La diputada del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, presentó este jueves una propuesta para que Puebla cuente con su propia Ley Ingrid, como la aprobada a nivel federal para sancionar a funcionarios públicos que filtren información sobre casos de violencia.
Se trata de modificaciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que homologan a la entidad con la legislación federal y adicionan agravantes cuando las víctimas son mujeres, adolescentes y niños.
De la legislatura federal se retoma el castigo de cuatro a 10 años de prisión y una multa que alcanzaría los 14 mil 433 pesos, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
Las medidas están dirigidas a funcionarios públicos que documenten y difundan información sobre hechos en los que las víctimas hayan sufrido violencia física o sexual o que incluyan cadáveres o restos de ellos.
Entre la información se consideran fotografías, videos, audios, documentos o datos reservados del lugar de los hechos o de hallazgos y se señala como acciones de difusión la transmisión, publicación, distribución, comercialización o intercambio.
A diferencia de la legislación federal, la propuesta de Merino Escamilla propone también agravantes cuando las víctimas de las filtraciones sean mujeres, adolescentes o niños.
En este caso, la sanción iría de seis a 15 años de cárcel y las multas podrían ascender hasta la 21 mil 649 pesos según la UMA vigente.
En la presentación de la iniciativa, Merino Escamilla destacó que es importante poner límites a esas prácticas de funcionarios públicos pues se cae en la revictimización y se afectan las investigaciones.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia donde se espera su análisis y aprobación.
La Ley Ingrid tiene sus orígenes en febrero de 2020, cuando la joven poblana Ingrid Escamilla Vargas fue víctima de feminicidio en la Ciudad de México.
Las imágenes sobre los hechos y del agresor fueron difundidas por funcionarios públicos y viralizadas en redes sociales.