El debate sobre la reforma eléctrica del gobierno López Obrador encara un obstáculo adicional en la animadversión social y política ganada a pulso por Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La propuesta puede tener buenos o malos argumentos, pero es un peso muerto sobre los hombros del Presidente, pues carece de cualquier otro vocero con credibilidad.

El desdén de Bartlett hacia sus interlocutores, su obcecación en que la reforma quede intacta (“se queda como está”, dijo), obligó incluso a un llamado a la prudencia por parte del líder senatorial de Morena, Ricardo Monreal.

La polémica resulta aderezada por la vinculación de Bartlett con negocios privados, vía su familia y su pareja, la señora Julia Abdala, ahora en el escándalo “Pandora Papers”. Ella tuvo una modesta aparición en la vida pública en Puebla en los años 80, y (contra el comentario presidencial en la mañanera), nunca se supo que acumulara fortuna personal antes de su relación con quien fuera gobernador poblano (1993-1999). 

Es difícil imaginar la defensa de Bartlett incluso por parte de quien formalmente es el principal operador de la relación entre Palacio y el Congreso, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que comparte con aquél la raigambre tabasqueña, pero también antecedentes de una mala relación personal. 

El próximo mes, cuando inicie la recta final hacia la votación de la reforma en las cámaras, se cumplirá un año de que los señores López Hernández —entonces gobernador de Tabasco— y Bartlett Díaz, figuras clave de la llamada cuarta transformación, decidieron intercambiar insultos públicos tras minutos de haberse reunido en privado con su jefe, en Palacio mismo.

“(El gobernador) me quiere echar la culpa de sus torpezas”, declaró Bartlett ese 11 de noviembre a los reporteros cuando lo consultaron sobre comentarios expresados la víspera por el gobernante estatal ante la grave inundación de la planicie tabasqueña, que dejó bajo el agua a los municipios de Nacajuca, Xalpa y Cunduacán tras el desfogue de la presa “Peñitas”. Y sobre la advertencia del mandatario sobre posibles demandas, el titular de la CFE remató: “Eso me da risa”.

Instantes después, el ahora secretario de Gobernación le reviró, igualmente frente a la prensa: “Lo de él (Bartlett) no es una torpeza sino un cinismo profesional…él y sus burócratas abrieron la presa. Ahora llovió menos y nos inundamos más. Nos vemos en los tribunales…”.

Con todo ello como telón de fondo, ¿quién defiende esta reforma? 

Apuntes: La tarde de mañana se definirá en audiencia judicial la suerte de Rosario Robles, uno de los personajes más enigmáticos en la amplia lista de inquinas del presidente López Obrador. Se le cambiará la cárcel por prisión domiciliaria, lo que sólo podrá evitar la autoridad si le finca cargos por delincuencia organizada. Señalada como operadora de la llamada “Estafa Maestra”, la señora Robles rechazó, por los dos años y dos meses que acumula privada de su libertad, un acuerdo con la fiscalía de Alejandro Gertz que la hubiera obligado a inculpar a sus tres superiores durante el gobierno Peña Nieto: Luis Videgaray, Miguel Osorio y el propio exmandatario. Quien haya estudiado aun superficialmente el entramado de dinero que supuso la “Estafa”, sabe que ella formó parte; también, que hubiera sido imposible sin la operación desde Hacienda, Gobernación y Los Pinos. Salta a la vista, de la misma manera, la escandalosa diferencia entre el trato legal otorgado a ella y los privilegios permitidos a Emilio Lozoya, entre otros muchos imputados que con la 4T han disfrutado de buenas dosis de gracia ante la justicia.