La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está desahuciada. Si no existiera, sería lo mismo. El Presidente decidió quitarle todos proyectos importantes, redujo su presupuesto y puso al frente de la dependencia a dos viejos amigos, Javier Jiménez Espriú y Jorge Arganis Díaz Leal, a los que ha tratado como ‘floreros’ y quienes a su vez lo han criticado por decisiones como la de entregarle la infraestructura del país a las Fuerzas Armadas.
Antes de llegar al gobierno, Andrés Manuel López Obrador ya había delineado el futuro de la SCT con la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Para justificar la decisión política de su entonces jefe, Jiménez Espriú se enredó con los estudios y dictámenes de organizaciones internacionales que avalaban su viabilidad técnica y financiera, en contraste con la obra de Santa Lucía. Fue entonces que entró a escena el estructurista favorito de AMLO, José María Riobóo, quien acuñó frases memorables como la de que “los aviones no pueden chocar, porque automáticamente se repelen”.
La gestión de Jiménez Espriú pasó sin pena ni gloria. Renunció en julio de 2020, luego de un año y siete meses en los que vio cómo el Ejército y la Marina se adjudicaban todos los proyectos de infraestructura relevantes. De entrada, el Presidente decidió que el Tren Maya estaría a cargo del Fonatur, que el Aeropuerto de Santa Lucía lo construiría la Sedena y que los puertos serían administrados por la Semar. Esto último fue la gota que derramó el vaso para la renuncia de Jiménez Espriú.
La llegada de Jorge Arganis tampoco generó mejores expectativas. El ingeniero por la UNAM se desempeñó previamente como director de la filial de Pemex PTI Desarrollo de Infraestructura, encargada de la refinería de Dos Bocas. Fue el encargado de otorgar al Grupo Huerta Madre, ligado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a su familia, un contrato para preparar los terrenos para la construcción de la refinería.
Una de las encomiendas de Arganis Díaz fue precisamente revisar la actuación de funcionarios de la SCT, como la del subsecretario de Infraestructura, Cédric Escalante Sauri, con quien actualmente libra una guerra dentro la dependencia. La llegada del secretario develó varias irregularidades que rayan en corrupción.
En septiembre revelamos en este espacio que nueve días después de que AMLO ganó en los comicios del 2 de julio de 2018, el hoy subsecretario de Infraestructura firmó un contrato por 3 mil 177 millones de pesos con su empresa Consultores y Constructores Escalante, como parte de un conglomerado que actualmente se encarga de los servicios de gerencia de proyectos para la construcción de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, Tramo Barranca Larga-Ventanilla en Oaxaca.
Fue el 11 de julio cuando el ahora funcionario firmó el documento con Banobras, junto con Ricardo Gutiérrez, de Grupo Industrial Caso, así como Raymundo Bautista, de Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, mientras que los primeros días de diciembre de ese mismo año tomó protesta en su nuevo encargo. Luego, el 28 de enero de 2019 presentó la declaración patrimonial en la que aseguró no tener ningún conflicto de interés.
Según fuentes de la SCT, los dos grandes operadores del subsecretario son su socio y amigo Javier de la Cruz y su ahijado Humberto Ibarrola.
La mayoría de las empresas que gestionan estos dos allegados a Escalante Sauri ganaron obras en los centros SCT en Guanajuato, Durango, Morelia, Campeche, Nuevo León y Querétaro.
Por esta razón, Arganis trae una pelea a muerte con Escalante, quien se dice tiene los días contados en la SCT. Por ello, busca aprovechar la coyuntura que puso al secretario en trayectoria descendente por el reclamo público que hizo al Presidente en la celebración de los 130 años de la SCT, donde reprochó la presencia que han tomado los militares en la construcción de infraestructura en el país, en detrimento de los ingenieros civiles.
TRESE: entre litigios y magistrados
La polémica firma Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE), contratista de Pemex en tiempos de Emilio Lozoya, sigue involucrada en litigios derivados de su proceso de quiebra, la cual fue atribuida por la empresa a la llegada al país de la extranjera Coastal Energy Solutions. El procedimiento concursal se tramita ante la Juez Séptimo de Distrito, María Concepción Martín Argumosa; sin embargo, ahora también se ha iniciado un litigio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que cayó en la Sala del magistrado Francisco Huber Olea Contró. Dicho magistrado se ha visto involucrado en diversos escándalos, que van desde una detención por parte de un policía auxiliar, hasta los juicios de la Cooperativa Cruz Azul y del exgobernador Moreira, por lo que se teme que su resolución sobre las medidas cautelares dictadas en la quiebra de TRESE no se base simplemente en los argumentos jurídicos.
@MarioMal
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