Cuando se habla de riesgos de intromisión del narcotráfico en los próximos comicios federales y locales, la elección en San Luis Potosí es sin duda la que más preocupa. En las áreas de inteligencia y seguridad del gobierno federal tienen no sólo análisis e información detallada sobre los presuntos vínculos de un candidato a gobernador en esa entidad, sino incluso denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, en donde se pide investigar los turbios manejos financieros y las conexiones de grupos de la delincuencia organizada con José Ricardo Gallardo Cardona y su familia.
El tema del abanderado del PVEM a la gubernatura de San Luis ha sido incluso motivo de análisis y discusión al interior del gabinete de seguridad, en las reuniones que encabeza todos los días en Palacio Nacional el presidente López Obrador. Areas como la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, han presentado expedientes e investigaciones sobre Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez.
Un miembro del gabinete que participó en una de esas reuniones comentó que, en una ocasión, cuando se presentó ante el presidente el contenido de la investigación de la UIF sobre los Gallardo, a la que internamente denominaron “Caso Pollos”, entre los colaboradores de seguridad de López Obrador hubo un comentario sarcástico después de conocer la información que después fue denunciada ante la FGR: “Este no es un pollo, es un buitre”, dijeron los encargados de la seguridad federal.
Gallardo Cardona es uno de los candidatos que no pasó los filtros y revisiones de la UIF, área a la que el presidente López Obrador le encargó personalmente a Santiago Nieto investigar a todos aquellos candidatos que pudieran ser postulados por Morena en las elecciones del 6 de junio. Ningún personaje que no pase el escáner de Nieto y es tal la confianza que el presidente le otorga al titular de la UIF, que incluso a cualquier persona que solicite ver al presidente en una audiencia, sea político, empresario o de cualquier otra profesión, también lo revisan antes de concederle audiencia el área de inteligencia financiera, y a quien no pasa esa revisión no se le permite ver a López Obrador.
Las sospechas e investigaciones que recaen sobre José Ricardo Gallardo Cardona no se basan solo en las dos denuncias que ya tienen en sus manos la FGR y la Fiscalía Anticorrupción, basadas en los movimientos e irregularidades financieras, sino también en un grupo de “colaboradores cercanos” que rodean al candidato a gobernador. Gallardo trae un entorno de personajes originarios de Tamaulipas no sólo polémicos, sino que han sido señalados de presuntos vínculos con cárteles de la droga que operan en territorio tamaulipeco y que colaboran con el ahora candidato a gobernador desde hace por lo menos un año.
Uno de ellos es César García Coronado, quien fue delegado de la SCT en San Luis Potosí en el sexenio peñista, cargo en el cual la prensa potosina lo bautizó como “El Rey del Moche”. Originario de Ciudad Victoria, García Coronado fue señalado por temas de corrupción y enriquecimiento mientras fue funcionario federal al grado de que le documentaron una residencia nueva con alberca al finalizar el sexenio pasado. Trabajó con el exgobernador Eugenio Hernández, de Tamaulipas, actualmente preso, como coordinador de Giras y hoy se encarga de la operación electoral y la campaña publicitaria del candidato Gallardo Cardona.
Roberto “Boby” Hernández es otro de los tamaulipecos que trabajan con el candidato verde. Fue dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y se desempeñó como delegado del IMSS en ese estado durante el sexenio de Peña Nieto. En su gestión hubo escándalos como que las ambulancias se utilizaban para transportar armas. Al inicio del gobierno de López Obrador, Roberto Hernández le envió mensajes a miembros de esta administración en los que ofrecía “hasta 2 millones de dólares” para que lo mantuvieran en la delegación del IMSS en Tamaulipas. Hoy “Boby” opera la mitad del tiempo en San Luis Potosí y la otra mitad también maneja asuntos electorales en tierras tamaulipecas.
