Si a alguien le quedaba duda de que el presidente López Obrador y su 4T están dispuestos a todo para mantener y retener el poder, anoche la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se encargaron de confirmarlo: a tan sólo tres semanas de las votaciones nacionales y locales del 6 de junio, se abrieron dos carpetas de investigación contra los dos candidatos punteros en la elección para gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD. Las investigaciones judiciales se anuncian justo después de señalamientos públicos que hiciera el presidente López Obrador contra los candidatos de la oposición y cuando la candidata de Morena, Clara Luz Flores, no remonta del tercer lugar en las encuestas para el gobierno de Nuevo León.
Los dos anuncios fueron hechos anoche por la FGR y la Fepade en un comunicado que antes de emitirse fue anticipado con un tuit de la propia fiscalía anunciando que venía “información importante”. A Samuel García lo acusa la Unidad de Inteligencia Financiera de irregularidades financieras en su campaña por haber recibido “aportaciones de dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito” en su campaña, y el presunto delito involucra también a su padre Samuel “G”, a su esposa Mariana “R” y a su suegro Jorge “R”. Mientras que a Adrián de la Garza, lo investigarán por presunta compra y coacción del voto “por solicitar el voto femenino a través de una denominada ‘tarjeta rosa’ que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones de gobernador del Estado de Nuevo León.
Si bien en el caso de Samuel García aparece la UIF de Santiago Nieto y sus investigaciones como denunciante, en el caso del priista Adrián de la Garza nunca se menciona quién interpuso la denuncia y eso llama poderosamente la atención porque apenas la semana pasada, entre el jueves y el viernes el presidente López Obrador estuvo mencionando en la conferencia mañanera el caso de la llamada “tarjeta rosa” como un tema de “compra de voto”, por cierto un esquema que no es nuevo y que fue utilizado en su campaña, con el mismo nombre y el mismo mecanismo de las tarjetas en 2017 por el hoy gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo. Tres días después de las denuncias públicas del presidente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales decide iniciar una carpeta de investigación por un presunto delito electoral contra el priista. ¿Casualidad o será que en la Fiscalía siguen órdenes de Palacio Nacional?
En el caso de Samuel García las denuncias de la UIF no son nuevas y desde hace al menos tres meses, antes del arranque formal de las campañas, Santiago Nieto tenía identificadas las transferencias y depósitos recibidos por el candidato de MC al gobierno de Nuevo León. La pregunta que se impone es por qué si ya había elementos desde entonces no actuaron ni interpusieron la denuncia penal ante la FGR y por qué lo hacen justo cuando el abanderado emecista lidera la mayoría de las encuestas por la gubernatura y cuando la candidata morenista Clara Luz Flores se ha desfondado en la contienda por sus errores y mentiras sobre su acercamiento a la secta Nxivm y su líder Keith Raniere, hoy preso en Estados Unidos por el delito de esclavitud sexual. ¿Será que ante el enojo del presidente López Obrador por lo que sucede en Nuevo León con su candidata buscarán frenar y bajar a los contrincantes de la oposición para favorecer a Clara Luz utilizando la procuración de justicia tan burda y descaradamente?
Pero si ya ir en contra de los dos candidatos de oposición que encabezan la contienda por la gubernatura más importante de las 15 que se renuevan el próximo 6 de junio utilizando a la Fiscalía General de la República es un tema de escándalo y un evidente uso político de la institución supuestamente autónoma, también anoche la FGR confirmó que en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca hay un giro importante y que el también gobernador de oposición en Tamaulipas podría caer muy pronto ante la existencia de un informe del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, enviado al Gobierno de México, donde se señalan “posibles responsabilidades penales del mandatario Francisco Javier “G”; su hermano el senador Ismael “G”; su otro hermano José Manuel “G”; y su cuñado José Ramón “C”.
La información del Departamento de Justicia, según el comunicado que anoche emitió la FGR, incluye las actividades financieras y presuntos actos de lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas, de sus dos hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, el primero de ellos senador en funciones por el PAN, y del cuñado José Ramón Gómez Leal, quien se desempeña actualmente como Delegado Especial de Programas Federales en Tamaulipas en el gobierno de López Obrador. A todos ellos junto con “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales” se les vincula con “irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades mexicanas de procuración de justicia acaban de recibir, integraran a la carpeta correspondiente”.
Es decir, que con esa información recibida desde Estados Unidos, la Fiscalía no sólo refuerza sus acusaciones en contra de Cabeza de Vaca, sino que le quita al gobernador el discurso de que las acusaciones federales en su contra se basan sólo en un tema de “persecución política” por sus posiciones como gobernador de oposición en contra el gobierno federal. Al haber ya también información del gobierno estadounidense se consolida la posibilidad de que el gobernador tamaulipeco, que lleva dos semanas sin aparecer en público y hay versiones de que se encuentra escondido en Estados Unidos, entre las ciudades texanas de Mcallen y Laredo, mientras su voceros insisten que despacha en Ciudad Victoria, pueda ser detenido por la justicia federal una vez que se resuelva la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas y aceptada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir sobre la competencia final del desafuero del mandatario estatal que ya aprobó la Cámara de Diputados.
