Sólo el peso de Palacio Nacional puede explicar el apresuramiento dócil del Congreso para proseguir con la aprobación de reformas al Poder Judicial federal que incluyen imponer que su actual presidente, el ministro Arturo Zaldívar, extienda su nombramiento por dos años. Para la cabeza del máximo tribunal esto no puede ser un regalo, se trata de una humillación. Si él acepta, quedará reducido a la condición de pelele bajo cuyos pies se abrirá un foso de ilegitimidad.

Cada hora en que Zaldívar se conserva ausente y en silencio, como un Hamlet —el trágico príncipe de la indecisión—, parecerá confirmarse que ha decidido hundirse en el pantano de la sumisión para apuntalar una tarea que parece naufragar en la falta de consenso con sus pares. 

Pero no estará solo. La temida deriva del país hacia una presidencia absoluta hace recordar frases célebres, en el sentido de que la historia juzgará con dureza la temeridad y aun la violencia de los maliciosos, pero también el silencio de los buenos. 

A la luz de sentencias firmadas por Zaldívar —“Ley Bonilla” y alteración en la temporalidad de consejeros de la Judicatura, por ejemplo—, la propuesta de la mayoría de los senadores es contraria a la Constitución. El argumento en favor expresado por el presidente López Obrador es uno de sus más graves actos fallidos. 

 Es también falaz la postura presidencial sobre que resulta necesario mantener a Zaldívar en el puesto para “purificar” la administración de la justicia federal. Palacio cuenta ya con suficientes votos afines en la Corte. Este año habrá una nueva vacante, con la jubilación del ministro José Fernando Franco, y la correlación beneficiará aún más a la 4T. Bajo su mandato constitucional, Zaldívar debería ser relevado en la presidencia de la Corte en enero. Es muy probable que su sucesor sea alguien igualmente cercano al Ejecutivo.

Esta nueva crisis premeditada en torno al Poder Judicial federal atrajo inquietud desde virtualmente todos los espacios de análisis. Se apunta que, de manera paulatina, calculada, en sucesivos acercamientos a lo que, en términos de democracia, parece una visión de país anclada en el pasado como una estaca en la tierra, el presidente López Obrador luce decidido a traducir su llamada cuarta transformación en el sojuzgamiento de instituciones cuyo diseño correspondió a la búsqueda de contrapesos y equilibrios frente a nuestro siempre desbordado Poder Ejecutivo.

 Ni sus mayores adversarios pueden poner en tela de duda el respaldo popular que lo llevó al cargo hace casi 30 meses. Pero resultaría difícil empatar el mandato recibido con las causas que hoy dominan la gestión del tabasqueño, que sin embargo conserva un alto nivel de aprobación —si debemos creer lo que la gente declara en las encuestas.

Este nuevo episodio debe obligar a preguntarse sobre las voces que tendrían que activarse en favor de la cordura democrática, dentro y fuera del gobierno. Al interior de éste es un enigma si la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ella misma exministra, avala esta situación, y lo mismo debemos preguntarnos de otros integrantes clave del gabinete.

En este momento el debate público es un desierto más allá de un robusto cuerpo de periodistas y editores. Si uno mira hacia la academia —notablemente la UNAM—, la mayoría de los gobiernos estatales o los líderes empresariales encontrará que la mayoría está viendo hacia otro lado, en espera de que la tormenta amaine y pensando, tal vez, que esto es lo peor que nos podrá pasar. Quizá se equivoquen. 


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