México se ha convertido, en los hechos y especialmente en esta administración, en un país hostil para los migrantes indocumentados. Entre el fenómeno masivo de caravanas migrantes de miles de personas que huyen de sus países (Honduras, Haití, Cuba y Venezuela) y las presiones del gobierno de Estados Unidos para que esos grupos no avancen por territorio mexicano ni lleguen a su frontera sur, la política migratoria de nuestro país se volvió persecutoria contra los migrantes en tránsito, incluidos niños, familias y mujeres embarazadas.
 
Hoy a los migrantes que pretenden cruzar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no solo se les persigue, acosa y retiene contra su voluntad en cárceles disfrazadas de Centros Migratorios y en condiciones insalubres, sino que incluso se utiliza contra ellos, cuando oponen resistencia, la fuerza pública con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración convertidos en una policía migratoria que llega a casos de violencia y brutalidad policiaca que ya cobraron una vida en el sureste mexicano. El domingo, en un camino de Pijijiapan, Chiapas, la Guardia Nacional (GN) disparó en contra de un grupo de migrantes de varias nacionalidades que ignoraron, a bordo de una camioneta, una señal de alto de los militares mexicanos. En respuesta “a una amenaza a su integridad”, dijo la Guardia en un comunicado, los agentes federales dispararon dejando heridos a cuatro tripulantes del vehículo y matando a uno de nacionalidad cubana.
 
Paralela a esa escena de violencia en la que muere un migrante a manos de la Guardia mexicana, avanza la Caravana de Migrantes de distintas nacionalidades que cumple ya una semana de haber salido de Tapachula y en ocho días solo ha podido caminar 110 kilómetros entre las altas temperaturas, las enfermedades y el cansancio que ocasiona el duro trayecto en los migrantes y el problema de movilizar a cientos de niños y mujeres embarazadas que forman parte del contingente de 3 mil personas que penosa y dolorosamente protagonizan un auténtico drama humano en su intento por llegar a la Ciudad de México para exigir “un trato humano y digno del gobierno mexicano y que les den ya respuesta a sus solicitudes de refugio y asilo”, que llevan meses sin respuesta.
 
Niños, mujeres y hombres con los pies llagados, deshidratados o contagiados de dengue hemorrágico por las picaduras de mosquitos, casos de Covid no controlados por las autoridades y mujeres embarazadas con amenazas de aborto, son parte de lo que están viviendo día a día este grupo de migrantes que en las últimas horas requirió de al menos 72 atenciones de emergencia de cuerpos médicos y de salud. Y por si todo eso fuera poco, los integrantes de la Caravana son acosados día y noche por miembros de la GN y del INM que, al menor descuido o cuando algunos se rezagan o enferman, los detienen y los regresan al Centro Migratorio Siglo XXI de Tapachula, justo de donde prefirieron huir a la incierta y penosa caminata.
 
En una semana de este drama humano que se mueve por el sur-sureste mexicano, no ha habido ni una sola mención del presidente López Obrador en sus conferencias diarias o en sus giras del pasado fin de semana justo por el sureste. El dolor y la vulnerabilidad de los migrantes no existen en el discurso presidencial; más bien reaccionaron a esta nueva Caravana desde Texas, donde el gobernador Greg Abbot ya movilizó a sus agresivos Rangers y Policías estatales a su frontera con Coahuila, con la amenaza de que “si se acercan los migrantes los recibiremos con la fuerza y les impediremos pasar a nuestro territorio”.
 
Mientras el gobierno mexicano, con su discurso de “atender las causas de la migración” y las promesas de llevar programas sociales y empleos a Centroamérica, pretende minimizar e ignorar el grave problema que tiene en lo inmediato con este tipo de fenómenos. Peor aún, la administración de López Obrador ha aceptado, a cambio de reconocimientos y apoyos del gobierno de Joe Biden a sus políticas, una serie de condiciones y acuerdos que claramente le transfieren a México la responsabilidad de frenar, contener y “disuadir”, con la fuerza pública y militar si es necesaria, a los migrantes que intenten llegar en caravanas a la frontera estadunidense para pedir asilo político en el vecino país.
 
