La semana pasada, tras las escandalosas conversaciones telefónicas del fiscal Alejandro Gertz Manero filtradas a la prensa y obtenidas de un espionaje ilegal, el presidente López Obrador trató de curar a su gobierno en salud sobre el origen de esas escuchas ilegales, aseguró que el antiguo Cisen, ahora Centro Nacional de Inteligencia, “ya no espía a nadie” y tratando de desviar la atención acusó a la oposición de “comprar equipos millonarios para hackear teléfonos celulares y así obtener información” para golpear a su proyecto.
 
Y es que todas las miradas y las hipótesis que se han manejado hasta ahora, sobre el origen del espionaje realizado a los teléfonos del fiscal General de la República apuntan a los órganos de inteligencia gubernamental, desde el mencionado CNI, hasta las áreas de inteligencia militar con las que trabaja muy de cerca el general Audomaro Zapata. Pero hay otros gobiernos, además del federal, que tienen la capacidad para interceptar teléfonos celulares y por supuesto líneas fijas y que poseen el equipo y la tecnología suficientes para realizar esas escuchas telefónicas, como las que se difundieron desnudando la forma antiética e inconstitucional con la que opera el señor Gertz Manero.
 
Por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, compró en julio de 2020, tres sistemas con software de última generación marca Verint, de Israel y Chipre, con capacidad para rastrear e interceptar llamadas celulares, mensajes de texto, escuchas encubiertas a través del micrófono del teléfono y hasta copiar y duplicar cuentas y contraseñas con el envío de mensajes de texto al teléfono objetivo del espionaje. Los tres sistemas de escucha los maneja la Policía de Investigación de la FGJCDMX y están instalados cada uno en un vehículo adaptado y acondicionado que cuenta con una “antena de alta ganancia con un apuntador láser de grado militar”, capaz de hacer búsquedas complejas y equipado con un Descifrador A5/1 capaz de “sobrepasar encriptaciones A5/0 y A5/1”.
 
De acuerdo con el Contrato número FGJCDMX-055/2020, cuya copia tiene esta columna, la Fiscalía capitalina, a través de sus direcciones de Recursos Materiales y de Adquisiciones y Contratación de Servicios, compró por adjudicación directa los “Sistemas de Radiolocalización” a la empresa Pixkitec, S.A. de C.V, representada por su apoderado legal José María Funtanet. Con la Adjudicación número AD/FGJ/054/020 y la autorización expresa de la fiscal Ernestina Godoy, del 22 de mayo de 2020, se pagaron 84 millones 482 mil 400 pesos por los equipos de espionaje, y el contrato se firmó el 29 de mayo de 2020 por la Lic. Laura Ángeles Gómez, coordinadora General de Administración de la Fiscalía y el citado representante legal de la empresa proveedora.
 
En el documento se justifica la adquisición de esos equipos de escuchas y espionaje telefónico porque “la Jefatura de la Policía de Investigación requiere incrementar la capacidad tecnológica, adquiriendo los equipos de inteligencia montada en un vehículo denominado: sistema de radiolocalización, para coadyuvar en la localización de objetivos y detectar su presencia en la red pública de celular”. Según las características técnicas de los sistemas Verint especificadas en el Contrato oficial, los tres equipos comprados por la FGJCDMX pueden interceptar al mismo tiempo hasta 6 llamadas celulares, pueden “extraer identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”, localiza y ubica la posición exacta del teléfono móvil 2G/3G/4G, e interceptan llamadas de voz y mensajes de texto utilizando las redes 2G.
 
Desde los vehículos donde están montados los equipos de espionaje se puede realizar el “Eavesdropping” o “escucha ilegal” de los celulares objetivo, además de controlar las llamadas de voz y mensajes de texto, activar el micrófono del dispositivo para “escucha encubierta en sus inmediaciones” y realizar la “duplicación de las cuentas de aplicativos del objetivo mediante una contraseña única (OTP, por sus siglas en inglés) enviada por SMS”, además de contar con un módulo para extraer las identidades celulares IMEI/IMSI y alarmas para avisar cuando se activa un celular “capturado” a los que se puede incluso identificar con imágenes o fotografías para distinguir cada dispositivo, dice el apartado de “Características Técnicas” en las páginas 19 y 20 del contrato de la Fiscalía de la CDMX.
 
Menciona además que los equipos pueden “bloquear o desactivar dispositivos” móviles de las redes 2G/3G y 4G, que su antena de “alta ganancia con un apuntador láser de grado militar” es capaz de realizar búsquedas complejas y que la unidad de descifrado puede sobrepasar y descifrar encriptaciones de teléfonos de tipo A5/0 y A5/1. Además, dicen las especificaciones, “los sistemas de radiolocalización cuentan con herramientas para analizar la información de equipos móviles” y pueden guardar y exportar toda esa información como contactos, chats, documentos, fotografías, videos y contraseñas en formatos .XLS y .XLSX (hojas de cálculo).
 
Sobre los tres vehículos desde donde se operan los sistemas de localización y escuchas telefónicas de la FGJCDMX se detallan todas sus características, tratándose de automóviles equipados con motores y tecnología especial, con sistemas de cancelación de ruidos, transmisiones, suspensiones y características de seguridad que los convierten en auténticos bunkers móviles que incluso tienen un sistema para camuflajear sus potentes antenas en el techo de cada auto y así pasar desapercibidos mientras realizan sus labores de espionaje telefónico.
 
¿Sabe el presidente López Obrador que la Fiscalía capitalina y el gobierno de Claudia Sheinbaum también adquirieron “equipos millonarios para hackear celulares y obtener información”? Sería interesante si lo supiera porque, entre las muchas hipótesis y especulaciones que se maneja sobre el origen del espionaje al fiscal Gertz Manero, también está el vínculo político cercano que existe entre la jefa de Gobierno y Julio Scherer Ibarra, investigado por la FGR en las denuncias contra cuatro abogados acusados de extorsión, lavado de dinero y tráfico de influencias, vinculados los cuatro al exconsejero Jurídico de la Presidencia.
 
Tal vez en ese sentido apunta lo que repitió el Fiscal Gertz en varias entrevistas que dio recientemente para responder al espionaje del que fue objeto, al que calificó como una “extorsión mediática criminal” para desacreditar su imagen y descalificar sus investigaciones contra grupos delincuenciales. ¿Será que Gertz sabe que quienes lo extorsionan y lo espían también son de la 4T?...  Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete.