A las cosas por su nombre.
Germán Larrea no se desistió de la compra de Banamex como se pretendió hacernos creer. Fue Citigroup quien decidió no venderlo de manera directa ni al llamado “rey del cobre” ni a ningún otro particular, y posponer hasta 2025 su desincorporación, vía venta de acciones en el mercado de valores, plan B de la multimillonaria operación de compraventa desde que se anunció el 11 de enero de 2022.
La pregunta, en todo caso, es ¿por qué lo decidió así el gigante bancario estadounidense?
Una respuesta, la oficial, está en el comunicado con el que Citi anunció el miércoles pasado que hará una oferta pública inicial (OPI) para la venta en la bolsa de valores de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial que ofrece Banamex.
“Concluimos que (ese es) el camino óptimo para maximizar su valor para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma”, explica en el comunicado la directora general de Citi, Jane Fraser.
Otra respuesta: Citi valuó a Banamex en nueve mil 500 millones de dólares y la última oferta de Larrea -según se supo- fue de siete mil millones de dólares. Acaso esa diferencia de dos mil 500 millones de dólares (motivo de gran diferendo que prevaleció durante las largas negociaciones con Grupo México), sea la maximización de valor que busca Fraser.
Una respuesta más podría estar en las garantías y requisitos que se pusieron para la venta. Lo difícil de su cumplimiento fue lo que sacó de la puja a posibles postores y acabó por dejar a Larrea como el único comprador.
Pero los escenarios para satisfacer esas garantías (que se compre en no menos de nueve mil 500 millones de dólares, que quede en manos de inversionistas mexicanos, que se paguen impuestos, que se respeten la planta laboral y el acervo cultural del banco, entre otras), se enturbiaron cuando AMLO empezó a meter mano negra públicamente de manera indirecta y directa.
Indirecta el pasado viernes 20 de mayo cuando decreta la toma temporal con efectivos de la Marina, de manera temporal no definida y por razones de utilidad pública, de un tramo de la sociedad anónima Ferrosur, del Grupo México, a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de capital estatal mayoritario. Es francamente imposible creer que AMLO no haya considerado que el anuncio de esa decisión fuera en el “timing” de la venta de Banamex.
Para el lunes 23 de mayo se filtraba la versión de que el “rey del cobre” se desistiría de la compra del banco junto con la declaración de que no iba a pagar miles de millones de dólares por un banco que después le podía quitar el gobierno.
Fue así que AMLO inició el martes 24 de mayo las alusiones directas. Declaró que la 4T requería de un banco y que, si Larrea se desistía de la compra de Banamex, podría explorarse la posibilidad de que lo comprara su gobierno. Si los focos rojos se habían encendido en Citi con el decreto de la ocupación de vías férreas en el istmo, casi estallaron cuando se conocieron tales declaraciones.
Pero a Citigroup le había caído el pretexto perfecto y a la mañana siguiente, muy temprano (miércoles 24 de mayo), hizo el anuncio. “Ni para Larrea ni para AMLO, Banamex va a la bolsa de valores”, encabezó EL UNIVERSAL.
A ojos de analistas económicos consultados por esta columna (tanto cercanos como críticos de la 4T), este desenlace es un perder-perder. Perdió Citi al no vender de manera directa y por lo tanto quedarse por lo pronto sin ese ingreso líquido; perdió Larrea al no con concretar el negocio de su vida: adquirir Banamex al precio que pretendía; perdió el gobierno al no ingresar a sus arcas impuestos por esa operación estimados en dos mil millones de dólares; y pierde el país al debilitarse más la confianza del inversionista.
Un dato del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM: la inversión extranjera directa recibida el primer trimestre de este año fue de 18 mil 636 millones de dólares, 4.1% menos que los 19 mil 427 millones de dólares recibidos en el mismo período del año pasado.
Eso es una señal contundente de la pérdida de confianza empresarial que, por lo pronto, pone en riesgo 117 proyectos de inversión por 48 mil millones de pesos recientemente anunciados por la Secretaría de Economía.
AMLO insistió el viernes 26 de mayo pasado en su elucubración de que el gobierno compre Banamex. ¿Puede hacerlo en las actuales circunstancias? No, por lo visto. El gobierno por sí solo no puede comprar acciones privadas. Para hacerlo tendría que conformar una asociación público-privada para las que el tiempo (al menos el de su mandato) ya juega en su contra. Debe quedar claro, por otra parte, que la venta de Banamex en bolsa no eximirá a los compradores del pago de impuesto como ocurrió cuando Citi lo compró el 17 de mayo de 2001
¿Puede nacionalizar o expropiar? Sí, pero ¿cómo lo justificaría? Una decisión así quitaría muchos bonos a su gobierno, bajaría la calificación país y complicaría innecesariamente la situación económica. O ¿insistirá en el argumento -como lo dijo el viernes- de que es un muy buen negocio?
Si así es, señor presidente, ¿no nos dijo que iba separar el poder económico del poder político? O ¿quiere en realidad separarlos para después sumar más poder económico al político? Visto está, además, que el gobierno no es un buen banquero. Ya tuvimos la mala experiencia de la nacionalización bancaria de 1982.
Dicen los que saben de esto que no hay manera de que Banamex quede en manos del gobierno, pero también decían que no había manera de que se cancelara el nuevo aeropuerto de Texcoco y ya ven.
Basta de ocurrencias, basta de incertidumbre. ¡Ya párele presidente! No le atice más al fuego.
