La pregunta que da título a esta columna no se refiere a las visiones apocalípticas y discriminatorias que, en medio del caos que dejó en Acapulco el huracán “Otis” llegaron a proponer no volver a levantar de las ruinas al puerto que fuera insignia del turismo nacional; se refiere más bien a la crisis de inseguridad que, en el renacido puerto acapulqueño ha vuelto a regresar, como parte de la normalidad a la que poco a poco ha ido retornando la principal ciudad del estado de Guerrero.
Porque nadie mejor para explicarlo que el general Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor de la Sedena (y por cierto mencionado como posible secretario de la Defensa en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum), quien ayer con sus cinco estrellas y su vasta experiencia en el Ejército mexicano, apareció en la mañanera, en sustitución del general secretario, general Luis Crescencio Sandoval —cuya ausencia por cierto no fue explicada— para hablar de la exacerbación de la violencia criminal que sobrevino en el puerto, en donde tan sólo el pasado fin de semana fueron asesinadas 11 personas, lo mismo por disparos de bala que con armas blancas, pero todas con signos de tortura e incluso con cuerpos desmembrados y encostalados esparcidos en la vía pública.
“A partir del huracán Otis bajó mucho la delincuencia, sobre todo los homicidios, pero con la fase de recuperación, de igual manera se están incrementado los delitos”, dijo ayer el alto funcionario de la Sedena, quien justificó la obviedad de sus dichos señalando que hay una disputa entre cárteles de la droga por el municipio acapulqueño y acusando que tras el desastroso huracán que golpeó al puerto el 24 de octubre pasado, los grupos del crimen organizado cambiaron su “modus operandi” y en lugar de cometer los asesinatos violentos con arma de fuego, ahora están matando a sus contrarios con armas blancas.
Y con la intervención del general Trevilla —cuya aparición en la mañanera desató especulaciones sobre “señales” de que él será el próximo titular de la Sedena— vino el consabido anuncio del presidente López Obrador, de que “se reforzará la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en Acapulco”, una dinámica que ya se ha vuelto casi rutinaria a lo largo del sexenio en el que, después de un tardío reconocimiento del gobierno federal de la violencia que afecta a estados y municipios de México, viene el envío de tropas militares que llegan a controlar la situación, pero sólo por unos días o a lo mucho semanas, para después regresarse a sus cuarteles y dejar que vuelva la misma violencia, o incluso aumentada, en los lugares donde intervienen los militares por órdenes del Presidente.
Y es que la tragedia de seguridad que vive Acapulco no es nueva, mucho menos comenzó en este sexenio, pero sí se mantuvo e incluso se incrementó en los seis años de la presidencia obradorista. Y hasta ahora, por más promesas, envíos de tropas militares y discursos desde la Presidencia y el gobierno estatal, el principal puerto guerrerense vuelve a vivir el regreso de la violencia del narcotráfico que va y viene ciclícamente desde hace casi 18 años.
Pero a la violencia narca con la que ya hasta han aprendido a vivir y a funcionar los acapulqueños, se sumó en los últimos tres años la ineptitud y negligencia de la alcaldesa morenista, Abelina López, quien se dio a conocer a nivel nacional por haber declarado que el incremento de la violencia criminal en Acapulco era causado “por la calor” que afectaba a los habitantes del puerto. Y ahora que, de manera inexplicable y como parte del tsunami morenista del pasado 2 de junio, Abelina fue reelecta para estar tres años más al frente de la alcaldía porteña, la maestra de profesión volvió a sorprender con un ataque de sinceridad, que es al mismo tiempo un reconocimiento de su incapacidad e ineficacia:
“Perdónenme, la Fiscalía es la de investigación, los municipios no tenemos la facultad de investigación, porque entonces que me permitan ser fiscal. Nosotros el bando municipal te dice tienes facultades a ver Abelina tienes facultades para las infracciones si tiran basura, si alguien está haciendo sus necesidades en la calle, entonces me rebasa entonces en facultades”, dijo la controvertida alcaldesa morenista.
