Cuando todavía no se apagan todos los fuegos de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán y su presunto conflicto de interés, un nuevo escándalo de corrupción se cierne sobre la Presidencia de la República. La audiencia judicial que hoy tendrá lugar para definir la situación jurídica de los abogados César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Riva Palacio, Daniel Carrancá de la Mora y Alejandro Robledo Carretero, todos integrantes del despacho Consultores Legales, podría ser el detonante de una investigación mayor que involucre, como ya lo hizo el denunciante Juan Collado, a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico y hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador.
El juez de Control, José Rivas González, definirá, con base en lo que declaren los cuatro abogados vinculados a Scherer Ibarra, si los litigantes incurrieron en presuntas extorsiones, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa, de los que los acusa la Fiscalía General de la República, como parte de una operación para ofrecer “protección y libertad” al abogado Juan Collado, quien acusa directamente a González, Araujo, Carrancá y Robledo, de pedirle dinero a cambio de su liberación y de haberle incluso solicitado —presuntamente a nombre de Scherer— que entregara la Caja Libertad, el negocio financiero de su familia, al Banco Afirme, a cambio de que lo sacaran de la cárcel.
La gran incógnita es si los cuatro abogados acusados se presentarán hoy a la audiencia, pues de acuerdo con versiones de inteligencia federal, citadas por el diario La Jornada el pasado 6 de febrero, César Omar González, quien es además sobrino de un ministro de la Suprema Corte, habría salido del país desde esa fecha. Y si se presentan los imputados, también habría que ver qué es lo que declaran en su defensa y si alguno de ellos involucra o no al exconsejero jurídico en las presuntas actividades ilícitas.
También es una incógnita cómo procederá la FGR y si solicitará la prisión preventiva oficiosa para los abogados litigantes, de tal manera que los cuatro sigan su proceso en prisión y si el nombre de Scherer Ibarra aparece o no mencionado por los acusados. No sería la primera vez que en esta causa judicial se mencionara al que fuera el principal operador político y encargado personalmente por el presidente de la relación con el Poder Judicial. Ya en sus declaraciones ante la FGR, el abogado Juan Collado, acusó directamente al exconsejero de Palacio Nacional junto con los tres abogados, según una copia de la denuncia que cita ayer el diario Reforma.
De acuerdo con esa versión publicada, “Scherer ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente un grupo de abogados —quienes fueron socios del funcionario en un despacho— le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que aseguraron esos mismos abogados”.
Ayer mismo Scherer Ibarra respondió al contenido de esta nota en su cuenta de Twitter, donde el exconsejero presidencial, comentó: 1. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado, a solicitud expresa de ellos. 2. Turné el asunto a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia. 3. No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados. Todo lo demás son inferencias de mala fe”.
Más allá de las versiones de cada parte, hoy será el juez el que decida qué tan sólidas son las acusaciones de la FGR y si estos cuatro abogados fueron parte de una presunta red de extorsión, tráfico de influencias y lavado de dinero, en la que se habrían utilizado el poder de la Presidencia de la República y hasta al Poder Judicial federal para extorsionar y cobrar millonarias sumas a cambio de protección judicial y de “arreglar acusaciones” formuladas por la Fiscalía General de la República.
Hay una versión también ya publicada sobre que en esa carpeta judicial que hoy dará pie a la esperada audiencia, sí aparecía originalmente el nombre del exconsejero Jurídico de Presidencia pero que fue justo por una petición de un enviado de López Obrador, presuntamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se eliminó ese nombre de entre los acusados.
Y lo más delicado es que no sería el único caso penal de alto perfil en donde habrían ocurrido esas presuntas extorsiones. En los pasillos de la FGR nos aseguran que también en el caso de Emilio Lozoya se habría pagado una fuerte suma, de hasta 4 millones de euros, a cambio del trato privilegiado que recibió el exdirector de Pemex para no pisar la cárcel a su llegada a México desde España; y otro que habría pagado también 6 millones de dólares por poder salir de la cárcel, seguir su proceso en libertad desde San Antonio, Texas, y que le aceptaran un “acuerdo reparatorio” fue el empresario Alonso Ancira.
Un acuerdo similar, también pagado, fue el del gobernador panista de un estado del norte de la República, que habría logrado con una buena suma de dinero que se le diera la razón al Congreso local y a su fuero estatal por encima del desafuero federal ordenado por la Cámara de Diputados, con lo que compró tiempo y evitó su detención por parte de la FGR.
Por eso, dependiendo de lo que se diga hoy en esa audiencia judicial y de lo que solicite la FGR y decida el juez, estaríamos ante otra bomba política que podría detonar el mayor escándalo de corrupción del sexenio, si se comprueba que, desde la mismísima Presidencia de la República, en una de las oficinas más cercanas y de mayor confianza del presidente López Obrador, se operó esta red de corrupción que utilizaba los instrumentos del Estado, incluido el Poder Judicial, para beneficiar con acuerdos extrajudiciales, a presuntos delincuentes del más alto perfil. ¿Estallará la bomba o la desactivarán antes?
NOTAS INDISCRETAS… Esta misma semana una tienda de electrodomésticos muy popular pagará 2 mil millones de pesos al SAT, luego de que sus dueños se reunieran hace unos días con las más altas autoridades fiscales para negociar una salida al conflicto legal por el no pago de impuestos. A pesar de que esa empresa y sus dueños se habían negado a pagar y habían amagado públicamente con no hacerlo, finalmente decidieron aflojar los pagos, luego de que en el despacho de una alta funcionaria fiscal les dijeran muy claro y con todas sus letras: o pagan o es cárcel no sólo para los dueños sino también para algunos miembros de la familia. Es decir, que a esos empresarios les aplicaron la misma receta que en su momento le tocó a los Alemán que, buscando un “arreglo”, se encontraron con una respuesta dura y tajante: o pagan o es cárcel para toda la familia. Ni hablar, los métodos del fisco en este gobierno serán drásticos y duros, pero de qué funcionan, funcionan y si no, verán cuando caigan los primeros 2 mmdp en los próximos días… La nada democrática elección del Consejo Coordinador Empresarial, que ya estaba definida desde hace varias semanas, se dará este miércoles con un ganador, Francisco Cervantes, que ya estaba decidido aún antes de la votación de 7 dirigentes del CCE. Anoche trascendió que Paco Cervantes se reunió con su contrincante Bosco de la Vega, para negociar un acuerdo en el que Bosco —que nunca tuvo ninguna posibilidad por el veto de algunos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, como Alejandro Ramírez— declinara su candidatura antes del miércoles para dar paso a una “elección de unidad” con Cervantes como único candidato. Se entiende que el CCE es un organismo cupular y vertical, pero lo que no se entiende es que los empresarios, que tanto pregonan y exigen la democracia en el país, sigan eligiendo a sus dirigentes por métodos tan antidemocráticos en el que, de 12 cámaras y confederaciones, que agrupan a más de 2 mil organizaciones y que deben tener al menos 1.5 millones de empresarios representados, sólo 7 de ellos voten para elegir al dirigente nacional. Está claro que, en materia de democracia, los del CCE son candil de la calle y oscuridad de su casa… Los dados abren con Serpiente Doble. La semana se viene dura.
