El Senado se halla bajo presión para designar hoy al nuevo integrante de la Corte a partir de la terna enviada a contrarreloj por el presidente López Obrador con los nombres de Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Verónica de Gyvés. El perfil seleccionado anticipará lo que podremos esperar del máximo tribunal, colocado durante el presente gobierno bajo un entorno cada vez más viciado.

El escenario de nuestro Poder Judicial federal se ha sumado, de acuerdo con la evaluación de expertos, a la tendencia que se observa en otras naciones bajo democracias inmaduras, donde políticos frustrados por el fracaso de sus programas buscan impedir a jueces atender los reclamos de ciudadanos que piden el amparo de la justicia ante lo que consideran agravios a sus derechos por parte de la autoridad.

Las señales parecen favorecer a Loretta Ortiz como inminente beneficiaria del apoyo de Palacio y de la mayoría de los senadores, no solo de Morena, sino también del PAN. Ella posee impecables credenciales académicas y técnicas. Se le echa en cara, sin embargo, que desde hace meses decidió sumarse al ministro presidente, Arturo Zaldívar, en la reyerta que sostiene con un bloque de sus compañeros de pleno, con jueces y magistrados, así como con un amplio sector de la academia especializada y las asociaciones de abogados.

 Otra alternativa es representada por Bernardo Bátiz, un hombre cercano al Presidente y quien al inicio de la administración estaba proyectado para ser el fiscal general de la República, pero se disculpó alegando inconvenientes de salud propios de un hombre que supera los 80 años. Su designación ayudaría a que el tribunal viviera un periodo de transición bajo mayor serenidad y madurez. 

La Corte, bajo la conducción de Zaldívar, empieza a asemejar una arena en la que deben dirimir la intromisión cotidiana de Palacio, una pretendida estrategia de depuración sobre jueces y magistrados a los que se acusa de corrupción o conflictos de interés, y la respuesta de un segmento de éstos en el sentido de que lo que en realidad está en proceso son purgas y castigos contra juzgadores por exigir respeto hacia su labor.

La previsión es que el ingreso de la doctora Ortiz a la Corte la involucrará, como actor clave o como activista, dentro de la trinchera de Zaldívar en la batalla que se libra ya por la próxima presidencia del alto tribunal, al cancelarse la virtual reelección de éste que se buscó imponer mediante la letra menuda de un artículo transitorio.

Ese pequeño pero explosivo artículo fue introducido en la reforma judicial elaborada y cabildeada directa y personalmente por Zaldívar Lelo de Larrea, quien en su oportunidad confirmó que no había consultado a sus compañeros de pleno para confeccionar el proyecto que presentó no ante el Congreso, como debió corresponder, sino durante una “mañanera” presidencial.

 La pretensión de mantener a Zaldívar al frente de la Corte hasta el final del sexenio se derrumbó de forma inevitable, con un costo importante para su prestigio, dejando al máximo tribunal bajo intemperie.

 Ese artículo transitorio fue un cadáver insepulto hasta la sesión reciente de la Corte, que incluyó críticas abiertas al Congreso por haber dejado pasar una intentona de esa magnitud. La ácida invectiva de la ministra Norma Lucía Piña contra los legisladores en realidad tenía a Zaldívar como destinatario. Ricardo Monreal, líder senatorial de Morena, debió subrayar que desde la Corte se veló por el avance del tema. Y rechazó lo que describió como “grosera intromisión” de un poder sobre otro. Así las cosas.