Lo peor de todo, más allá de la ineptitud y la pretendida ignorancia de la alcaldesa de Acapulco, es que la inseguridad y la violencia ya había rebasado desde hace tres años a la señora Abelina y a todas las autoridades, federales y estatales, que han sido omisas, ineficaces y tolerantes con la violencia criminal que domina a Acapulco desde hace al menos tres sexenios.
Y ahí es donde viene nuestra pregunta que da título a esta columna: ¿Qué hacemos con Acapulco?, una pregunta que lamentablemente no ha tenido respuesta en lo que va de este gobierno pero que, para tragedia de los mexicanos, se replica y se repite a lo largo y ancho de la República. ¿Qué hacemos con Chiapas y su zona serrana y sureña? ¿Qué hacemos con Matamoros, Reynosa y San Fernando en la Frontera Norte? ¿Qué hacemos con Monterrey y su zona metropolitana? ¿Qué hacemos con Jalisco y la zona Metropolitana de Guadalajara? ¿Qué hacemos con Tijuana, Ensenada y la frontera más transitada? ¿Qué hacemos con Michoacán y su tierra Caliente? ¿Qué hacemos con el resto del estado de Guerrero? ¿Con Colima, con Sinaloa, con Tamaulipas, con Durango, con Zacatecas, con San Luis Potosí?... y así el lector puede agregar cualquier ciudad, municipio o estado que desee en la tragedia de inseguridad y violencia que nos dejará el Presidente saliente.
NOTAS INDISCRETAS…
Este viernes el Tribunal Electoral de la CDMX dará su sentencia sobre la petición del “recuento de votos” que interpusieron Morena y la candidata Caty Monreal en la pasada elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Lo más probable, nos dicen fuentes de ese tribunal, es que lo echen para atrás y los magistrados locales nieguen el recuento. Pero aunque ahí se agotan las instancias locales, la defensa de la candidata morenista interpuso otras dos denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que reitera su petición de nulidad o de recuento de votos ante las evidencias de irregularidades graves en el proceso electoral del pasado 2 de junio. Pero a reserva de cómo resuelvan los magistrados esas otras impugnaciones morenistas, por lo pronto vuelven a surgir graves contradicciones en el presunto atentado que sufrió la candidata del PRI-PAN-PRD durante las campañas. Tanto pública como ministerialmente, Alessandra Rojo de la Vega declaró que después del presunto atentado que sufrió el pasado 14 de mayo, ella se fue a su casa asustada; pero videos de las cámaras de seguridad del Sanborns de Peralvillo, ubicado en el número 2 de la Calzada de los Misterios, se aprecia el momento en el que Rojo de la Vega llega al estacionamiento en un auto, luego se le ve entrar a la tienda, y una vez adentro se observa cómo hace varias llamadas, camina de un lado para otro, y de lo más tranquila, mientras coordina algo a través de su teléfono. Y en la otra contradicción importante, asentada en sus declaraciones oficiales ante el MP, es que ella no se dio cuenta de que su camioneta tenía orificios de bala, hasta que llegó, lo que claramente choca con su declaración en la conferencia de prensa que ofreció al día siguiente en la que dijo que ella estaba dentro de la camioneta y que cuando sintieron los disparos su chofer reaccionó y aceleró para ponerla a salvo. Entonces, aun cuando termine la disputa electoral por la Cuauhtémoc en las últimas instancias del Tribunal federal y, aunque se ratificara el triunfo de Rojo de la Vega, lo que no terminará será la telenovela del presunto atentado que sufrió la candidata aliancista, en el que, si se comprueba que mintió en sus declaraciones y que todo se trató de un montaje de atentado para ganar simpatías y popularidad en las encuestas, la virtual alcaldesa electa podría ser acusada de delitos como falsedad en declaraciones y contra la administración de la justicia. Dicen por ahí que los de Zacatecas, como los de Jalisco, cuando no pierden, arrebatan… Los dados mandaron Escalera. Subimos.
