Durante por lo menos las últimas dos décadas, los gobiernos de México han tenido una queja constante y permanente en la difícil y dispareja relación con los Estados Unidos: el tráfico ilegal de armas, provenientes del vecino país y que ingresan al territorio mexicano por la frontera común; es una actividad que ha influido para aumentar exponencialmente los niveles de violencia y homicidios por el aumento de armas de alto poder, todas de origen ilegal y fabricadas por compañías estadounidenses, en manos de los cárteles de la droga.
La queja reiterada de México, que se planteó lo mismo en reuniones bilaterales , que en mecanismos y mesas de cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, en encuentros de alto nivel con funcionarios y hasta en visitas oficiales de los presidentes de los dos países, nunca tuvo una respuesta efectiva y real del gobierno de Washington que, en distintas administraciones y por los enormes intereses y el poder de la industria armamentista de los Estados Unidos, nunca se comprometió a tomar acciones concretas para frenar el envío y el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga mexicanos.
Por eso cobra importancia la denuncia que el gobierno federal interpuso ayer ante las Cortes de Justicia de los Estados Unidos, en contra de grandes compañías fabricantes de armamento, a las que se acusa de incurrir en prácticas que fomentan la venta y el tráfico ilegal de armas a criminales mexicanos, además de pedir una “compensación económica” por el enorme daño que la presencia de esas miles de armas de origen estadounidense, han provocado a la sociedad mexicana por el aumento de los niveles de violencia en los últimos 20 años y tasas de homicidio, que ya rebasan los 320 mil mexicanos asesinados entre los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
Lo interesante de la demanda civil de daños que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, es que por primera vez —en un tema prioritario para México e ignorado por Estados Unidos en la relación bilateral— el gobierno mexicano decidió pasar de las quejas a la acción y, en la denuncia presentada en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, lugar donde están asentadas las empresas demandadas, acusa a poderosas compañías armamentistas estadounidenses de incurrir en “prácticas negligentes” que han provocado un “daño directo e indirecto” al Gobierno de México.
Las empresas de armas a las que demanda directamente la SRE son Smith & Wesson Brands; Barret Firearms Manufacturing Inc; Beretta USA Corp.; Beretta Holding SPA; Century Internacional Arms Inc; Colts Manufacturing Company Lic; Glock Inc.; Glock Ges.MBH; Sturm Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Groupo, Inc D/B/A Interstate Arms. Todas ellas, dice el texto de la demanda, “tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean utilizadas para actividades ilícitas en México”, además de que el gobierno mexicano acusa a esas compañías de que “facilitan y apoyan el tráfico de armas a México” porque “todas ellas tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas” a nuestro país.
La demanda, que fue elaborada por los abogados de la cancillería mexicana, en un proceso que, según dijo Marcelo Ebrard ayer en la conferencia mañanera, tardó dos años en redactarse, se fundamenta en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el Caso “The Shappire, 78 U.S. (11 WALL.) 164,167 (1871), que habilita a que un gobierno extranjero pueda demandar en cortes estadounidenses si tiene una demanda civil contra cualquier persona en los Estados Unidos. Con base en eso, se pide que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes en un monto (económico) que sea determinado en el juicio, además de que solicita que las compañías armamentistas demandadas "desarrollen e implementen estándares, lo suficientemente razonables, para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores para que desarrollen mecanismos de seguridad en sus armas y herramientas que prevengan que éstas sean utilizadas por personas no autorizadas”.
Veremos cómo le va a la demanda del Gobierno de México en las Cortes estadounidenses y qué tanto impacta políticamente esta acción histórica de las autoridades mexicanas que toca a la poderosa industria armamentista de los Estados Unidos, que tiene vínculos políticos y financia tanto campañas y políticos demócratas como republicanos. Ayer ya había reacciones políticas contra la demanda mexicana, sobre todo en el lado republicano, mientras las compañías demandadas respondieron a través de declaraciones de la Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de EU (NSSF) que contraatacaron acusando al gobierno mexicano de buscar un “chivo expiatorio” para eludir su responsabilidad en la actividad criminal y la corrupción imperante en el país.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras", respondió ayer Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, una asociación que agrupa a miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego en los Estados Unidos.
No hay duda que esta denuncia de México, llevada a la Corte del Distrito de Massachusetts, tendrá repercusiones en la relación bilateral y se ve difícil que la justicia estadounidense le dé la razón a nuestro país en una demanda que tiene décadas siendo ignorada por distintas administraciones de Washington; pero tampoco hay duda que la decisión de demandar representa un giro interesante e histórico en la posición de México en materia de cooperación para la seguridad bilateral y el combate al narcotráfico, donde nuestro país y sus gobernantes se han resignado a la dolorosa realidad en la que nosotros ponemos los muertos y ellos, los estadounidenses, el consumo sin control y se quedan con la mayor parte de las multimillonarias ganancias que genera el tráfico de drogas.
NOTAS INDISCRETAS…
La destitución de José Luis Vargas, aprobada en su ausencia y por mayoría unánime de cinco magistrados que decidieron ayer deponerlo por considerar que su actuación como presidente de Tribunal Electoral federal ha sido “censurable” y “carente de ética”, terminó por exponer la profunda fractura y las diferencias que se ahondaron durante la gestión de Vargas. El bloque conformado por Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante, que siempre estuvo en contra del ahora depuesto presidente, terminó por sumar el voto de Felipe Fuentes Barrera, quien después de haber sido aliado de Vargas, terminó siendo traicionado por éste, que lo mandó investigar y lo acusó de usar recursos del tribunal en sus autos particulares. Al final, con la suma de Fuentes al bloque mayoritario, el magistrado Vargas se quedó solo con el apoyo de la magistrada Mónica Soto que fue la única que ayer no avaló la sesión en la que se votó unánimemente su destitución. A Vargas no sólo le faltó mano izquierda y operación política para tratar de transitar con sus compañeros magistrados, sino que las investigaciones de la UIF y de la Fiscalía Anticorrupción en su contra, que aunque fueron desechadas por la FGR y luego reiteradas por Santiago Nieto, terminaron por afectarlo también en su autoridad interna, además de su imagen externa. Lejos de negociar u operar con sus pares, José Luis Vargas se confrontó y desoyó las quejas y peticiones que le hicieron varios magistrados. El rompimiento comenzó la semana pasada cuando, en una sesión de la Sala Superior, el magistrado presidente acusó que el “no votaba en manada”, aludiendo al bloque de sus compañeros, lo que le valió reclamos airados de Janine Otálora y los demás magistrados. Y aunque al final terminó disculpándose por su expresión, la realidad es que el acuerdo para destituirlo ya estaba armado sólo por los cinco magistrados en la sesión de ayer para que Felipe de la Mata lanzara la propuesta de deposición y revisión de su gestión por parte del pleno. La reacción de Vargas de suspender intempestivamente la reunión para que no se procesara ni votara la propuesta del magistrado De la Mata, resultó contraproducente, pues en un virtual “golpe técnico”, con base en la legislación electoral, la mayoría de ministros, incluida Mónica Soto, firmaron una orden para una nueva sesión en la que se discutiera el tema y esa carta ya apareció firmada por la magistrada Otálora en calidad de “presidente por ministerio de ley” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Anoche el magistrado Vargas desconoció su destitución y acusó a sus compañeros de “usurpación de funciones”. Veremos en qué termina el rompimiento abierto y golpe técnico en el Tribunal que aún debe calificar varias de las elecciones estatales del pasado 6 de junio que fueron impugnadas con demandas de nulidad por los partidos…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
