A pesar de la claridad y contundencia del fallo con el que el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara, explicó y argumentó su decisión de desechar por “notoriamente improcedente” y “falta de interés legítimo” la Controversia Constitucional del Congreso de Tamaulipas, al considerar que ese órgano del Poder Legislativo local ejerció una facultad constitucional que le da el artículo 111 y decidió libremente no homologar el desafuero de la Cámara de Diputados, con lo que le mantuvo la “protección constitucional” al gobernador de su estado, Francisco García Cabeza de Vaca, el desechamiento ha desatado otras interpretaciones, sobre todo de la parte federal, que insiste en que el mandatario tamaulipeco “no tiene fuero y puede ser detenido”.
Varios personajes de la 4T sostienen esa interpretación de que, al desechar la controversia, el ministro González Alcántara “dejó las cosas como estaban” y por lo tanto se mantiene la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle el fuero a Cabeza de Vaca, por lo que la Fiscalía General de la República está en posibilidad legal y constitucional de proceder en su contra. Desde el consejero Jurídico, Julio Scherer, hasta la exministra de la Corte y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pasando por los líderes parlamentarios de Morena en el Congreso federal, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, sostienen que la decisión del ministro no favorece al gobernador ni le mantiene el fuero constitucional.
Y es que, tanto el Congreso de Tamaulipas, como el propio gobernador acusado y hasta sus compañeros gobernadores de la Alianza Federalista, celebraron que los argumentos del ministro Juan Luis sostienen claramente que consideró improcedente la Controversia porque el mandatario de Tamaulipas “mantiene el fuero y la protección constitucional” tras la decisión que tomó la mayoría de los diputados locales de no homologar el procedimiento de desafuero aprobado en San Lázaro, con lo que, dice el propio ministro, cumplió con lo que le mandata el artículo 111 constitucional, que le pide recibir el fallo de la Cámara de Diputados “para lo que corresponda” y lo que corresponda, en la redacción de González Alcántara, es que el Congreso local decida “libremente y sin obstáculos” si homologa o no el desafuero, lo que equivale a aceptar o rechazar el desafuero del gobernador.
Haría falta ahora, ante tan disímbolas interpretaciones de su fallo de desechamiento, que el ministro Juan Luis González Alcántara saliera a explicar no sólo su decisión de no admitir la Controversia tamaulipeca para su estudio y análisis, sino también los argumentos jurídicos y constitucionales que argumentó para su decisión, en los que claramente indica que no hay materia para controvertir, porque el Congreso local pudo tomar su decisión sin que nadie se lo impidiera, e incluso en uno de los párrafos dice que no se podrá proceder penalmente contra el gobernador “hasta que concluya su encargo”, es decir hasta después de 2022, porque sigue gozando de la protección constitucional del fuero porque así lo decidieron por mayoría los diputados locales.
Un abogado de la 4T, muy cercano a Palacio Nacional, que nos pidió guardar el anonimato, nos mandó este razonamiento, por el que afirma no sólo que Cabeza de Vaca sí puede ser detenido por la FGR porque ya no tiene fuero, sino que incluso cuestiona la redacción y argumentación utilizada por el ministro González Alcántara: “Los desechamientos dejan las cosas tal y como estaban, como si nunca se hubiera presentado juicio alguno; ahora el ministro se excede al intentar establecer una realidad jurídica haciéndolos pasar como 'argumentos del Desechamiento', pero el procedimiento para que los asuntos que llegan a la Corte tengan efectos constitutivos o declarativos de derechos, pasa por que sean votados por la Sala que le toque conocer. El ministro en un fast track se ahorra todo eso, no pasa a votación proyecto de resolución alguno y tampoco desecha en el fondo el asunto. La FGR puede detenerlo (a Cabeza de Vaca)”, sostiene ese jurista integrante del gobierno federal.
