Estamos a merced de innecesarias contiendas sobre nuestros derechos y libertades. Los beligerantes son órganos del Estado y funcionarios que litigan entre sí sobre tareas que inciden en la vida de los ciudadanos. En el fragor del combate, la metralla llueve sobre la Nación y los derechos de los mexicanos.
Los funcionarios públicos están obligados, sin salvedad, al cumplimiento de deberes que no pueden desatender discrecionalmente, impulsados por intereses personales o facciosos. Han protestado (prometido) cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y deben respetar y garantizar los derechos fundamentales de los individuos y responder por las violaciones de esos derechos (artículo 1º constitucional).
Pero sucede que algunas autoridades se niegan a cumplir voluntariamente los deberes de su cargo, y por ello otras autoridades o grupos de ciudadanos se ven en la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales para obtener, a golpes de sentencia, lo que debieran recibir sin necesidad de acudir a los tribunales para reclamar el respeto y la garantía de las facultades de los ciudadanos y de las atribuciones de órganos del Estado (obligados a convertirse en litigantes).
Ya es costumbre “judicializar” (llevar ante los tribunales) lo que debieran hacer ciertas autoridades renuentes o reticentes, cuando no francamente violadoras de las obligaciones de su cargo. Esta innecesaria judicialización perturba la marcha de la República, implica pérdida de tiempo y energías y genera erogaciones cuantiosas que pudieran tener mejor destino. Sobran los ejemplos de esta judicialización que podríamos ahorrarnos si las autoridades que la provocan cumplieran sus deberes y honraran sus atribuciones.
Veamos algunos ejemplos. La Constitución y la ley ordenan al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato (convertido por el Ejecutivo en ratificación de mandato), tarea que implica gastos considerables. Sin embargo, no se ha provisto al INE de los recursos para cumplir este encargo constitucional. Por ello el Instituto se ve en la necesidad de acudir ante los tribunales para lograr el otorgamiento de tales recursos. Sin éstos, se incumpliría la ley y naufragaría el procedimiento revocatorio (¿o acaso se quiere provocar este naufragio para trasladar al Instituto las culpas de otras instancias del Estado).
Otro ejemplo. Una resolución del Ejecutivo, flagrantemente inconstitucional, permite a esa poderosa autoridad sustraer las obras públicas del deber de transparencia, con el pretexto de que el cumplimiento pone en riesgo la seguridad la Nación (¡nada menos!). Semejante despropósito obligó al INAI a promover una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, judicializando así un diferendo que debiera resolverse llanamente mediante la revocación del famoso decretazo.
Otro más. Muchos ciudadanos han tenido que acudir a juicios de amparo para obtener la atención médica que les permitirá proteger su salud y salvar su vida. El drama de los niños con cáncer gravita en la conciencia de la sociedad y debiera pesar en la de las autoridades obligadas a brindar espontáneamente lo que al cabo de innumerables litigios ordenarán los tribunales de la Federación.
Podríamos acumular más botones de muestra de estas contiendas entre la ley y la razón, de una parte, y la renuencia o el franco incumplimiento del deber, por la otra. ¿Es mucho pedir que la autoridad cumpla sus obligaciones sin que los tribunales le obliguen a cumplirlas? ¿O debemos seguir atrapados en un combate irracional, que lesiona la vida social y los derechos de los ciudadanos?
