Dos años separan aún a Veracruz de la cita electoral para renovar la gubernatura, pero la efervescente pugna entre facciones de Morena y otros partidos ha impuesto un grave deterioro a la convivencia política. Ello parece ser el telón de fondo de la peor crisis de seguridad que haya vivido esa entidad en el pasado reciente. 

La fuente del problema puede radicar en la manera en que es administrado el poder en el estado. Decir que el mismo es gobernado por el morenista Cuitláhuac García supondría un acto de condescendencia dada su novatez y su inclinación a otras pasiones, como la academia, la literatura de ciencia ficción y la música, lo mismo da si es clásica o de salsa. 

Desde el inicio de su gestión, García Jiménez quedó subordinado a dos tutores muy cercanos al presidente López Obrador: la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, que deben compartir escenario con Manuel Huerta, a cargo de los programas sociales federales en la entidad. Los cuatro, como pueden, mandan en Veracruz. Los tres últimos —por no mencionar a figuras foráneas— desean tener el cargo formal a partir de 2024. 

La deriva política que este escenario impone parece alentar todo tipo de crisis, entre ellas, brutal, la de inseguridad, con cuotas de sangre nunca vistas por su dimensión y por sus características, lo que incluye la presencia de bandas del narcotráfico que pueden tener un sello conocido, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero moldeadas por un deterioro incesante, del que surgen grupos como “Las Cuatro Letras” o “Los Zetas de la Vieja Escuela”. 

Solo entre enero y abril de este año fueron reportadas como desaparecidas 160 mujeres y niñas, y se han contabilizado 31 feminicidios en el mismo periodo, que según señalamientos diversos, sólo han merecido la apertura de 10 carpetas de investigación por parte de las autoridades judiciales. La cifra global de desparecidos ya es de 5,736, pero colectivos ciudadanos estiman que podría llegar a 20 mil por casos no reportados. 

Veracruz encabeza los listados de atentados contra políticos y las denuncias de presuntos vínculos entre estos y el crimen organizado. De los 156 periodistas asesinados en los últimos 20 años, 33 lo fueron en territorio veracruzano, el doble de cualquier otro estado que represente también un peligro para el ejercicio del periodismo. 

Rocío Nahle desea gobernar Veracruz, pero nació en Zacatecas, por lo que podría estar impedida legalmente, y una reforma a la Constitución local que le pavimentaría el paso está congelada en el Congreso local por parte del líder de Morena, Javier Gómez Casarín. 

En la acera de enfrente, el polo opositor tiene sus propios dilemas entre diversas figuras: el clan formado por Miguel Ángel Yunes Linares muestra ventaja por conducto de su hijo, Fernando Yunes Márquez. Pero hay otro heredero con ambiciones: Fidel Herrera Borunda. 

El conjunto de todas esas pugnas hace impredecible la negra cuota de inestabilidad política —y de sangre— que Veracruz nos seguirá aportando. 

Apuntes: 

Al tiempo que se siguen calentando los ánimos para la sucesión de Arturo Zaldívar en la presidencia de la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha dicho a sus cercanos que no planea buscar el cargo en enero próximo, contra lo que se especula respecto de este reconocido jurista que condujo con eficacia el tribunal de la ciudad de México (2000-2004). Con casi 73 años a cuestas, eso podría representar una renuncia definitiva a dicha posibilidad por parte de esta que es una de las presencias más sobrias y dignas en el máximo tribunal.