Antorcha Campesina insiste en ser partido político local en Puebla, pese a que en 2020 fuera rechazada su primera solicitud por irregularidades.
Así se advierte en una lista dada a conocer por el Instituto Electoral del Estado (IEE) sobre los avisos de intención de quienes están interesados en ser un partido político local.
El grupo político aparece junto con otras siete organizaciones que presentaron su aviso de intención y que entrarán a una fase de análisis por parte de la autoridad electoral.
Para entender la relevancia que Antorcha Campesina tiene en Puebla y qué podría pasar si fuera partido es importante conocer sus orígenes.
Aunque en el país hay diferentes comunidades y municipios que se caracterizan por la presencia de los gobiernos antorchistas, en Puebla está la cuna.
Se trata del municipio de Tecomatlán, conocido como la Atenas de la Mixteca, y que se encuentra a unos minutos de Acatlán de Osorio.
Se considera que fue ahí en 1974 cuando se fundó la organización política con líderes universitarios y campesinos de la región.
Los representantes que han llegado a cargos públicos y de decisiones de poder como el Congreso de la Unión han sostenido en diferentes ocasiones que ellos están basados en cuatro pilares para combatir la pobreza.
Éstos son generar más empleos, mejorar los salarios de los trabajadores, lograr cambios en la política fiscal y reorientar el gasto público.
Desde su creación han tenido vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y han hecho que varios de sus líderes lleguen a cargos de poder con esas siglas.
Fue en 2020 que tanto el Movimiento Antorchista como la organización Podamos Puebla buscaron convertir a este grupo en un partido político.
Primero hubo una negativa del IEE y después llevaron el tema al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que los dejó fuera del proceso.
El primer organismo determinó que había irregularidades en los tiempos de entrega y en la transparencia de sus representantes y las firmas.
En el tribunal advirtieron que la posible falsificación de rúbricas tendría que reportarse la Fiscalía General del Estado (FGE) y que varios de los procesos para acreditar su fuerza habían sido irregulares.