A dos semanas de que una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos visitara México para subrayar un mensaje de urgencia ante la convulsión que vive la frontera común, existe un amargo sabor de boca en ambas partes, por la falta de niveles mínimos de entendimiento. La diferencia parece radicar en que Palacio Nacional busca ganar tiempo, mientras que la administración Biden luce exasperada. Se trata de un coctel explosivo.

En contraste con lo que ocurre en la nación vecina —donde se acumula una agenda de desencuentros con la llamada 4T—, el gobierno López Obrador da la espalda en los hechos a los temas binacionales. El agudo olfato político del presidente López Obrador no estaría funcionando en este caso. Al parecer le impide entender que es mucho lo que no entiende.

Esta contingencia sobre las espaldas del gobierno Biden ensombrece la posibilidad de que el Congreso estadounidense apruebe su propuesta de abrir una ruta hacia la nacionalidad para 11 millones de indocumentados actuales, muchos de ellos mexicanos.  

Los funcionarios visitantes, Roberta Jacobson, Juan González y Ricardo Zúñiga, integran un equipo de consejeros de alto nivel con acceso pleno a la Casa Blanca, que quizá por vez primera en la historia, colocan en el Salón Oval los temas de la región, la cual conocen a profundidad, por su trayectoria en el Departamento de Estado o en el Consejo Nacional de Seguridad, incluso en la embajada en México —como ocurrió con Jacobson y Zúñiga. La mirada de Biden se ha perfeccionado desde que en 2014 fue designado por Barack Obama —ahora repite el modelo con Kamala Harris— para atender la crisis de las sucesivas oleadas migratorias desde territorio mexicano.

Un punto sobre el que ya están a la vista las discrepancias es la estrategia para Centroamérica, en particular Guatemala, El Salvador y Honduras. Un informe publicado a finales del año pasado bajo la firma del citado Ricardo Zúñiga, entre otros autores, ubica a la corrupción galopante en el llamado Triángulo del Norte como el principal factor que ha impedido el avance de los programas de ayuda, y llama a fortalecer a organismos de la sociedad civil y agrupaciones empresariales en la zona para liderar una nueva etapa.

Como alerta Andrew Selee, ampliamente conocido en México y quien encabeza el independiente Instituto de Política Migratoria, hay por lo menos tres crisis fronterizas: el flujo incesante de niños migrantes no acompañados —18 mil están en territorio norteamericano, en refugios irregulares y aun ilegales. Por otro lado, el sistema de asilo tarda hasta dos años y medio en resolver una solicitud; hoy, tras el gobierno Trump, que virtualmente suspendió este recurso, están acumuladas 1.3 millones de ellas, un tercio más que con Obama.

De acuerdo con información oficial, las presiones de Trump orillaron al gobierno mexicano a albergar indefinidamente a 70 mil de estos solicitantes, bajo los llamados Protocolos de Protección Migrante. El gobierno Biden está expulsando hoy al menos a 40% de las familias solicitantes de asilo, y a casi la totalidad de los individuos solteros que hacen ese reclamo, al sostener la política de Trump llamada Título 42.

La tercera crisis son las expulsiones. Durante el último año hubo más de 500 mil, la mayor parte de ellas son centroamericanos, pero el porcentaje de mexicanos es cada vez mayor. La carga económica y social de este fenómeno sobre los estados fronterizos mexicanos es enorme. El mayor flujo actual de expulsiones es sobre Tamaulipas. Frente a este panorama ominoso, aquí parecemos seguir entendiendo al mundo mirándonos el ombligo.


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