El pasado 14 de febrero, Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN no se presentó a la audiencia judicial inicial a la que había sido citado por el juez para responder a las imputaciones en su contra por haber recibido presuntos sobornos ilegales vinculados a Odebrecht. Era la quinta vez que Anaya no acudía al citatorio judicial y en esa ocasión el juez Marco Antonio Fuerte Tapia declaró “injustificada la ausencia” del panista y dejó a la FGR en posibilidad de girar y solicitar una orden de aprehensión para obligarlo a que se presentara personalmente a su audiencia.
En esa misma audiencia en el Reclusorio Norte, el fiscal Manuel Granados le dijo al juez, a nombre de la FGR, que Anaya no ha regresado al país desde que salió en julio de 2021 y le mostró al juez los oficios del Instituto de Migración que acreditan su ausencia, e incluso el representante del Ministerio Público acusó al excandidato panista de hacer caso omiso de los citatorios judiciales, a pesar de haber sido notificado de todos, y de mostrar “una actitud desafiante ante su autoridad”, hoy, casi dos meses después de aquella ausencia, la Fiscalía General de la República no ha librado ni solicitado orden de aprehensión contra Ricardo Anaya ni ha presionado por que se le programe nueva audiencia y se le obligue a comparecer. ¿Por qué no lo ha hecho si el juez le dio esa posibilidad?
La respuesta a esa pregunta está vinculada a lo que pasó un mes después, el 17 de marzo pasado, en el Senado de la República. Ese día compareció el fiscal Alejandro Gertz Manero ante la Junta de Coordinación Política y fue recibido por los coordinadores de todos los partidos y los senadores de la Comisión de Justicia, para que explicara el escándalo que desataron los audios ilegales filtrados de sus conversaciones telefónicas en las que el propio fiscal afirmaba estar presionando a ministros de la Corte para que fallaran a su favor en la revisión del amparo solicitado por su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas, a quienes él mismo acusó y encarceló por presunta negligencia en la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.
Aquella comparecencia, que ocurría en medio de la tormenta que enfrentaba Gertz, con denuncias y solicitudes de la oposición en el Senado de pedir juicio político y la destitución del fiscal “por pérdida de autoridad moral”, se esperaba dura y complicada para el titular de la Fiscalía, que arribó a la sede senatorial al filo de las 5 de la tarde. Aunque el encuentro fue privado y no se permitió acceso a la prensa, lo que se supo después de que compareciera Gertz Manero, por testimonios directos de senadores que estuvieron presentes, fue que la reunión había sido “tranquila, civilizada y hasta tersa”, en donde el fiscal sí enfrentó preguntas de los senadores del oficialismo y la oposición, pero nunca un reclamo o un señalamiento subido de tono.
En especial sorprendió el comportamiento tranquilo y muy mesurado de los panistas, que, comandados por su coordinador, Julen Rementería, y con la presencia de senadoras tan combativas como Xóchitl Gálvez, que afuera había pedido la renuncia del fiscal, adentro, en presencia de Gertz, a lo más que llegaron los senadores del blanquiazul fue a plantearle algunas preguntas sí incómodas por el tema, pero sin debatir mayormente con el fiscal ni increparlo en ningún momento durante sus respuestas.
Al final del encuentro, no sólo los panistas sino los senadores de todos los partidos, especialmente los priistas, parecían ser los grandes amigos y admiradores del fiscal Gertz Manero, con quien se tomaron fotografías, selfies y despidieron al fiscal con una actitud en extremo civilizada, casi complaciente. Se dijo entonces, entre los senadores, que los oficios políticos de Ricardo Monreal, el coordinador morenista en el Senado y aliado político de Gertz, habían funcionado a la perfección y que el zacatecano había “planchado muy bien” el trato respetuoso y comedido de todas las fracciones de la oposición hacia el funcionario autónomo.
Lo que no se supo entonces es cómo y a cambio de qué Monreal convenció y tranquilizó, sobre todo a los acelerados panistas, para que no se lanzaran en contra del fiscal ni dejaran de pedir su destitución. De acuerdo con fuentes de otras instituciones denunciantes en el caso de Ricardo Anaya, el fiscal Alejandro Gertz habría aceptado negociar con el PAN, a partir de la intermediación de Monreal, el expediente judicial en contra de Anaya, a cambio del respaldo del panismo, especialmente en el Senado, para evitar cualquier intento de destituirlo del cargo.
