Desde inicios del gobierno López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la conducción de Santiago Nieto, integró un mapa sobre las redes de negocios del actual gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El carácter estratégico de la entidad condujo a que esos expedientes atrajeran una negociación política que diluye la posibilidad de cargos penales contra el mandatario, sus operadores financieros y prestanombres —entre ellos, integrantes de su familia. 

Lo que nadie pudo evitar fue la deriva de la gestión de Joaquín González, tachonada de rupturas e incluso persecuciones contra los aliados que lo llevaron al cargo en 2016. Las fracturas alcanzan a su familia, forjada a la sombra del cacicazgo de Nassim Joaquín Ibarra. A ese tronco pertenece Pedro Joaquín Coldwell —medio hermano de Carlos—, que ha ocupado varios cargos, entre ellos el de gobernador (1981-1987) y secretario de Energía en tiempos de Emilio Lozoya, director de Pemex, en el polémico periodo de Enrique Peña Nieto. 

Este espacio tuvo acceso a los reportes iniciales de la UIF sobre Joaquín González. Especial atención merecían múltiples operaciones inmobiliarias en Quintana Roo y en Yucatán, cuya operación se atribuye a José María Rejón, cuñado del mandatario estatal. También se menciona el trasiego de fondos en efectivo fuera del estado supervisados por un amigo cercano, empresario regional ligado a una conocida compañía cafetalera. 

Un nombre que desborda por varios flancos el reporte sobre Joaquín González es el de Juan Vergara Fernández, su primer secretario de Finanzas y Planeación, en el cargo durante 17 meses pese a que lo rodeaba un escándalo por sus ligas con empresas factureras en colusión con Víctor Manuel Álvarez Puga, famoso por estar casado con la estrella televisiva Inés Gómez Montt. Como se ha documentado en este mismo espacio, Vergara renunció a su puesto en febrero de 2018. Todavía buscó ser impulsado por el PRD a la alcaldía de Benito Juárez-Cancún. Sin embargo, unos días después de su salida fue detenido bajo cargos de lavado de dinero. 

El relevo de Vergara, y actual titular de Finanzas, es otra operadora bajo sospecha de Joaquín González. Se trata de Yohanet Muñoz, unos de los flancos más débiles de la transición hacia el nuevo gobierno que a partir del 25 de septiembre conducirá María Elena Lezama, impulsada por Morena. 

“Mara” Lezama, ex alcaldesa de Benito Juárez, acumula años de cercanía con el saliente gobernador, lo mismo que con el dirigente del Partido Verde, Emilio González, asentado en Cancún desde hace años. Ambos actores fueron sus principales impulsores para acercarla con el presidente López Obrador. Este pacto impedirá que Joaquín González siga el camino de causas judiciales que enfrentaron antecesores suyos como Mario Villanueva o Roberto Borge. Por esos y otros motivos, su expediente en la UIF acumula polvo en algún archivero. 

Pese a su carisma, Lezama Espinosa no ha podido diluir la percepción de que encara compromisos por los que no podrá o no querrá romper con los intereses que han dominado la administración de un estado atenazado por el crimen organizado en casi todas sus expresiones: tráfico y venta de drogas, extorsión, cobro de piso; tráfico de personas, turismo sexual, mafias de todas las denominaciones y nacionalidades imaginables... Y en el sustrato, una connivencia escandalosa con todo tipo de autoridad y grupo político. 

Por lo pronto, el gobernador Carlos Joaquín González busca colar al equipo de su sucesora a su tesorera, la mencionada Yohanet Muñoz, para cuidarse las espaldas. Y ha dicho a sus cercanos que tiene la promesa presidencial de hacerlo secretario de Turismo. 

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