NEPOTISMO MORENISTA EN EL CAMINO A MORELOS
El panorama político en Morelos ha sido empañado durante los últimos años por acusaciones de nepotismo y favoritismo contra uno de los principales personajes políticos de la entidad que no ha ocultado su interés de ser el candidato de Morena para suceder a Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura.
Se trata de Rabindranath Salazar Solorio, actual coordinador general de Política y Gobierno del gobierno federal, cargo en el que se refugió después de acceder a apoyar hace cinco años la candidatura de Blanco y de ejercer como director general del BANSEFI durante la época en que se transformó en Banco del Bienestar.
Señalamientos de distintos sectores sociales y políticos sugieren que Salazar Solorio ha estado utilizando su influyente posición y su supuesta amistad y cercanía con López Obrador, para beneficiarse no solo a sí mismo, sino también a su familia, amigos y colegas en la política y el gobierno de Morelos.
Entre otras: el nombramiento de sus hermanos Debendranath Salazar Solorio en cargos de diferentes ayuntamientos; Radamés Salazar como senador de la república; Eduwigis Rocío Salazar en el ayuntamiento de Jiutepec y Aldegundo Salazar como asesor en la Cámara de Diputados.
Pero uno de los más recientes y relevantes porque se relaciona directamente con la promoción personal con recursos públicos del propio Rabindranath, es el nombramiento de el subgerente de Liconsa en Morelos, Jaime Rosas Jiménez, quien está vinculado sentimentalmente con una de las hermanas Salazar.
Desde su inicio en este cargo, tras haber ocupado distintas funciones de comunicación social en el municipio de Jiutepec, Rosas se ha dedicado a organizar eventos de inauguración de lecherías Liconsa, en las que recurrentemente es invitado de honor el coordinador general de Política y Gobierno, quien se promueve así políticamente de cara al proceso electoral del próximo año.
Los denunciantes refieren actos de este tipo en el poblado indígena de Cuentepec (14 de noviembre de 2022), en Axochiapan (5 diciembre de 2022), en Puente de Ixtla (19 de diciembre 2022) en Jonacatepec (31 de enero 2023), en Cuautla (7 de febrero 2023), en Temixco (13 marzo 2023), en Jiutepec (17 abril de 2023) y contando.
Y aunque estos eventos no son la única estrategia de Rabindranath Salazar Solorio para promocionar su imagen y posicionarse en el estado de Morelos, esta práctica socava los principios de equidad, transparencia e igualdad de oportunidades que son fundamentales para un sistema democrático.
Este “nepotismo” ha generado preocupación pues excluye a personas más calificadas y perpetúa una práctica corrupta que prioriza las relaciones personales sobre los nombramientos basados en el mérito, lo que -según la 4T- ha sido su bandera.
GUERRA SUCIA: A UNA SEMANA DE LA ELECCIÓN EN EL EDOMEX
Ante el muy probable triunfo de Delfina Gómez dentro de ocho días en las elecciones del Estado de México, llama la atención que colaboradores del gobernador Alfredo del Mazo no hayan leído correctamente las señales de no involucrarse en el proceso y filtrar asuntos de la vida privada de personajes relevantes en la campaña morenista mexiquense, como Horacio Duarte, Higinio Martínez y César Faz. En el “curto de guerra” de la maestra identifican a Ricardo (Ricky) Arango y su despacho como los responsables de una guerra sucia. Lo que los guindas averiguan es si Ricky lo ha hecho con la venia de Del Mazo o no, dado que trabaja como asesor del mandatario. Desde ahí también se preguntan si personajes como Mario Delgado o Hugo López Gatell, con quienes Aango presume tener cercanía, están enterados de estas acciones en el Edomex. Por lo pronto, en Morena aseguran tener pruebas del origen de esos ataques, y dicen que no lo van a dejar pasar.
Instantáneas:
1. SOBRE DERECHOS HUMANOS. El Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC) y la Editorial McGraw-Hill presentaron el libro "Derechos Humanos Una Visión Multidimensional del doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma, especialista en derecho constitucional que se ha desempeñado como subprocurador de Derechos Humanos de la PGR y como director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El libro fue presentado y comentado por la doctora Eugenia Paola Carmona Díaz de León, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga, el maestro Ricardo Silva Díaz, profesor de derecho constitucional y exrector de la Escuela Libre de Derecho, el doctor Juan Luis González Alcántara-Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el maestro Alfredo Delgadillo Aguirre, rector del INDEPAC.
2. ESPIONAJE. Por cierto, los presuntos actos de espionaje contra el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas denunciados por el New York Times fueron a rebotar hasta Londres. El influyente semanario The Economist considera entre su menú de información internacional relevante el uso de sistema de espionaje Pegasus utilizado contra el funcionario mientras investigó la posible participación de militares en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El número de The Economist del viernes pasado incluye otras dos menciones sobre México: la decisión de Citigroup de vender Banamex en el mercado de valores y posponer el proceso hasta 2025 y un artículo sobre la sucesión presidencial. A este último lo encabeza “La carrera para suceder a AMLO” y se inclina un tanto hacia Claudia Sheinbaum al señalar “México podría elegir a su primera mujer presidenta el año próximo”.
3. PENSIÓN. AMLO presentó el viernes por la noche su declaración patrimonial anual y en ella incluye por primera vez el ingreso de su pensión de adulto mayor. Por ese concepto recibe desde el año pasado 19 mil pesos extra que se suman al ingreso neto anual de un millón 697 mil 81 pesos que declaró el mandatario.