Además del cuestionado Título 42 y la aplicación del polémico programa “Remain in México”, el gobierno mexicano ha aceptado en los hechos hacer las veces de la policía militar migratoria de Estados Unidos y ha declarado una política de “cero tolerancia” al avance de los migrantes indocumentados por nuestro territorio. No sólo se persigue, acosa, golpea y, al menos ya en un caso, se dispara a los migrantes que se resistan en su recorrido por tierra, sino que ahora también hay operativos para retener, interrogar y cuestionar a cualquier viajero o turista que proceda de varios países latinoamericanos y del Caribe, quienes son detenidos e interrogados por la Guardia Nacional al bajar de sus vuelos en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
 
Sin minimizar la gravedad del fenómeno migratorio que proviene de Centroamérica y el Caribe y, aun concediendo el argumento de que miles de migrantes son engañados y azuzados por “mafias de trata” que los engañan y organizan, la realidad es que la política migratoria histórica de México ha dado un viraje de 180 grados y se ha vuelto la más dura, persecutoria y represiva de que se tenga memoria en un país históricamente de migrantes, tanto expulsor como receptor. Paradójicamente ese giro se produce en el primer gobierno de izquierda que hay en el país y con un presidente que, durante su campaña y en su toma de protesta, ofreció “respeto absoluto a los derechos humanos y puertas abiertas a nuestros hermanos migrantes”.
 
Y sí, cada país tiene el derecho de proteger su territorio, su soberanía y sus intereses y a hacer que se respeten las leyes migratorias. Pero ante las evidencias de que el endurecimiento inédito de la política migratoria de México no ha sido totalmente una decisión soberana, sino más bien un imperativo de la presión, las amenazas y los acuerdos con los Estados Unidos para proteger sus intereses, vale la pena preguntarse: ¿en qué momento pasamos de ser un país amigo de los migrantes, que exigía trato humanitario y digno para sus propios migrantes, a convertirnos en un territorio hostil en donde se acosa, se persigue y hasta se mata a migrantes, incluidos niños, familias y mujeres embarazadas?
 
NOTAS INDISCRETAS… “México ya está listo para una mujer presidenta”, dijo ayer la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, desde Colima a donde acudió a la toma de protesta de la nueva gobernadora morenista, Indira Vizcaíno. La declaración de Sheinbaum es la misma que repiten desde hace al menos dos décadas las mujeres que han aspirado, hasta ahora sin éxito, a gobernar este país. La dijo en su momento Cecilia Soto, candidata presidencial del PT, la repitió la priista Beatriz Paredes cuando se le mencionó como presidenciable y más recientemente Patricia Mercado también hizo la misma declaración en su campaña presidencial de 2006 por el PAS. A estas alturas nadie duda que el país esté listo para ser gobernado por una mujer y más bien la pregunta obligada sería, más allá del tema de género, si hay entre las mujeres que puedan ser presidenciables y posibles candidatas en 2024 una que tenga la suficiente capacidad, tamaños e independencia para poder romper el techo de cristal que aún domina la presidencia machista mexicana y hacer historia. ¿Ustedes qué dicen?, ¿la ven?... El embajador jubilado del Servicio Exterior Mexicano, Agustín Gutiérrez Canet, quien además es columnista y periodista de trayectoria, nos pidió precisar que su opinión que citamos, sobre la actitud del canciller Marcelo Ebrard, en la reciente Cumbre del G20 en Roma, era, como todas sus opiniones, a estricto título personal y que no tiene ninguna relación con su parentesco con la esposa del presidente. “Mis opiniones siempre ha sido y serán independientes y autónomas”, dice el embajador… Los dados mandan otra Escalera. Bienvenidos todos los fieles difuntos.