentro de su jurisdicción territorial, adoptando medidas preventivas necesarias para salvaguardar la salud de las y los ciudadanos.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y a la de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

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