Bastó un comentario del Presidente en su conferencia mañanera de ayer, para que la bancada de Morena en el Senado, que lidera Ricardo Monreal, y la dirigencia nacional del partido oficial, que encabeza Mario Delgado, se activaran con todo para buscar un periodo extraordinario de sesiones en el que se busque aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, que reglamentaría la reforma al artículo 35 Constitucional, apartado 8 Fracción IX, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2019.
La mayoría morenista en el Senado ya se alista para proponer el extraordinario y buscar que se apruebe una iniciativa de ley reglamentaria a partir de las tres propuestas que han sido presentadas en esa cámara: una del senador Monreal, otra del panista Damián Zepeda, y una tercera de la priista Claudia Ruiz Massieu. En esencia, con algunas diferencias de forma y de redacción, las tres iniciativas existentes sobre la consulta para Revocación de Mandato establecen que ésta solo podrá ser solicitada por ciudadanas y ciudadanos que firmen una petición con sus datos electorales, en una cantidad equivalente al 3% de la lista nominal de electores, es decir al menos 3.1 millones de firmas de ciudadanos; que la consulta será organizada por el INE, que instalará mesas receptoras donde los votantes podrán cruzar en una papeleta por el “SÍ” o el “No” a la pregunta: “¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza”? Esa redacción aparece tanto en la propuesta de Monreal como en la de Ruiz Massieu.
Según las tres iniciativas, el INE deberá imprimir las papeletas, instalar las casillas, hacer la promoción respectiva y contabilizar los votos que emitan los ciudadanos clasificándolos en tres categorías: por el “Sí”, por el “No”, por “Abstención” o “Votos nulos”. Para que el resultado de la Consulta de Revocación de Mandato sea vinculante tendrá que participar al menos el 40% del listado nominal de electores, es decir, al menos 37.2 millones de electores. Si en la consulta para revocación de la Presidencia ganara el “Sí”, dicen las propuestas de ley reglamentaria que se abriría un proceso de impugnación en la que se pueden impugnar los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será el que informe finalmente si la revocación es válida y al notificar al titular del Poder Ejecutivo, éste tendría que abandonar el cargo, con lo que se activaría la sustitución presidencial contemplada en el artículo 84 constitucional.
Lo que diferencia las tres iniciativas de ley que podrían discutirse en un periodo extraordinario, es que la del morenista Ricardo Monreal establece que la Consulta de Revocación de Mandato sí puede aplicarse al presidente electo para el periodo 2018-2024, es decir para Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la reforma Constitucional al artículo 35 se aprobó en 2019 y su aplicación no podría ser retroactiva. Pero para librar ese impedimento constitucional, Monreal invoca los plazos previstos en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto en el que se declaran reformadas y adicionadas las disposiciones de la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.
Este último criterio, el de la no retroactividad de la ley, esta siendo invocado por diversos analistas y expertos constitucionalistas para decir que la Revocación de Mandato, en sentido estricto, no podría aplicarse a López Obrador porque la reforma constitucional fue aprobada a finales de 2019 cuando él ya había sido electo para gobernar hasta el 2024. Pero está claro que, con el transitorio que invoca Monreal en el decreto de reformas al artículo 35 se pretende brincar ese impedimento, por la sencilla razón de que la “revocación” es un tema que le interesa al Presidente y en el que tiene una clara apuesta política.
La idea de promover una revocación de mandato la planteó Andrés Manuel desde su primera campaña presidencial en 2006, bajo el argumento de que era una forma de la izquierda de diferenciarse de la derecha: “Si los derechistas promueven la reelección, los de izquierda debemos promover la revocación de mandato”, decía el entonces candidato del PRD a la Presidencia de la República. Doce años después, ya como presidente, López Obrador fue quien promovió la iniciativa de reforma al 35 Constitucional y ya desde entonces veía en el 2022 una fecha clave para su estrategia política y la continuidad de su movimiento.
El verdadero interés que tiene el Presidente en someter el tiempo de su mandato a la pregunta de la ciudadanía es que apuesta a tener una clara “ratificación de mandato” con el triunfo del “NO”, para lo cual López Obrador y Morena movilizarían a todas sus bases y simpatizantes con la idea de que, si la mayoría de los votantes pide que continúe en el cargo, no sólo logra una doble legitimidad como presidente “querido y popular” con la gente, sino que además se fortalece su imagen y su poder como presidente justo en la recta final de su mandato: los dos últimos años del sexenio.
