Este mediodía los 32 gobernadores y gobernadoras del país están convocados a asistir a Palacio Nacional a la firma de un “Acuerdo Nacional por la Democracia” que les presentará el presidente López Obrador para que lo firmen de manera conjunta. El citado acuerdo contiene una serie de compromisos y acciones con las que Federación y Estados pretenden garantizar un proceso electoral “limpio, ordenado y sin intervención de autoridades” de ningún orden de gobierno. La intención es sin duda buena y tendría que suscribirla cualquier autoridad que se diga comprometida con las prácticas democráticas y electorales apegadas a la ley; el único problema es que, hasta ahora, ningún gobernador conoce el contenido del acuerdo que les propondrán firmar porque nadie se molestó en compartírselos previamente.

Varios gobernadores consultados al respecto comentaron a esta columna que lo único que habían recibido hasta anoche era la invitación al encuentro con el presidente, junto con la orden del día, pero ningún documento o resumen del mencionado acuerdo por la democracia que conocerán hasta el evento. De los 32 mandatarios convocados, no todos habían confirmado su asistencia y se prevé que asistan la mayoría de ellos, tanto los de Morena, como los del PRI, PRD y los del PAN, entre los que se encuentra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya presencia en Palacio Nacional será sin duda de las que mayor expectación causará por las acusaciones que le ha formulado la Fiscalía General de la República y el juicio de procedencia que le siguen en la Cámara de Diputados. ¿Se saludarán López Obrador y Cabeza de Vaca? ¿Qué se dirán el mandatario panista acusado y el fiscal Alejandro Gertz Manero, que acompaña al presidente en la reunión?

Porque esa es otra cosa que llama la atención de este acuerdo “por la democracia”, que el presidente haya invitado a que lo acompañara en el encuentro con los gobernadores el fiscal General de la República. “¿Acaso estamos hablando de una democracia judicializada o de unas elecciones que también se definirán en los tribunales?”, se preguntó un gobernador de oposición al que le preguntamos sobre la presencia de Alejandro Gertz Manero en la reunión. Lo único que explicaría que la FGR sea invitada a firmar un acuerdo sobre elecciones, es que el presidente les va a proponer a los gobernadores que no metan las manos al proceso electoral en sus estados, que no permitan el uso de recursos públicos y que sus funcionarios que sean atrapados desviando recursos para favorecer a algún partido político –especialmente si ese partido es el mismo del gobernador— serán acusados y procesados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El problema es que, si López Obrador invitó a los gobernadores para asustarlos con denuncias penales por delitos electorales o pedirles que asuman compromisos en ese sentido, tendría que empezar a predicar con el ejemplo. Porque una cosa es que el presidente diga en su discurso que en este gobierno ya no se desvían recursos para favorecer al partido gobernante en los comicios ni se utilizan los programas sociales para presionar a votantes y otra muy distinta que en la realidad los promotores de Morena en toda la República no estén recorriendo las casas y los municipios para exigirle a los beneficiarios de los apoyos sociales de la 4T que “cuiden su voto”, pidiéndoles los datos de su credencial de elector y hasta amenazándolos con que “si votan por el PRI o el PAN podrían disminuir los apoyos que reciben”. Hay cantidad de videos que circulan en las redes sociales donde se ve a las brigadas morenistas, que además se confunden con los Servidores de la Nación porque portan el mismo uniforme de chaleco color guinda, recabar indebidamente datos de los beneficiarios de los programas del gobierno y amenazarlos con que cuiden el sentido de su voto en los próximos comicios “si quieren seguir recibiendo sus apoyos”.

Eso lo saben bien los gobernadores, que en sus estados no sólo se enfrentan a la estructura nacional de Morena, sino a las brigadas bajo el mando de Gabriel García Hernández, que a través de los delegados de Programas federales realizan toda una labor de proselitismo a partir de las bases de datos de los programas sociales federales. Por más que López Obrador diga que “no somos iguales” y hasta haya mandado a poner en la ley como un delito grave el uso y desvío de recursos públicos con fines electorales, en la práctica nadie puede negar que hay toda una operación política y territorial para conectar las ayudas económicas de este gobierno, las mismas que hoy el presidente propone aumentar y entregar más pronto, como la pensión a adultos mayores, con las bases de votantes y simpatizantes del partido oficial.

Veremos entonces qué es lo que el presidente presenta a los gobernadores y cuántos de los que asistan mañana a Palacio están dispuestos a firmar compromisos que parecen ir encaminados sólo a frenar la operación de los estados, mientras a las dependencias federales y al estratega electoral que es Gabriel García se le da manga ancha en el proselitismo a través de los programas sociales. ¿Suscribirán todos los gobernadores un Acuerdo Nacional por la Democracia cuyo contenido desconocen?

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito del gobernador Cabeza de Vaca, anoche desde Tamaulipas voceros del mandatario confirmaban que sí viene al encuentro con López Obrador en Palacio Nacional. “Todos los gobernadores del PAN ya confirmaron y él está incluido”, nos dijo un funcionario del gobierno estatal. Y sobre los rumores que circulan sobre que el mandatario tamaulipeco preparaba una petición de licencia para dejar su cargo y enfrentar el proceso judicial que le quiere fincar la FGR, el mismo vocero nos dijo: “Totalmente falso”… Y el que de plano ya no se aguantó y rompió el silencio fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz. El funcionario dijo que son los ingenieros civiles y no los militares, los que deben de realizar las obras de comunicaciones en el país. “En lo personal considero muy importante que seamos los profesionales de la ingeniería civil quienes dirijan (a la dependencia) y tengan en sus manos la responsabilidad de guiar su camino”, dijo el ingeniero Arganis en una conferencia sobre los "130 años de la SCT, 65 años de vivencias”, que impartió el ingeniero Daniel Díaz Díaz, exfuncionario de la dependencia. La renuncia de su antecesor, el también ingeniero Javier Jiménez Espriú, tuvo que ver con su inconformidad expresada ante el presidente por quitarle obras y proyectos de infraestructura a la SCT para dárselos al Ejército y a sus ingenieros. Y eso lo sabe bien el secretario Jorge Arganis porque después de su intervención comentó: “A lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares”. Tan de moda que no sólo les dieron el Aeropuerto de Santa Lucía, que construyen y van a operar y administrar, sino que también les darán la operación y los recursos que genere el Tren Maya, que también construyen los militares en algunos tramos, y según anunció la semana pasada el presidente, también les va a entregar al Ejército la operación del corredor Transístmico de Oaxaca. Si a eso le añadimos la operación de las Aduanas y Puertos, la administración del destino turístico de las Islas Marías, la aplicación de vacunas y la construcción de sedes del Banco del Bienestar, no cabe duda de que este es el sexenio de los militares y que el gobierno civil de México cada vez luce más militarizado y de color verde olivo. Al paso que vamos López Obrador, que empezó su sexenio hablando de acabar con el “gobierno rico y pueblo pobre”, terminará entregando un país con “Ejército rico y pueblo pobre”… Los dados mandan Escalera. Subida.