Después de meses de una creciente y tensa confrontación de los poderes del Estado por la reforma judicial, y ya encaminados peligrosamente hacia una crisis constitucional, sorprendió el martes pasado que la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, aceptara la invitación que le hizo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para dialogar junto con el líder de la fracción de Morena y cabeza de la Junta de Coordinación Política de esa cámara, Adán Augusto López.
La liga sigue estirada, a nada de reventar.
Jala de una de sus puntas la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, aprobada por mayorías calificadas del Legislativo, ya promulgada, con un proceso en marcha para la elección popular del jueces, magistrados y ministros, y con propuestas de reglas del juego contenidas en iniciativas de reformas y adiciones a dos leyes reglamentarias que avanzaron ayer para su aprobación en el Congreso prevista para la semana próxima.
De la otra punta de la liga tiran el abierto rechazo del Poder Judicial con su personal en paro, las contradicciones detectadas en la enmienda que obligan a una reforma de la reforma, las más de setenta suspensiones provisionales de amparo dictadas por jueces, y la admisión por parte de la Corte de solicitudes para que analice si le está dado controvertir la reforma y de hasta ahora dos demandas que quedaron radicadas en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: una controversia constitucional interpuesta por el panista exgobernador de Guanajuato Diego Sinuhé Rodríguez y una acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, no obstante que la Constitución señala claramente la improcedencia de las impugnaciones referidas.
La imagen que corrobora el encuentro en la vieja sede del Senado en el callejón de Xicoténcatl dejó ver a una inusualmente sonriente presidenta de la Corte, reaccionando quizás a alguno de los muchos sarcasmos con que suele conducirse Fernández Noroña, y mandó un poderoso mensaje político de reapertura de los canales del diálogo entre poderes.
El encuentro, según fuentes del Senado, fue operado días antes desde el palacio de Covián, en Bucareli, por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
“Hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar puntos de coincidencia”, declaró tras la reunión el presidente del Senado, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal que preside la ministra Norma Piña, solicitó a un tribunal federal echar abajo la suspensión concedida por un juez de Distrito que ordenaba a ese órgano abstenerse de implementar el plan de trabajo de la reforma, no entregar al Senado el listado de juzgadores, no resolver los asuntos en materia tributaria en seis meses y no extinguir fondos y fideicomisos.
El argumento de la Judicatura fue de que es ilegal “congelar” normas constitucionales reformadas.
Pero lo que sí medio se “congeló” fue la expectativa de revertir la esencia de la reforma, pues el miércoles pasado, un día después de la reunión en la casona de Xicoténcatl, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en la mañanera: “me enteré por las redes, no tengo conocimiento de esa reunión, no sé qué se trató ahí, fue una decisión del presidente del Senado y lo que sí es importante es que la ciudadanía sepa que la reforma judicial va”.
¿Habrán actuado por la libre Rosa Icela, Fernández Noroña y Adán Augusto? Francamente no es creíble, menos aún después de que Sheinbaum declarara que las gestiones por la gobernabilidad del país están en la órbita de la Secretaría de Gobernación y descartara un encuentro con la ministra Piña.
Pero a pesar de tales señalamientos y por votación de 4-3, el Consejo de la Judicatura (Piña, José Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López Benítez en contra, y Bernardo Bátiz, Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés y Sergio Javier Molina a favor), aceptó dar continuidad al proceso electivo y entregar al Senado las listas de plazas disponibles de jueces y magistrados para la elección popular de junio de 2025 (con 132 vacantes y los casos de quienes deberán jubilarse anticipadamente por tener más de 60 años).
Tras una reunión que duró poco más de siete horas el miércoles pasado y acaso en la vía de distensión planteada en el encuentro de Xicoténcatl, el Consejo de la Judicatura aprobó algunas de las demandas de sus empleados en paro desde el pasado 19 de agosto, entre otras la de no aplicar de inmediato, sino hasta el año próximo, el precepto de que nadie puede ganar más que la persona titular del Ejecutivo, ya que ahora todos los jueces y magistrados ganan más que Claudia Sheinbaum; así como garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, las no represalias a los paristas, la implementación de un programa de retiro voluntario y el pago de las pensiones complementarias. Están en espera de la respuesta del Legislativo y el Ejecutivo.