Es decir que, como buen animal político, Andrés Manuel sabe que el ocaso de todo presidente comienza en el 2023, en el inicio del último tercio del sexenio. Pero si él logra ganar la Consulta de Revocación y derrotar a sus adversarios, no sólo partidos de oposición, sino empresarios y otros grupos de interés que promoverían el “SÍ” para revocarle el mandato, tendría una doble victoria: la derrota “moral” y electoral anticipada de los “conservadores y neoliberales”, como el agrupa a sus adversarios, y su fortalecimiento político con una “ratificación” que lo haría llegar fuerte y con el apoyo mayoritario de la gente a la recta final de su mandato y, sobre todo, a la sucesión presidencial del 2024.
Ese es el verdadero cálculo político detrás del discurso de “participación ciudadana y democracia participativa” que tanto promueve el Presidente y su partido. La reciente Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes fue un primer ensayo de lo que realmente le interesa a López Obrador, que es arrasar a sus opositores y adversarios en una votación sobre Revocación de Mandato, y para ello pondrán toda la carne al asador, primero para lograr que se realice la consulta en agosto de 2022 y segundo, para ganarla abrumadoramente, aprendiendo incluso de los errores y fracasos cometidos en la primer Consulta en la que solo votaron 6.3 millones de electores.
Es, para decirlo claramente, la sucesión anticipada en el 2022 en la que, además de apostar a ganar otras seis gubernaturas que estarán en disputa ese año, con lo que su partido Morena aspira a controlar en total 24 gobiernos estatales en el país, el Presidente y su partido apuesta a derrotar desde dos años antes a sus adversarios y opositores para llegar al 2024 con una oposición debilitada y derrotada moral y electoralmente, de tal modo que López Obrador sea el indiscutible y legítimo Presidente y líder social ratificado por la ciudadanía y él y solo él defina quién será la que lo suceda o el que lo suceda en la Presidencia de la República, para garantizar la continuidad de su movimiento.
NOTAS INDISCRETAS…
En cuanto se resolvió la crisis del Tribunal Electoral, con el nombramiento por mayoría de votos de los 7 magistrados, de Felipe Fuentes Barrera como presidente interino en funciones hasta el 1 de septiembre, el máximo órgano de justicia electoral retomó el trabajo urgente que se paralizó con estos cinco días que estuvieron en crisis: la calificación de las elecciones del pasado 6 de junio y los recursos de impugnación que presentaron los partidos tanto en estados como Nuevo León, Michoacán, Chihuahua y San Luis Potosí, además de las elecciones de diputados federales que también fueron cuestionadas. De madrugada se consumó el nombramiento de Fuentes y se retomaron las labores de los magistrados, luego de los acuerdos que los 7 integrantes de la sala superior lograron en el pleno. El acuerdo y el entendimiento en el Tribunal fue celebrado por muchos, entre ellos el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que además fungió como mediador entre los dos bloques que se confrontaron en el Tribunal, aunque a otros, como el presidente López Obrador, no les dio gusto que se hayan logrado acuerdos entre los magistrados electorales, pues según dijo ayer el mandatario, “el Tribunal no está bien y sus magistrados no han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron y tengo pruebas”. Caray, parece que el Presidente prefiere los pleitos y la confrontación y no le alegran ni el diálogo ni los acuerdos. Y también está claro que a los magistrados del TEPJF López Obrador no les perdona los fallos en contra de Morena y de sus amigos como Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a los que les cancelaron sus candidaturas. Es decir, que si las instituciones no fallan siempre a su favor y nunca en su contra, para el Presidente “actúan mal, no sirven y están podridas y echadas a perder”…El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, nos mandó una breve comunicación para decirnos que sí ha estado asistiendo a varios restaurantes, que sí ha saludado a personas que lo reconocen y se acercan a felicitarlo y a saludarlo, pero que nunca dijo, sostiene el general, que él había sido liberado “por la presión de sus amigos militares”. “Sí he saludado personas, pero nunca he hecho ningún comentario y menos en el sentido de que regresé por la presión de los militares. Estoy aquí porque soy inocente y así fue demostrado por la autoridad de nuestro país”, nos dice el general Cienfuegos…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
