Justo ayer, al iniciar la discusión de las acciones de inconstitucionalidad y controversias en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente López Obrador les mandó a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia un mensaje que sonó entre advertencia y amenaza: “Que también los ministros se definan de qué lado están. La ley no es inconstitucional, de eso no hay duda”. Momentos antes, el mandatario se había quejado del fallo de la Corte que invalidó el artículo de su Ley de Austeridad Republicana que prohibía a exfuncionarios públicos trabajar en el sector privado durante un lapso de 10 años. “¿Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana? No estoy de acuerdo con eso”.
No solo el Presidente presionaba sobre el tema de la ley eléctrica que comenzaron a analizar ayer los ministros y que votarán el próximo jueves, también desde la oposición y la opinión pública se ejercía presión al señalar —como ocurre a menudo cuando a la Corte llegan las leyes y reformas controversiales de la 4T— que con este fallo “se va a definir si la Suprema Corte es aún un poder autónomo o si está del lado del gobierno”. En ambos casos las presiones tienen que ver con la enorme polarización y la guerra política que rodea al tema eléctrico, en la que no sólo se involucra el gobierno de López Obrador y sus opositores políticos, sino también millonarios intereses que defiende el gobierno de Estados Unidos de sus inversionistas en el sector eléctrico mexicano.
Por eso el fallo que emitan los 11 ministros en torno a la Ley de la Industria Eléctrica está siendo seguido con lupa por todos los actores políticos, empresariales y extranjeros que están inmersos en la disputa por el modelo eléctrico y energético que prevalecerá en México. Y esas enormes presiones y la polarización se sintió ayer en el inicio de la discusión en el pleno de la Corte, en la que se presentó el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz.
Luego de que la mayoría de ministros votara a favor de que la ponente de este caso sí pudiera emitir su voto por su propio proyecto, porque no estaba impedida para hacerlo ni había el “conflicto de interés” que argumentaron senadores de la República que cuestionaban el voto de Loretta en contra de la reforma eléctrica de Peña Nieto cuando fue diputada de Morena, empezaron los pronunciamientos de los ministros, pero a las 2 de la tarde en punto la sesión del pleno fue interrumpida y el ministro presidente Arturo Zaldívar decretó un receso que durará hasta el próximo jueves al mediodía cuando se reanude la sesión y se someta a votación el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf.
Sobre la declaración del receso ayer había dos versiones. Una de ministros de la Corte que aseguraban que desde antes el presidente Arturo Zaldívar ya había anunciado que la sesión se levantaría a las 2 pm para continuarla el jueves, tal y como ocurrió, y otra que anoche circulaba en los pasillos de Palacio Nacional en donde se aseguraba que la suspensión de la reunión y su posposición para mañana tuvo que ver “con que la mayoría de los votos venía en contra del proyecto” de la ministra Ortiz, es decir, a favor de declarar la Ley de Industria Eléctrica como inconstitucional.
En la primera versión que ratifican a esta columna al menos dos ministros, se insiste en que dividir la sesión en dos partes ya había sido planeado y que tuvo que ver con un tema de agendas y logística de los ministros. En la sesión de ayer, apenas alcanzaron a fijar posición algunas ministras y ministros, pero faltó la mayoría de dar sus argumentos y posición sobre el proyecto de la ministra Ortiz, lo que ocurrirá el jueves.
Sobre la otra versión, fuentes de la Presidencia y de la propia Corte aseguran que no está claro todavía hacia dónde votarán la mayoría de ministros y si se alcanzan los ocho votos suficientes para rechazar el proyecto de constitucionalidad de la citada Ley de la ministra ponente, o si se logra rechazar la inconstitucionalidad con cuatro votos a favor del proyecto, con lo que la ley quedaría validada constitucionalmente. “Las presiones y los cabildeos existen y vienen de todos lados. Por supuesto del gobierno que quiere que su ley sea declarada constitucional, pero también de los otros actores que buscan que se declare la inconstitucionalidad de la legislación eléctrica”, nos dijo ayer una fuente de la Corte.
Veremos mañana hacia dónde se inclina el fallo de los ministros y el efecto que su decisión tendrá en la guerra por el sector eléctrico que en estos momentos se libra en el país. Una legitimación de la Ley de Industria Eléctrica, si la declaran constitucional, le abriría una puerta alternativa al presidente López Obrador para imponer su nuevo modelo eléctrico en el que la CFE se vuelva predominante y monopólica en el mercado eléctrico y reducir y cancelar los contratos privados de autogeneración y de energías limpias. Un fallo en contra, que declare inconstitucional la ley reglamentaria, sería un duro revés de la Corte para el Presidente y el aviso de otra derrota que puede venir dentro de una semana en la votación de la reforma constitucional del sector eléctrico.
Llegó la hora de la verdad en este debate polarizado, ideologizado y lleno de intereses de todo tipo en el que lo que está de por medio es el proyecto de desarrollo presente y futuro para el país. Y ahí sí, como dijo el Presidente, los ministros tendrán que definir de qué lado están: del de los intereses políticos ideológicos o económicos, o de lo que más convenga al desarrollo de la nación.
NOTAS INDISCRETAS….
Una fuente muy cercana de la embajada de los Estados Unidos en México, nos asegura que el ministro consejero de la representación diplomática de Washington ha llamado a varios diputados del PVEM para comunicarles, de manera comedida pero oficial, que si quieren conservar su visa estadounidense piensen muy bien su voto la próxima semana cuando se vote la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador en San Lázaro. Es decir, que a los diputados verdes que voten en favor de la reforma lopezobradorista les cancelarían la visa para entrar en los Estados Unidos. Veremos cuántos de los legisladores del PVEM pierden su visa y cuántos de ellos, que tienen casas, inversiones y hasta negocios en ciudades estadounidenses, prefieren mantener su buena relación con el Tío Sam… Otros a los que les quieren quitar la visa de las barras y las estrellas es a los diputados de Morena, el PT y el PRI, que en su socialismo trasnochado invitaron y homenajearon en la Cámara de Diputados al embajador ruso en México, Víctor Koroneli, y con él al gobierno invasor de Vladimir Putin. Aquel evento en el que constituyeron su grupo de “Amistad México-Rusia”, ya había merecido una protesta inmediata y enérgica del embajador Ken Salazar, que al día siguiente acudió a San Lázaro para reclamar a los diputados que apoyaron a Putin y crear su grupo de “Amistad México-Estados Unidos”, pero ahora el tema escaló con la carta que el representante demócrata por Texas, Vicente González, le mandó a los secretarios del Departamento de Estado, Antony Blinken, y del Homeland Security, Alejandro Mayorkas, para que “le cancelen la visa” a los 25 diputados mexicanos que apoyaron a Rusia en su invasión a Ucrania. El congresista estadounidense acompaña su solicitud con una lista de los “amigos de Putin” que ya no deben entrar a Estados Unidos, entre los que figura el dirigente del PT; Alberto Anaya; el diputado Gerardo Fernández Noroña; el dinosaurio priista Augusto Gómez Villanueva, además de otros 23 legisladores de Morena, PT y PRI. Sólo que el congresista demócrata cometió un pequeño error, al incluir en su lista de indeseables para EU, al diputado Raúl Sánchez Barrales, quien lamentablemente murió el pasado 14 de febrero, es decir que con visa o sin visa, el diputado ya no entrará a Estados Unidos… Los dados mandan Escalera Doble. Mejora el tiro.