Reformar lo reformado
Ejemplos dirigidos a estos últimos de que las prisas jamás han sido buenas consejeras y de que para ser marquesa hay que saber mover bien el abanico, son las inconsistencias, errores de técnica legislativa y francas contradicciones constitucionales detectadas por jurisconsultos en la reforma judicial.
Acaso la más relevante remita a la contradicción existente en torno a la manera en que habrá de elegirse a la persona que presida a la Suprema Corte de Justicia y que, necesariamente, obligará a una rectificación o reforma.
Resulta que el párrafo tercero del reformado artículo 94 de la Constitución señala que la presidencia de la Corte “… se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen la mayor votación”.
Pero el párrafo sexto del artículo 97 mantiene el precepto de que “… cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
¿Cuál es el artículo bueno? Debemos suponer que el precepto reformado, pero el que lo contradice deberá ser derogado, lo que sugiere una reforma de la reforma, aunque la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados encabezada por Ricardo Monreal argumente que eso se resuelve con un artículo transitorio que establezca que todo lo que contradiga a la Constitución vigente será derogado.
Pero incluso agregar tal transitorio requeriría una reforma de lo reformado. Este hecho, a juicio de la presidenta Sheinbaum, no invalida la reforma. Ayer en la mañanera dieron los argumentos la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, y el ministro en retiro de la Corte Arturo Zaldívar de manera muy sencilla: precepto posterior deroga precepto anterior.
Las reglas del juego para la elección popular de los jueces
El gobierno Sheinbaum dio a conocer las iniciativas que contienen las reglas del juego para la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Ambas reforman y adicionan las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y la del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los cambios y el calendario del proceso para que la ciudadanía elija mil 688 cargos del Poder Judicial, 21 de ellos a nivel nacional, están contenidos en los cambios a diez artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la adición de un libro noveno de la misma con 34 artículos y diez transitorios.
La elección ciudadana de siete ministros de la Corte, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos consejeros electorales que cubran las vacantes de su Sala Superior y la mitad del total de los magistrados y jueces (837) serán electos el primero de junio de 2025 y la otra mitad en las elecciones federales intermedias de junio de 2027.
Entre las críticas a la elección ciudadana planteada por la reforma judicial, están principalmente las siguientes: 1. Que se privilegia lo político sobre el mérito por estudios y preparación; 2. Que cualquier neófito con el respaldo de un partido mayoritario (actualmente Morena y aliados) podrá ocupar cargos para administrar justicia; 3. Que se deja al azar (por el mecanismo de insaculación) gran parte de la selección de los candidatos a juzgadores; 4. Que llegaran vía influencias los que mejores contactos tengan en la Presidencia, en las cámaras de Diputados y de Senadores y en la Corte; y 5. Que se abre el camino para que el crimen organizado promueva y financie a los aspirantes a jueces.
Para evitar tales preocupaciones, los cambios y adiciones a la ley electoral plantean diversos mecanismos. Entre otros los siguientes:
1. Cada uno de los poderes de la Unión que, por ejemplo, en la elección de ministros de la Corte, podrá proponer diez aspirantes a candidatos cada uno (diez la presidencia, cinco el Senado, cinco la cámara de Diputados y diez el Poder Judicial), deberá instalar un Comité de Evaluación conformado por cinco personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, título de abogado y una experiencia mínima de cinco años de ejercicio profesional. Esos comités calificarán la idoneidad de los candidatos y realizarán entrevistas con ellos para evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo y seleccionarán los perfiles mejor evaluados, diez para cada cargo en el caso de ministros de la Corte, magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; y seis en el caso de magistrados y jueces. Esos perfiles deberán ser avalados por la presidencia, el Congreso y la Corte, y regresarán a los comités de evaluación de cada uno de los poderes de la unión.
2. Los comités, mediante insaculación pública (sorteo en urnas transparentes), ajustarán el número de postulaciones que correspondan a cada cargo (hasta tres candidatos en el caso de los ministros de la Corte, magistrados electorales y tribunal de Disciplina Judicial, y hasta dos para los magistrados de tribunales Colegiados de Circuito y tribunales Colegiados de Apelación, y para los jueces de distrito. Los listados ya depurados irán al Senado donde se incorporará a las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a elegir (si es que no decidieron declinar) y se entregarán al INE para que participen en el proceso electoral.