Así, en una sola noche, con dos comunicados, la FGR que dirige el fiscal Alejandro Gertz Manero anuncia que va contra dos candidatos de la oposición y un gobernador también opositor a tan sólo 25 días de que se lleven a cabo las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio. Está claro que dichas investigaciones no son casualidades sino causalidades y que buscan un efecto concreto e incidir en el ánimo de los electores en las votaciones inminentes. El uso de la justicia para fines políticos y electorales no es nuevo en México, lo han practicado penosamente muchos gobiernos de todos los signos políticos, el más reciente el de Peña Nieto cuando abrió expedientes contra el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en plenas campañas presidenciales de 2018 frenando así el crecimiento del panista en beneficio del ahora presidente López Obrador.
Pero ese mismo uso faccioso, electorero y vergonzoso de las instituciones de procuración de justicia se repite ahora en la 4T que una vez más confirma que no es tan “diferente” que son más bien “iguales” a todos sus antecesores. En esta columna le dijimos desde hace meses que con las campañas vendría la “temporada de caza” del gobierno federal en contra de sus opositores utilizando la escopeta de una FGR a la que ya no le queda nada de autónoma y que está terminando, igual que antes lo fue la PGR, como el “brazo judicial” del López Obrador en su objetivo de retener el poder a cualquier costo.
NOTAS INDISCRETAS…
Ayer llegaron a esta columna dos oficios que confirman que el gobierno de Miguel Angel Mancera sí realizó reparaciones y reforzamientos a las estructuras, trabes y columnas de la Línea 12 del Metro después del sismo del 19 de septiembre de 2017. El primer documento es el dictamen del Senado de la República en el que la Comisión de la Ciudad de México compuesta por senadores de todos los partidos en la legislatura pasada exhortaron a través de un Punto de Acuerdo a la Contraloría General de la CDMX, en el gobierno de Miguel Ángel Macera, a que investigara a fondo las “posibles omisiones en la construcción de la Línea 12, que derivaron en daños estructurales a distintas estaciones luego del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017”. El punto de acuerdo se aprobó el 5 de octubre de ese mismo año y la solicitud de información se le hizo al gobierno capitalino por esas mismas fechas. El segundo documento en poder de esta columna es la respuesta que la Secretaría de Gobierno de la CDMX, a cargo entonces de José Ramón Amieva, y firmado por el maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información de Información y Análisis Legislativo, en el que se da respuesta formal al Punto de Acuerdo del Senado y se informa de los daños causados a las estructuras del Metro en el tramo elevado de la Linea 12 en Tláhuac. Se menciona que se detectaron daños en trabes ubicadas en la interestación de Zapotitlán-Nopalera entre las curvas 11 y 12 donde se dañó el tope sísmico del cabezal, “aunque los expertos manifestaron que no hay daños en los elementos estructurales primarios” y podían circular los trenes, aunque aun así “el STC consideró importante llevar a cabo trabajos de reforzamiento” que consistió en colocar apoyos diagonales con diafragmas transversales para disminuir dicho claro. En otra parte del informe se mencionan los daños que el sismo dejó en el tramo Nopalera-Olivos, con afectaciones a la columna número 69, ubicada entre avenida Tláhuac y calle Gitana, en la que se realizó un trabajo de “mantenimiento mayor” consistente en la inyección de sustancias epóxicas para reforzar la resistencia del concreto y la colocación de 150 varillas de 1 y media pulgadas, cubiertas con concreto 500 kg/cm2 de resistencia “con lo que se incrementó su capacidad de carga. Una vez que el concreto tuvo un bajo contenido de humedad se cubrió con fibra de carbono”. Es importante mencionar que tanto la columna como las trabes afectadas que menciona el reporte de la Secretaría de Gobierno de la CDMX en el gobierno de Mancera no estaban ubicadas en la zona donde ocurrió el colapso del lunes 3 de mayo en el Metro de la Línea 12. La columna reparada por daños en el sismo, la numero 69 que se menciona fue reforzada, está ubicada a 1 kilómetro de distancia de la zona del derrumbe, y forma parte de otro tramo de Nopalera-Olivos. Con esos documentos, el gobierno de Mancera sostiene que no hubo ninguna intervención, ni daños en el sismo en las trabes que se colapsaron al menos durante su gestión… Anoche respondió en Twitter el gobernador Cabeza de Vaca a la información difundida por la FGR sobre las acusaciones por presuntos delitos financieros y de lavado de dinero del Departamento de Justicia de Estados Unidos: “En respuesta al comunicado de la FGR he solicitado a mi defensa, acuda a revisar la información aportada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidas, soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia”, dijo el mandatario tamaulipeco desde algún lugar desconocido en la red social del pajarito… Los dados mandan Serpiente Doble. Las campañas se pondrán intensas.