El acuerdo, según nos dicen las fuentes cercanas, se hizo directo entre el fiscal y algunos encumbrados panistas en el Congreso, y consiste en dejar que se alarguen los tiempos y que Ricardo Anaya no se presente personalmente a las audiencias, sino que lo hagan sus abogados, hasta que el caso se desinfle por sí solo o se desestimen las pruebas en contra del excandidato presidencial prófugo. Eso ayudaría a explicar por qué casi dos meses después de que el juez Marco Antonio Fuerte dejó a la FGR en libertad de solicitar una orden de aprehensión contra Anaya Cortés para obligarlo a presentarse, hasta la fecha esa orden no se ha pedido a ningún juez por parte del MP.
Y también explicaría por qué las voces más críticas del PAN de pronto dejaron de pedir la renuncia del fiscal y de promover denuncias en su contra por su cuestionable actuación en varios casos, tanto de temas personales de Gertz Manero, como de persecución política contra opositores, tal y como lo acusaron cuatro congresistas de los Estados Unidos en una reciente carta al secretario de Estado de aquel país, Antony Blinken.
Así que Anaya ya puede estar tranquilo de que no le girarán ni orden de aprehension ni ficha roja en su contra para traerlo desde su escondite en Estados Unidos, mientras que el fiscal también puede tranquilizarse de que los panistas no insistirán ni permitirán su destitución. Y así todos contentos... y la justicia, bien gracias.
NOTAS INDISCRETAS… Muy lejos del 40% necesario para que sea vinculante, con apenas 18% del total de los electores empadronados, es decir 17.5 millones de votos, los resultados de la Consulta de Revocación de Mandato tendrán, como hasta ahora, una interpretación tan sesgada como opuesta, según quien haga el análisis. El presidente López Obrador, por ejemplo, saldrá a celebrar, como ya lo hacían anoche gobernadores y dirigentes de Morena, lo que consideran “un triunfo histórico” y, sin bajarle a su tono festivo, aprovecharán para volver a cargar contra el INE para reprocharle que si no participaron más mexicanos fue porque “no organizó bien la consulta ni la promovió como debía” porque estaba en contra de la Consulta. Y si se ve del otro lado, los críticos y detractores del presidente desde anoche hablaban de “fracaso rotundo” de un “ejercicio fallido” y de un músculo político de Morena y de López Obrador, que no es ni con mucho cercano, cuatro años después, cercano a los 30 millones de votos que lo eligieron en 2018. Las dos interpretaciones, por supuesto, tienen un sesgo total y están cargadas más de vísceras, fanatismo y apasionamiento que de razón y análisis de los datos. La cifra final de participación no es menor, pero tampoco parece corresponder a la movilización del aparato de Estado que presenciamos los mexicanos en las últimas semanas. Los 17.5 millones de participantes este domingo son más del doble de los 7 millones que participaron en la Consulta Popular sobre los expresidentes de agosto de 2021, pero apenas un poco más de la mitad de los 30 millones del 2018 e incluso menos de los 20 millones que lograron Morena y sus aliados en las elecciones intermedias de 2021. Y como era de esperarse, el porcentaje de los que aprobaron que siga el presidente hasta que acabe su sexenio terminará siendo abrumador con casi 90% en contra de 8% de los que pidieron que se le revocara el mandato y casi un 2% de votos anulados. ¿Sorpresas? No hubo muchas, si acaso el ver que el poderío invencible que presume Morena y el presidente ha perdido terreno y que, aún con acarreos masivos, presiones y coacciones a beneficiarios de programas sociales, trabajadores del gobierno y a las personas más necesitadas, a López Obrador no le alcanzó para lograr una consulta vinculante; eso sí, esos 17.% millones, ya no serán los 30 de 2018 pero, a como está de empequeñecida la oposición, le seguirían sirviendo al tabasqueño y a la 4T, para ganarle a casi cualquier candidato de la oposición en una elección presidencial… Hablando de tabasqueños, el secretario de Gobernación, que el jueves se estrelló también con su incapacidad para lograr los 6 votos que necesitaba la Ley de Industria Eléctrica para que se declarara constitucional y dejara sin efecto todos los amparos en su contra, anduvo tan metido en lograr el objetivo en el que falló, que nos cuentan que el secretario no sólo “vivió” por casi dos días —martes y miércoles de la semana pasada— dentro del edificio de la Corte presionando y tratando de convencer a dos ministros, sino que el día de la sesión, el pasado 7 de abril, Adán Augusto López estuvo siguiendo toda la reunión desde la oficina de la ministra Loretta Ortiz, en donde hizo su base, y desde ahí veía la transmisión en vivo, mandaba tarjetas al pleno, hacía llamadas y sudaba frío al escuchar los argumentos en contra y el voto de la mayoría de 7 ministros. Es decir que, para que no haya dudas, de la cercanía y militancia de la ministra Ortiz, hasta la oficina le cedió al titular de la Segob. Lástima que ni con eso pudo… Los dados mandan Escalera Doble. Venga la semana mayor.