Así es que mientras en Tamaulipas y en varios estados de la Alianza Federalista celebran como un “triunfo del federalismo y la autonomía de las entidades federativas” el fallo del ministro González Alcántara y hasta el gobernador Cabeza de Vaca y sus abogados sostienen que el integrante de la Corte terminó dándoles la razón jurídica y constitucional con su desechamiento; en el gobierno federal están molestos y sostienen lo contrario, incluso con voces que le piden y urgen al fiscal Alejandro Gertz Manero que ya proceda penalmente y solicite a los jueces una orden de aprehensión contra el mandatario tamaulipeco. Todo en medio de las campañas electorales enrarecidas y afectadas por la violencia, tanto del crimen organizado como del discurso y la confesa intromisión presidencial en los comicios federales y locales. ¿Alguien o algo pondrá fin a la controversia de la controversia?
NOTAS INDISCRETAS…
Y mientras en Ciudad Victoria, Cabeza de Vaca celebra lo que considera un triunfo suyo contra la Federación y la 4T, en Tamaulipas son varios los políticos, algunos panistas, pero la mayoría opositores, que se dicen “perseguidos políticos” del gobernador panista al que acusan de aplicar los mismos métodos de “judicialización política y fabricación de pruebas y expedientes judiciales” en contra de todo aquel político que se oponga a sus decisiones o que le represente una amenaza como oposición. Es decir que mientras se envolvía en la bandera de “víctima política de la 4T y de López Obrador”, el gobernador Francisco García le aplicaba los mismos métodos de persecución política y judicial a varios de sus adversarios y opositores en el estado, utilizando para ello a su fiscal incondicional, Irving Barrios, quien se dedica a fabricar expedientes, investigaciones y lo que haga falta para mantener amenazados, procesados o a veces hasta encarcelados a todo aquel político opositor que decida su jefe el gobernador. La lista de perseguidos de Cabeza de Vaca es larga y la encabezan Eugenio Hernández, exgobernador priista de Tamaulipas, preso desde 2017 y a quien detuvo con engaños y mantiene en prisión en medio de una petición de extradición de los Estados Unidos; Magdalena Peraza, exalcaldesa de Tampico (PRI), acusada por cuentas públicas no aprobadas por la mayoría panista del Congreso local; Carlos Cantú Rosas, exalcalde de Nuevo Laredo, PAN, exiliado, acusado de presunta autoría intelectual del asesinato del periodista Carlos Domínguez; Carmen Lilia Cantú Rosas, hermana de Carlos, actual candidata de Morena a Nuevo Laredo, acusada por presuntas amenazas de muerte a un periodista; en Reynosa, Maki Ortiz, actual alcaldesa del PAN, a quien la Fiscalía estatal acosa con policías en su domicilio por sus cuentas públicas no autorizadas por el Congreso controlado por Cabeza de Vaca, y también a su hijo, Carlos Peña, actual candidato de Morena a la misma alcaldía de Reynosa, bajo investigación por una presunta compra fraudulenta de un terreno; Leticia Salazar, PAN, exalcaldesa de Matamoros, también investigada por cuentas públicas no aprobadas; Mario López, actual alcalde de Matamoros, Morena, a quien la Fiscalía estatal le abrió un expediente por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal equiparada; Adrián Oseguera, alcalde de Ciudad Madero, Morena, acusado por el fiscal Irving Barrios por abuso de autoridad de su Policía de tránsito, “huachicoleo” de gas en su empresa gasera familiar y robo de terrenos en playa de Miramar por parte de su abuelo en los años cuarenta; Eduardo Gattas, candidato de Morena a la alcaldía de Victoria, investigado por violencia política de género contra su actual esposa; Habiel Medina, ex alcalde del PAN en Soto La Marina, actualmente candidato del PT por el mismo municipio, detenido el mes pasado, por irregularidades en sus cuentas públicas anteriores. En toda esa larga lista de opositores y políticos investigados y acosados por el gobierno de Cabeza de Vaca, hasta los mismos de casa, los del PAN tienen un factor común: haber sido adversarios del gobernador en la elección interna del PAN en 2016, mientras que a los políticos de Morena, los persiguen por tener amplias posibilidades de ganar sus municipios el próximo 6 de junio. Así que mientras Francisco García Cabeza de Vaca se dice “víctima” y “perseguido político” de López Obrador, él aplica la misma victimización y persecución a los políticos de su estado que se le opongan, no importa si son de su partido o de otras fuerzas políticas. Es, dicen en Ciudad Victoria, la política de “Pedro Navajas” en la que “el que a hierro mata a hierro muere”… Los dados mandan Doble Escalera. La semana promete.
