Si el fallo unánime de la Suprema Corte que liberó a dos mujeres acusadas injustamente por un fiscal y que acusó a éste de haber inventado delitos y haberlas perseguido, enjuiciado y encarcelado en razón de su género y de haber abusado de su poder, se hubiera producido en cualquier otro país democrático, el fiscal en cuestión ya hubiera renunciado. Porque si 11 ministros dicen al unísono que el responsable de procurar justicia y proteger a los ciudadanos usó su cargo para una venganza personal y manipuló el sistema de justicia para meter a la cárcel a dos ciudadanas inocentes, ese fiscal ya no tiene autoridad moral para seguir al frente de la Fiscalía General de la República.
Pero en este México donde no hay culpables de 26 muertos por tragedias en instalaciones públicas, ni de masacres o desapariciones masivas, ni de las muertes de niños sea por el incendio en una guardería o por falta de medicamentos; en donde cientos de miles de homicidios dolosos siguen impunes igual que los magnicidios políticos y los peores actos de corrupción no se castigan, lo más probable es que la votación de ayer en la Corte alcance solo para liberar a las dos mujeres perseguidas y encarceladas por casi dos años, pero no para que el responsable del abuso de poder y de un montaje judicial, pague el costo de su ilegal proceder.
Alejandro Gertz Manero seguirá como si nada, despachando en la oficina del fiscal y ocupando el cargo que él mismo ha degradado, porque si bien la Suprema Corte ayer acotó su enorme poder, al señalarlo y exhibirlo en su actuación abusiva e ilegal como un violador de derechos humanos, no le corresponde a los ministros decidir si el señor sigue siendo apto para ocupar la titularidad de la FGR. Esa facultad recae directamente en los otros dos poderes: el del Ejecutivo federal, que propuso a este fiscal y puede solicitarle al Senado que lo destituya por violaciones graves a la ley, y el de la mayoría del Senado de la República que puede someter a votación si el señor Gertz Manero, tras las acusaciones y señalamientos de los ministros, sigue siendo idóneo para encargarse de la procuración de justicia en el país.
Mientras eso no suceda y el presidente López Obrador siga repitiendo, con más razones políticas que argumentos, que él “confía plenamente” en el fiscal “porque lo considero un hombre honorable”, y mientras Ricardo Monreal le siga operando y protegiendo al fiscal para que todos los grupos parlamentarios lo respalden por las mismas razones políticas, Gertz Manero seguirá diciendo que todo “es una extorsión mediática” en su contra y que son sus enemigos políticos —los mismos que hace no mucho eran sus amigos y promotores— los que promueven una campaña en su contra para que no haga su trabajo.
Y así, mientras el Poder Judicial lo desnuda y exhibe como un violador de garantías y derechos de dos ciudadanas, el presidente lo sostiene y el Senado lo protege, Alejandro Gertz Manero se va a aferrar a un cargo para el que ha quedado descalificado y que le ha quedado muy grande porque ya no fue, por mucho, el primer fiscal autónomo y ciudadano que reclamaba la nueva Fiscalía General de la República.
Hoy, cuando hay un clamor social y ciudadano que reprocha el actuar abusivo, personal y vengativo del cargo, cuando los 11 ministros de la Corte confirman con su fallo buena parte de los dichos y acusaciones que le formuló el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer en su dura carta pública, y sobre todo cuando la actuación de la Fiscalía General de la República sigue siendo tan lenta, ineficiente y selectiva como en los tiempos de la extinta PGR, solo queda hacerle una pregunta a don Alejandro Gertz Manero: ¿Qué espera, señor fiscal?
NOTAS INDISCRETAS… Justo el mismo día, unas horas después de que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dejara tirado su cargo para irse a “promover la consulta de revocación de mandato” en Coahuila, en Michoacán asesinaron a 20 personas en un palenque de Zinapécuaro; luego el fin de semana la violencia en Colima cobró la vida de dos menores de edad que estaban en un depósito de cerveza cuando pasaron sicarios a bordo de motocicletas y los rafaguearon, mientras que en Guanajuato se confirmaba la identidad de los nueve cuerpos calcinados en una camioneta como parte de una banda musical popular en Celaya. En todo ese contexto de violencia, el presidente López Obrador solo atinó a repetir la misma respuesta que antes que él dieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a las masacres en sus sexenios: “Fue una venganza entre grupos criminales”. Y mientras el presidente tabasqueño cada vez se parece e iguala más a sus antecesores que tanto detesta, en lo fallido de su gobierno en seguridad, la pregunta que nadie responde es ¿a quién se le ocurrió que en estos momentos la prioridad del segundo de a bordo de la Secretaría de Seguridad Federal debía ser irse a promover una consulta que ni siquiera le está interesando a la mayoría de los mexicanos? Quien haya ideado eso y quien lo haya autorizado están completamente errados en sus prioridades y desprecian la vida y la seguridad de los mexicanos…. Los dados repiten Escalera. Buena racha