3. Ni el Senado ni ninguno de los partidos políticos ni los servidores públicos podrán pronunciarse o realizar actos de proselitismo respecto a tal o cual candidato y ninguno de ellos podrá recibir pronunciamiento público o privado en sus campañas. El INE fijará los topes de gastos de campaña que los aspirantes deberán financiar con sus propios recursos.
4. Queda prohibida la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión,Tras el asesinato de Arcos Catalán, la gobernadora guerrerense estuvo en contacto permanente y se reunió con Jacaranda Argentina Solís, primera síndica de Chilpancingo y encargada del despacho de la presidencia municipal, lo que facilitó que el Congreso del Estado cumpliera con los protocolos correspondientes para la juramentación ayer del doctor Gustavo Alarcón Herrera, con quien de inmediato se encontró para reafirmar el compromiso de trabajar conjuntamente. aunque podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos.
Y 5. Las personas candidatas podrán participar durante el período de campañas en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y ofrecidos gratuitamente por los sectores público, privado y social en condiciones de equidad.
Instantáneas:
1. RESPUESTAS PARA GUERRERO. Así como el martes pasado el secretario de Seguridad Omar García Harfuch desmintió que, al trágicamente decapitado munícipe de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, le fuera negada una solicitud de protección de la Guardia Nacional porque simple y sencillamente nunca la hizo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado desmintió que como aseguran sus adversarios, jamás se hubiera coordinado o ni siquiera hablado con el alcalde ejecutado una semana después de haber tomado posesión. Salgado refirió que hay una grabación de una conversación sostenida por ella con el edil de la alianza PRI-PAN-PRD para coordinar las acciones de apoya a la capital del estado tras el golpe del huracán “John”. La mandataria guerrerense dijo que en todo momento estuvo en contacto con Jacaranda Argentina Solís, primera síndica del ayuntamiento y encargada del despacho de la presidencia municipal de Chilpancingo, para facilitar la juramentación que ayer hizo el Congreso del estado al doctor Gustavo Alarcón Herrera como nuevo alcalde de la capital guerrerense y con quien de inmediato sostuvo una reunión de coordinación.
2. COORDINACIÓN POR LA SEGURIDAD. Reflejo de la coordinación entre niveles de gobierno como uno de los ejes de la nueva estrategia de seguridad apenas anunciada el martes pasado, es que en Puebla serán 22 militares los encargados del combate a la delincuencia en igual número de municipios. Factor determinante en esta decisión fue el gobernador electo Alejandro Armenta quien reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad pública en reciente reunión con los 22 presidentes municipales de la zona conurbada a la capital del estado. Armenta ha dicho que objetivo central de su gestión como gobernador será la seguridad de las familias.
3. EL DESPLOME DE SAMUEL. Una vez más el gobernador de Nuevo León, Samuel García, queda como presunto delincuente electoral al acumular cinco sentencias en su contra del Tribunal Federal Electoral (TEPJF). Francisco Cienfuegos, secretario de Enlace Legislativo del PRI mencionó que aún así el mandatario neolonés no deja de incumplir la ley al usar recursos públicos y sus redes sociales para promover a los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), ilícitos por los que ya ha sido sancionado por la autoridad electoral. El TEPJF resolvió que Samuel García desvió recursos públicos a medios oficiales para beneficiar al entonces candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez. Movimiento Ciudadano busca mantener el control total del Congreso de Nuevo León para salvar de esta debacle al otrora popular Samuel García.
4. DELICADA SALUD. Por cierto, el mandamás y dueño de la franquicia electoral Movimiento Ciudadano, Dante Delgado batalla contra un cáncer que lo ha mantenido postrado. Aunque se pretende mantener en secreto su quebrantada salud, hay inquietud en el MC por el control del partido que, por lo visto, está tomando su excandidato presidencial. Nuestros mejores deseos de pronta recuperación.
@RaulRodriguezC
