Son varios los que no solo sus adversarios podrían enumerar: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el pago de la multimillonaria indemnización correspondiente, la construcción del AIFA sin las eficientes y suficientes vías para conectarlo con la CDMX, la escasez de medicamentos provocada al cambiar un esquema de adquisiciones monopolizado por unos cuantos, la militarización del país bajo el supuesto de que los mandos de ese estamento son inmunes a la corrupción y la insuficiente, sino es que fallida estrategia de “abrazos y no balazos” contra la delincuencia y la inseguridad.

Un yerro más ha cometido AMLO -en opinión de quien esto escribe- a propósito de los actos conmemorativos del aniversario número 213 de la Independencia. Pareciera un error insignificante, pero no lo es, pues da lugar a lecturas relevantes en estos adelantados tiempos presucesorios y de volátil polarización política y social.

El pasado miércoles 13 de septiembre, antes de iniciar todo el ceremonial patrio con el acto de los Niños Héroes, López Obrador informó que no invitaría ni a ese, ni a los subsecuentes eventos septembrino (Grito y Desfile Militar) a los representantes de los otros dos poderes de la Unión.

Un argumento inicial fue dirigido al Judicial en la conferencia mañanera: “… no tenemos buenas relaciones porque se ha dedicado a actuar en contra de la transformación… están en contra del pueblo y son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz… son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia, no todos, pero sí predominan”.

Del círculo cercano del Presidente salió después otro argumento: que la exclusión de marras era para no exponer a la investidura presidencial a faltas de respeto. Se referían, sin mencionarlo, a un antecedente, el de la ministra presidenta de la Judicatura, Norma Lucía Piña Hernández negándose a recibir de pie a AMLO cuando llegaba en Querétaro al Teatro de la República para encabezar la ceremonia conmemorativa del 176 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 el pasado 5 de febrero.

La priista Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados también se quedó esperando su invitación para la ceremonia del 13 de septiembre y, tras lamentar que se le hubiera excluido de un acto cívico en el que tradicionalmente han estado representados los tres poderes de la Unión, dijo estar en espera de sus invitaciones a las ceremonias del Grito y del Desfile Militar. Pero nunca llegaron, ni a ella, ni a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández ni a la presidenta de la mesa directiva del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera.

Cabe precisar que, a pesar de ser tradición protocolaria, no existe ley ni reglamento que obligue al Ejecutivo a invitar a esos actos cívico-militares a los otros dos poderes, según se desprende de una búsqueda solicitada a especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El protocolo apela más a la corrección política. En no considerarla ni mucho menos aplicarla, está el error de AMLO por diversas razones e implicaciones: 1. Él no es el único representante del Estado mexicano, pues también lo son quienes encabezan el Legislativo y el Judicial; 2. El asunto se magnifica pues ocurre en la principal fiesta cívico-militar del país en donde el convocante es el propio Estado mexicano, de manera que tan anfitrión es el Presidente de la República como las presidentas del Legislativo y el Judicial; 3. Siendo el motivo conmemorativo la independencia nacional, no se puede mas que esperar un llamado a la unidad, no un proceder equivocado y caprichoso de confrontación de poderes en una compleja coyuntura preelectoral caracterizada por una polarización social aguda, de la que no se tiene memoria en la historia reciente del país; y 4. La interpretación del hecho como un acto de misoginia, ya que son mujeres las tres representantes del Legislativo y el Judicial.

El error no es menor y repercutirá en las definiciones político-electorales de los próximos días y meses.

Xóchitl y los negativos

Llama la atención una encuesta publicada esta semana por el diario español El País sobre las y los eventuales candidatos presidenciales mexicanos. Sus resultados confirman claramente el rápido nivel de conocimiento público que ha logrado Xóchitl Gálvez, pero muestran también un incremento de las opiniones negativas sobre su persona.

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México es la que tiene menos opiniones positivas (36%) y más negativas (32%), mientras que la de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum tiene 63% de opiniones positivas y 10% de negativas.

En ello sin duda han influido aquellas revelaciones que hizo AMLO del monto de contratos de empresas de Xóchitl en Miguel Hidalgo, cuando fue jefa delegacional de la demarcación y las más recientes sobre su “casa roja” sin licencia de uso y ocupación.

También, seguramente, sobre todo entre sus posibles votantes mujeres, las declaraciones, videos y procederes hechos por la aspirante presidencial, que no caen del todo bien en un país donde las mexicanas de entre 30 y 65 años son bastantes conservadoras, según refirió el martes pasado en estas páginas el columnista Javier Tejado.

Entre otros: el video grabado en una cantina de Chihuahua el pasado 21 de julio donde bromeaba con besar un platillo en forma de pene, la entrevista concedida acostada en una cama con el periodista Alberto Peláez y declaraciones como la de “cojo diario… y veme…” hechas a Brozo en un programa de televisión y que reprodujo el periódico “El Independiente” en su primer número publicado el 3 de junio de 2023.

Pero acaso esos negativos sean más bien consecuencia de que ya amarrada su candidatura frentista ha centrado su estrategia política en confrontarse directamente con AMLO, un presidente que tiene 60% de opiniones positivas de la gente. El error ya lo cometió él al apuntalar a Xóchitl al hablar tanto de ella. ¿Ahora lo cometerá ella?

Ovidio: del cnuliacanazo a la extradición

¿Vale la detención de un delincuente, por peligroso que sea, el derramamiento de sangre de un solo inocente?

Esa fue la disyuntiva que se planteó López Obrador el 17 de octubre de 2019 cuando la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder de la facción del cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” dio lugar a una violenta reacción delincuencial que amenazaba con un baño de aquel “jueves negro”. López Obrador optó por liberar al capo junior, con el consecuente escándalo nacional e internacional.

Ovidio continuó así con sus actividades delincuenciales e intensificó el tráfico de fentanilo, incluso operando desde la Ciudad de México, además de supervisar once laboratorios en Sinaloa con una producción mensual de metanfetamina de entre tres mil y cinco mil libras, de acuerdo con las acusaciones fincadas en su contra ante una Corte de Estados Unidos, que está a la expectativa de comprometedoras declaraciones que podrían involucrar a autoridades capitalinas.

Al cabo de 253 días, el pasado 5 de enero de este año, Ovidio fue recapturado en el poblado sinaloense de Jesús María e internado en el penal de alta seguridad de “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México de donde fue excarcelado el viernes pasado y extraditado a Estados Unidos.

¿Le dio el tiempo la razón a AMLO luego de liberar a un delincuente para evitar una matanza? Usted tendrá la mejor opinión. (

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@RaulRodriguezC