Luis Enrique Rodríguez Sánchez, conocido como “Pipo”, maneja hoy asuntos de operación electoral para la campaña de Gallardo Cardona, pero antes fue operador también de elecciones para Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, hoy preso en Estados Unidos por crimen organizado y lavado de dinero del narcotráfico en su estado. El otro político tamaulipeco que trabaja operando medios y redes en la campaña del PVEM en San Luis es Eduardo Muñoz Cano, hijo del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, y quien se desempeñó como secretario particular y secretario de Desarrollo Social del gobernador Eugenio Hernández.
Hoy no hay duda de que en la elección de San Luis están prendidas las alarmas y que esa entidad puede convertirse en un “narcoestado” si el personaje investigado, al que hoy las encuestas ubican en primer lugar de preferencias, gana la elección. Pero aún con ese riesgo y con la información y denuncias que tienen, hay divisiones en la 4T sobre Gallardo. De un lado Santiago Nieto y Rosa Icela empujan denuncias penales en su contra y que también que el INE revise su candidatura, mientras que de otro lado Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, apoya e impulsa al candidato del PVEM con el que hizo un pacto cuando Gallardo Cardona convenció a un grupo de 9 diputados del PRD, encabezado por él mismo, junto a Héctor Serrano y Mauricio Toledo —hoy también candidatos del Verde en San Luis— para que se pasaran a Morena. Ese pacto, en febrero de 2019, se hizo a cambio de que Gallardo Cardona fuera candidato de Morena y se firmó en la Segob de Olga Sánchez Cordero, pero después cuando entró la UIF y revisó las cuentas de Gallardo, su candidatura fue vetada desde Palacio y provocó incluso que casi se rompiera la alianza entre Morena y el PVEM.
Así es que veremos, con toda lo que ya saben en el gobierno federal y que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República, qué pesa más en San Luis Potosí y los focos rojos encendidos de la narcopolítica: si el pragmatismo de conservar una alianza de conveniencia, como la que tienen Morena y López Obrador con el PVEM, que puede ser muy necesaria en la próxima legislatura si, como todo indica, al presidente y a su partido no les alcanzan los votos para mantener su mayoría, o si la 4T, que dice ser diferente a los gobiernos del pasado, aplica la ley y evita que la enorme riqueza potosina termine en manos de un gobierno vinculado al crimen organizado.
NOTAS INDISCRETAS…
A propósito de la Reforma Judicial y el controvertido transitorio que ha sido bautizado como el “regalazo” de la 4T al ministro Arturo Zaldívar, el autor de ese artículo, el senador verde Raúl Bolaños, se defiende diciendo que él no sorprendió a nadie con su artículo, que lo presentó con más de un día de anticipación a la aprobación y que lo redactó convencido de que “para aterrizar y ejecutar la reforma al Poder Judicial se tenía que hacer con los actuales miembros del Consejo de la Judicatura”. Bolaños, quien no es ningún improvisado en temas de derecho constitucional, sostiene que la oposición y sus principales senadores, sobre todo los que conocen de materia constitucional, supieron con anticipación del contenido del artículo y lo votaron en conciencia, por lo que sostiene que llamarse a “engañados o sorprendidos” es una “maniobra política y cobarde”, sobre todo de varios priistas y panistas que votaron a favor. “¿El artículo, tal como está, se lo pidieron o usted lo ideó?”, le preguntamos a Bolaños, ante lo que responde muy seguro: “Todos supieron del artículo, por supuesto el senador Monreal que lo operó y consiguió los votos necesarios, pero la redacción y la propuesta fueron mías y de mi grupo”, sostiene el senador oaxaqueño, a quien se conoce por su cercanía con el coordinador del PVEM, Manuel Velasco. En fin, que entre supuestos “ingenuos” y “senadores creativos”, hoy el tema del alargamiento de dos años a la presidencia de Zaldívar, junto con otras polémicas iniciativas como los cambios a la Ley de Telecomunicaciones que fue publicada y promulgada con extraña rapidez por el presidente López Obrador este fin de semana, están por desatar una “guerra constitucional y jurídica”, a la que aludió el fin de semana en un tuit el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, que invocó una frase de Winston Churchill a Neville Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial: “Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra”. Ni hablar preparémonos para la artillería de controversias y amparos… Batimos los dados y cayó Escalera Doble. La semana promete.
