La red de contratos y corrupción del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga llegó también a varios estados de la República donde el empresario chiapaneco, hoy prófugo de la justicia, ofrecía distintos servicios a gobiernos estatales. El Gobierno de Michoacán contrató en 2017, con el gobernador perredista Silvano Aureoles, a una empresa de tecnología e informática propiedad de Álvarez Puga, a la que se le pagaron 132 millones de dólares en cinco años de duración del contrato (cerca de 2 mil 700 millones de pesos) para instalar y operar un sistema de espionaje, a través del monitoreo y seguimiento a direcciones IP y teléfonos celulares que operó en la pasada administración

Integra Software es la empresa a través de la cual el gobierno de Silvano Aureoles pagó a Álvarez Puga un contrato que el gobierno estatal aceptó firmar en dólares estadounidenses que se pagaban cada mes con el tipo de cambio imperante. Cada mes, desde marzo de 2017 a abril de 2021, esa empresa recibió 2.5 mdd de pago mensual por sus servicios de “monitoreo y seguimiento” a las direcciones IP de todos los michoacanos. Fueron 51 meses de contrato y el primer pago fue de 7 mdd, lo que en total representó un gasto de 132 millones de dólares que pagó la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán durante los cinco años que duró la vigencia del contrato.

El contrato, del cual está columna tiene copia, se hizo por adjudicación directa, se firmó en Morelia, en enero de 2017, en el segundo año de gobierno de Aureoles Conejo, y tiene el número CAPDE-1SGAB-00117. En él aparecen las firmas del secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; del titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, mientras que por Integra Software, firmó Raúl García Palacios como “administrador único”.

En el objeto del contrato se establece que la empresa de tecnología e informática instalará un centro que permita al gobierno estatal “el monitoreo y actualización constante de las direcciones IP (computadoras, teléfonos y tabletas) en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios” además de la instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo que la empresa se compromete a mantener “en servicio y mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año”, según dice el contrato.

De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese “sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP”, se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas. Para ello, la empresa Integra Software ofreció un software para el seguimiento de las direcciones IP cuyo nombre no aparece nunca mencionado en el contrato, pero se menciona que “la tecnología usada es única en el mundo”.

EL VÍNCULO CON ÁLVAREZ PUGA

Integra Software es una de las varias empresas que el empresario prófugo, Álvarez Puga, utilizaba para obtener contratos y facturar servicios a secretarías del gobierno federal y a los gobiernos estatales. En un reporte de contabilidad interno del empresario chiapaneco se reporta la facturación de varias empresas que, de acuerdo con las denuncias de la Procuraduría Fiscal, del SAT y de la UIF, eran utilizadas como “factureras” y que, en algunos casos se trataba de empresas fantasma que aparecen mencionadas en contratos firmados con distintas dependencias federales y estatales.

Romelux, Sirvair, Capsa, Seguridad, Integra, VMAP I y VMAP Inv. GR aparecen en una lista de “Facturas Provisionadas” con distintas cantidades de facturación que en total suman 176 millones 275, 188 millones de pesos. En el caso de Integra aparece en esa lista con una factura de 70 millones 704 mil pesos. Y luego, en un reporte contable específico de “Facturas Pagadas por Estado de Cuenta Integra Software, S.A. de C.V.”, se detalla el pago de tres facturas, dos de fecha 4 de abril de 2017 y una del 6 de abril de 2017, que aparecen foliadas con el numero 32 y corresponden al concepto: “Ingreso por Pago Factura 32 Gobierno del Estado de Michoacán, la primera por 88 millones de pesos, la segunda por 12 mdp, y la tercera por 56, 619, 460 pesos”.
 
Y en un estado de cuenta de Banco Santander, de la empresa Integra Software, con domicilio en J. Velázquez de León 76 1, San Rafael, Cuauhtémoc, México Distrito Federal, C.P 06470, del que también tiene copia esta columna, aparecen detallados los movimientos, dépositos y transferencias de la Cuenta E-Pyme 92-00214660-1 correspondientes al mes de abril de 2017. Ahí se consigna los tres pagos del gobierno del estado de Michoacán que coinciden con los montos y fechas mencionados: el primero, el 4 de abril por 88 mdp con el folio 7401959; el segundo depósito también el 4 de abril por 12 mdp registrado con folio 7428954; y el tercero el 6 de abril por 52,619,460 pesos foliado con el número 8270061.
 
En ese mismo estado de cuenta se registra cómo, inmediatamente después de recibir los tres pagos del gobierno de Michoacán y su Secretaría de Finanzas, los recursos eran dispersados con transferencias a varias empresas el mismo día 4 de abril, por ejemplo a la empresa Broadlink le transfirieron 43 millones 458 mil 240 pesos a una cuenta en Banamex, por concepto de “Enlace Pago” aparecen ese mismo día tres transferencias que suman en total 40.8 mdp, además de una transferencia por 7 mdp a la Sofom Súper Préstamos y una transferencia por 3.8 mdp al particular Juan José Garay Rodríguez. También aparecen un pago por 9.6 mdp a la empresa Servitac, SC. Otros dos pagos a la Sofom Super prestámos por casi 11 mdp, y otros cuatro “Pago Enlace Factura” por 43 millones 498 mil 400 pesos.
 
El contrato entre el gobierno de Michoacán y la empresa de Álvarez Puga para instalar el centro de monitoreo y espionaje de direcciones IP se pactó para pagarse en dólares, en un hecho que según abogados expertos no es ilegal para un gobierno estatal, aunque sí es inusual, por el riesgo que representa para las finanzas públicas en caso de una devaluación del tipo de cambio. Tal vez por eso, aunque los pagos se programaron en dólares, el primero en abril de 2017 por 7 mdd y 50 pagos más cada mes por 2.5 mdd, se especificó en una de las cláusulas del contrato que “en caso de que el tipo de cambio del dólar rebasara los 22.50 pesos por dólar, se renegociarán los términos del contrato”.

En los cinco años que el gobierno de Silvano Aureoles estuvo transfiriendo los pagos a las cuentas de la empresa Integra, el tipo de cambio fluctuó de los 20 pesos con que arrancó en 2017 a los 19, 18 y hasta 21 pesos en los años restantes. Sobre el uso de “los datos y la información” que se recabó a través del espionaje y seguimiento de las direcciones IP en Michoacán y otras partes del país, una de las cláusulas señala que “son para uso exclusivo del gobierno”, aunque nunca detalla qué tipo de uso tuvo toda esa información recabada de usuarios de teléfonos celulares, equipos de cómputo y otros dispositivos de comunicación... Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete.