Miguel Ángel Yunes Linares y su familia, un claro polo de poder en Veracruz, opositor a la cuarta transformación, son el centro de una indagatoria por lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez.
Información en poder de este espacio revela que la UIF identificó una red de empresas comerciales, aseguradoras y cuentas bancarias alrededor de Yunes Linares y sus hijos Fernando, Miguel Ángel y Omar Yunes Márquez. En el informe se detallan también movimientos financieros de sus sobrinas, hijas de su hermana Alicia Yunes Linares; igualmente, de excolaboradores en el gobierno federal y en el gobierno de Veracruz.
Fuentes consultadas aseguraron que la UIF estaba lista en semanas recientes para presentar una denuncia contra los Yunes ante la Fiscalía General de la República, que a inicios de 2021 difundió que investigaba a Yunes Linares por una demanda de dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre un presunto fraude con el manejo de préstamos a integrantes del magisterio.
Yunes Linares fue miembro del Partido Revolucionario Institucional durante 35 años, desde 1969, en su juventud temprana, y en ese entorno desempeñó cargos públicos locales y federales, además de ser legislador. Desde 2004 inició un acercamiento con el Partido Acción Nacional que se formalizó en 2008, durante la presidencia de Felipe Calderón, a cuyo arranque fue designado director del ISSSTE, entre otras posiciones. Entre 2016 y 2018 desempeñó una gubernatura por dos años en Veracruz. Desde el PAN se constituyó en contrapeso de los gobiernos priístas en el estado, y ahora, de Morena, con Cuitláhuac García.
En el reporte aludido de la UIF sobre transferencias hacia los Yunes y depósitos de éstos en múltiples compañías, destacan casos como el “Cobranza y Recuperación”, S.A. de C.V., propiedad de Omar y Miguel Ángel Yunes Márquez. Esta empresa realizó transferencias vía SPEI por 247 millones 958 mil pesos, entre 2012 y 2020. Los principales beneficiarios fueron precisamente Omar Yunes Márquez, la “Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales”, S.A. de C.V., y “Veracruzana de Bienes Inmuebles”, S.A. de C.V., cuya propiedad Yunes Linares comparte con sus hermanos Antonio y Norma Graciela. Siempre según el reporte referido, la empresa “Veracruzana de Bienes Inmuebles” aparece en la lista de sujetos investigados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS) de la FGR.
El inevitable telón de fondo de la investigación de la UIF es la efervescencia política en el estado que gobierna el morenista García Jiménez, lo que ha incluido sacudimientos en diversos frentes, entre otros, la detención, el 22 de diciembre, de José Manuel del Río Virgen, personaje clave en el Senado, cercano al líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.
Tras las elecciones locales de junio pasado, Patricia Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez y nuera de Yunes Linares, ganó la alcaldía del puerto de Veracruz, el de mayor presupuesto en el estado. Su triunfo fue puesto en vilo por impugnaciones legales, pero finalmente fue avalado en tribunales. Apenas el mes pasado, el clan Yunes se impuso en el control de la elección de nuevos dirigentes del PAN estatal, por conducto de Salomón Molina como presidente y, en particular, de Indira Rosales, veterana colaboradora de Yunes Linares, cuya nueva encomienda la hizo pedir brevemente licencia a su senaduría.
Otro factor a la vista lo ofrece el activismo de Movimiento Ciudadano, por conducto de Dante Delgado, senador y, si no hay sorpresas de por medio, próximo aspirante a la gubernatura en 2024, mediante una eventual alianza que le resultaría fácil construir.
