Héctor Rubén Alcántara Nava, un joven de 38 años de edad, apareció un día en un antro de Polanco acompañado de José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams. Era el año 2019, a finales, y la pandemia de Covid aún no contagiaba la vida nocturna de la Ciudad de México. Los dueños del exclusivo lugar, parte de un grupo restaurantero que tiene restaurantes y bares en Polanco y en el corredor Roma-Condesa, se enteraron de la presencia del hijo mayor del presidente López Obrador y de su acompañante. Hasta ahí todo parecía normal; pero la sorpresa vino cuando Héctor Alcántara regresó varios días después y pidió hablar con ellos: les habló de sus conexiones políticas “al más alto nivel de la 4T” y les pidió pagarle 200 mil pesos mensuales a cambio de que no les cerraran el lugar.
El sujeto les mostró varias fotos en sus redes sociales donde aparecía retratado no sólo junto a José Ramón, sino al propio presidente López Obrador, de quien decía ser “sobrino", y a otros políticos prominentes de la 4T como el entonces senador Martí Batres y el entonces coordinador de los diputados morenistas y a la postre dirigente nacional del partido gobernante, Mario Delgado. Los empresarios no dudaron en pagarle ante las conexiones políticas y porque además les ofrecía el favor de las alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, donde ellos tienen varios de sus establecimientos. El pago se realizó por lo menos puntualmente en 5 ocasiones antes de que estallara la pandemia y siempre acudían a recogerlo Héctor Rubén Alcántara Nava y su chofer de 50 años.
En enero de 2020, cansados de estar pagando el cuantioso derecho de piso y después de haber investigado con sus contactos si Héctor Rubén realmente tenía parentesco y relación con el presidente y con personajes de la 4T, los dueños del Grupo Restaurantero decidieron presentar dos denuncias por el delito de extorsión en contra de Alcántara Nava y una más en contra de su chofer Isaac Herrera Macorro. Las denuncias se abrieron en la Fiscalía de Justicia de la CDMX con los números de carpeta: CI-FAS/E/UI-2C/D/10855/01-2020, en el caso de Héctor y en el de su chofer con el número de CI-FAS/E/UI-2C/D/00045/01-2020.
Según información que revelaron directamente los dueños del citado grupo restaurantero, que pidieron el anonimato, al periodista de EL UNIVERSAL, David Fuentes, colaborador de Las Noticias de la Noche de Heraldo TV, después de haberle hecho unos 5 pagos y de aguantar la extorsión por varios meses, los empresarios decidieron activar el “Código Águila” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el que se combate el delito de extorsión y cobro de derecho de piso. Cuando el presunto “sobrino” del presidente llamó para cobrar el mes que tocaba, ya en 2020, lo citaron como siempre en uno de sus lugares.
La camioneta de lujo en la que se transportaba apareció puntual a la cita en bar Janis, de Palmas, el 8 de enero de aquel año; pero para sorpresa de los restauranteros del auto sólo bajó esa vez el chofer Isaac Herrera y no Héctor “N”, como se le denomina en la carpeta de investigación de la FGJCDMX, que siempre acudía personalmente a recoger el dinero. El chofer fue detenido por los agentes de la SCC que estaban encubiertos en el lugar y en su defensa dijo que los 250 mil pesos que le acababan de entregar los empresarios en efectivo eran “de utilidades que me debían”. Los dueños del Grupo Restaurantero se quedaron con la duda de quién le habría avisado o “dado el pitazo” al extorsionador para que no se presentara esa vez y mandara solo a su chofer. ¿Acaso sí tendría las conexiones políticas que presumía?
Los empresarios narran que después del encarcelamiento de su chofer, el supuesto “sobrino” del presidente desapareció y dejó de extorsionarlos, porque además llegó la pandemia del Covid y sus restaurantes y centros nocturnos tuvieron que ser cerrados por orden de las autoridades capitalinas. Descansaron así del pesado pago que le entregaron puntualmente por cinco meses y creyeron haberse librado del extorsionador que decía ser de la 4T. Pero para su sorpresa, en cuanto el gobierno de la CDMX autorizó la reapertura de los bares y antros el 15 de octubre de 2021, el extorsionador no tardó en volver a aparecer, pero esta vez, como sabía que ya no le creerían sus conexiones políticas con la 4T, cambió de estrategia: “Bueno, si no quieren pagar entonces les voy a mandar a mis compas de La Unión, yo soy abogado de ellos, y los van a venir a visitar”, les dijo. Los dueños dicen haber visto a personas extrañas que se presentaron en sus locales y ante eso decidieron seguir pagando.
Hasta ahora la FGJCDMX no ha detenido a Héctor “N”, como se refieren al presunto extorsionador que decía ser “sobrino” del presidente López Obrador y que huyó en cuanto supo que se había activado la denuncia en su contra, mientras que a su chofer lo liberaron después de 10 meses de haber estado detenido por falta de elementos probatorios en su contra. Los empresarios del citado Grupo Restaurantero temen por su seguridad y la de sus negocios y exigen que las autoridades actúen contra este delito que les representa un costo adicional en la operación de sus negocios y que se detenga al presunto extorsionador que decía ser de la 4T.
NOTAS INDISCRETAS… Vaya respuesta la que les dio ayer el presidente López Obrador a los organismos de la jerarquía católica que le han pedido al unísono y de manera respetuosa, pero enérgica, una revisión y cambio de su estrategia de seguridad, ante el evidente fracaso que muestran las cifras oficiales con casi 122 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. A la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa a todos los obispos y cardenales de la República Mexicana, lo mismo que a la Compañía de Jesús en México y a los rectores del Sistema Universitario Jesuita, el mandatario les contestó con un agresivo mensaje en el que los acusó de que “no veían la violencia del pasado” y de que “no se parecen al Papa Francisco” porque “están apergollados por la oligarquía” económica y política del país. Es cierto que en los mensajes, comunicados y sermones que se escucharon estos días de la jerarquía católica hubo expresiones fuertes y duras como que “México está salpicando sangre”, del CEM, o el “Estado fallido y la Ley de la Selva” que impera en la República, según dijeron los rectores jesuitas, o el “los abrazos ya no alcanzan a cubrir los balazos”, de la Compañía de Jesús, que pidió “respetuosamente al presidente que revise su proyecto de seguridad pública”, pero de eso a la respuesta que les dio el presidente, francamente, López Obrador se excedió en su comentario, al sugerir que a los cardenales, obispos, jesuitas los de la “oligarquía”, léase los “conservadores” o sea sus enemigos políticos, los tienen cogidos por el cuello y sometidos. Para decirlo claro, el presidente acusó a la Iglesia Católica mexicana y a sus máximos prelados políticos de ser opositores y conservadores y los sumó a la larga lista de “enemigos” de su gobierno, por pedir lo que ya es un clamor nacional: que pare la violencia cruel y descarnada del crimen organizado, mientras el presidente y su gobierno no actúan e incurren en una negligencia criminal al renunciar al uso de la fuerza para combatir al narcotráfico. ¿En serio López Obrador se siente tan seguro y poderoso como para enfrentarse a la Iglesia católica que ya ha demostrado su poder de movilización e influencia política cuando se opuso al PRI y fue clave en el ascenso panista al poder en el año 2000? Está bien que AMLO se compare con Jesucristo, pero una cosa es creerse una divinidad y otra retar al poder de la institución política más antigua que sobrevive en la actualidad… Los dados mandan Serpiente. Descendemos.
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