Tres años de años de bandazos, ensayos y errores en el sector salud, con un descomunal costo financiero y social, han conducido finalmente al gobierno López Obrador a decidir cuál será su modelo de salud pública, del que dependen siete de cada 10 habitantes del país. El secreto siempre estuvo a la vista: apostar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su dimensión, como el eje clave para establecer un sistema universal similar al de muchas naciones – sí, incluso las escandinavas. 

Este proyecto, que marcará el legado del sexenio, encuentra ya su principal desafío en la escasez de recursos. La pandemia y contingencias adicionales han virtualmente extinguido la reserva de 100 mil millones de pesos, formada durante la década previa por el desaparecido Seguro Popular, del llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). 

Casi 40 mil millones de esa cifra fueron extraídos solo para la compra de vacunas contra la covid. La agonía del FPGC pone en vilo programas para atender las 70 enfermedades graves (de ahí la denominación de catastróficas) que cubría el Seguro Popular, como el cáncer en niños y de mama. Según los registros suspendidos en 2019, el Seguro Popular atiende a 50 millones de personas. 

De acuerdo con informes compartidos a este espacio sobre el nuevo programa determinado en Palacio, puesto ya en marcha en varios estados (como ocurrió en Colima este fin de semana), el IMSS regirá el sistema público en las zonas urbanas, y su extensión, IMSS Bienestar, lo hará en las áreas rurales, bajo una estructura jurídica y operativa diferente.

Las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) mantendrán un sistema propio y autónomo. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores de Petróleos Mexicanos en todo el país. El Instituto Nacional del Bienestar (Insabi), quizá la peor idea de la actual administración experimentará un progresivo achicamiento, pero seguirá participando en la compra de medicinas bajo un sistema que exhibe cada vez mayores indicios de ineficacia y corrupción. 

 Esta debe ser considerada una buena noticia. Los propósitos de un sistema único de salud pública, con su natural núcleo en el IMSS, se han frenados durante décadas por intereses políticos, argumentos jurídicos (la condición tripartita del Instituto) y aun gremiales, ante los costos que le impone su sindicato. 

De acuerdo con testimonios recogidos de fuentes directas, el presidente López Obrador siempre se mostró contrariado ante los jaloneos que ocurrían en su gabinete en torno al tema de la salud, lo que la pandemia no hizo más que empeorar. 

 “¡Pónganse de acuerdo!”, dijo alguna vez, durante una reunión a la que acudían los entonces titulares de Hacienda, Carlos Urzúa; del IMSS, Germán Martínez; de Salud, Jorge Alcocer; la subsecretaria del ramo, Asa Cristina Laurell, así como la poderosa oficial mayor de la propia Hacienda, Raquel Buenrostro. Todos ellos perdieron eventualmente el cargo, salvo Alcocer, con minúscula influencia en el equipo. 

Como se anticipaba desde hace meses, el Presidente decidió confiar en la experiencia e infraestructura del IMSS, a cargo de Zoé Robledo, quien tendrá el múltiple reto de reactivar la compra de medicinas y frenar la rebelión de colectivos de pacientes. 

No existe la misma claridad sobre cómo se habrá de corregir el pésimo desempeño del Insabi, a cargo de Juan Antonio Ferrer, un apasionado de la arqueología, quien ha sido incapaz de contener la corrupción galopante en sus compras de medicinas. Un escándalo que pronto tocará también las puertas de Palacio.