En intenso y exaltado debate tiene al país la aprobación en el Senado de un artículo transitorio incluido a última hora en el paquete de reformas al Poder Judicial Federal, que amplía de cuatro a seis años el periodo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte.

¿Que si es o no inconstitucional? ¿Que si viola la separación de poderes? ¿Que si es la toma del control del Judicial por el Ejecutivo? ¿Que si es un paso más hacia la instauración de un régimen autoritario? ¿Que si es realmente necesario para llevar a buen puerto la limpieza de un sistema judicial corrupto? ¿Que si es un ensayo para la futura ampliación del mandato de AMLO?

Todas estas interrogantes vienen cargadas, como ya es moneda de curso corriente, de las ideas confrontadas de quienes quieren consolidar el andamiaje legal de la llamada 4T y de quienes se oponen a esa pretendida transformación porque ven en ella el desmantelamiento de nuestro sistema democrático.

Sería bueno tomar en cuenta, en aras del análisis más objetivo posible, algunos datos obtenidos en fuentes del máximo tribunal del país y del poder Legislativo:

1. Ni el ministro presidente Zaldívar ni sus diez pares en la Corte, sabían de lo que la oposición calificó de “madruguete” y consideró un regalo para el aludido por resoluciones cercanas al interés del gobierno, como la aprobación de la consulta popular para juzgar a expresidentes. El transitorio, se infiere entonces, fue operado desde el Senado por Ricardo Monreal, impensablemente sin el aval de AMLO y de su consejería Jurídica.

2. El silencio de Zaldívar y los otros ministros es por decisión tomada entre ellos, no con la culposa actitud de que el que calla otorga, sino sabedores de que incurrirían en responsabilidad al opinar sobre un procedimiento legislativo que no ha concluido o al prejuzgar un asunto que, de avalarse finalmente, seguramente terminará en una acción de inconstitucionalidad que tocará resolver a ellos.

3. Contra lo dicho por la oposición, por reputados constitucionalistas e incluso por diputados de Morena como Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, AMLO está convencido de que la ampliación de marras no es inconstitucional. El artículo 97 de nuestra ley suprema establece que el pleno de la Corte elegirá cada cuatro años entre sus miembros a quien lo presida, sin que pueda ser reelecto para el período inmediato posterior. La disposición, como se ve, es clarísima. No acatarla la violaría. Pero los defensores de la constitucionalidad de esa ampliación consideran que, tratándose de un transitorio, no se reforma la Constitución, y que no es reelección de un ministro ni la ampliación de su periodo legal e impostergable de quince años, como marca el Artículo 94.

4. La ampliación de la presidencia de Zaldívar en la Corte (centralísimo diseñador, por cierto, de la reforma judicial y quien está impedido de reelegirse) es respaldada por AMLO porque, según dijo, sin él van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar a ese Poder. ¿Acaso el pleno de la Corte está compuesto por diez corruptos y un inmaculado? No lo comparto. Mejor preguntémonos: de no transitar la ampliación ¿quiénes están impedidos para presidir la Corte de 2022 a 2026 porque se les termina el periodo como ministros? José Fernando Franco González Salas quien lo concluye en diciembre próximo y Luis María Aguilar quien lo termina en 2024. Si normalmente la elección se decanta por los de mayor antigüedad, las posibilidades son entonces para Jorge Mario Pardo Rebolledo, con diez años en el cargo y fecha de conclusión como ministro en 2026; y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ambos con nueve años y término en 2027. Los tres llegaron a la Corte propuestos por Felipe Calderón y tienen explícitas posiciones contrarias a la 4T. Los otros cinco también están habilitados para presidir, aunque tienen menor antigüedad. Dos de ellos fueron propuestos por Peña Nieto (Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek) y tres por López Obrador (Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat).

5. A quienes temen que se trate de un experimento para la ampliación del periodo del Presidente de la República, AMLO reiteró ayer que se va en 2024, pero en 2006, en su primera intentona de llegar al poder, decía que lo dieran por muerto y estaba más que vivo.

El asunto se debatirá hoy en la Cámara de Diputados. Después vendrán los posicionamientos y en todo caso las impugnaciones. Mal si la decisión fractura el orden constitucional y mal si hace naufragar la reforma judicial. Seguimos sin puntos medios.

Instantáneas:

1. VIENTOS DEL PASADO se levantan en Sonora. No son frescos, más bien enrarecidos, presagio de tormenta. Como ocurre en cada elección, personajes de ese pasado están al acecho para sumarse a la cargadas y camuflarse en el bando que les resulte más provechoso. No importa si es Morena, el PAN o el PRI, mientras sea el ganador. El que ahora acapara los reflectores en esa norteña entidad es el exfiscal y exlegislador federal Carlos Alberto Navarro Sugich, a quien se le ve muy activo repartiendo su currículum a quien lo acepte sin importarle volver a un pasado ominoso o a los escándalos que protagonizó al participar en despojos, investigaciones a modo, abuso de la función pública e inexplicable riqueza. Allá quien se la compre.

2. FALTA LIMPIEZA. La limpieza en las licitaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que dirige Jesús Rosano García, no es precisamente el distintivo de los funcionarios encargados de organizarlas. En estos días se lleva a cabo la licitación para contratar el servicio de limpieza general de las terminales 1 y 2, en las que se asegura que las empresas que actualmente prestan el servicio se han convertido en las consentidas. Se trata de P&C Limpieza S.A. de C.V. y AQUA ASEO S.A. de C.V., ambas de Rafael Cuéllar y resulta que los funcionarios Jordi Messeguer Gally, director de Administración de la terminal aérea y su subalterno Juan Fernando Ramírez Bonilla, gerente de Recursos Materiales, modificaron los requisitos solicitando competencias laborales de los trabajadores en bioseguridad, lo cual no es obligatorio en la convocatoria, con la clara intención –nos dicen otros participantes– de favorecer a las empresas de Cuéllar para que mantengan ese contrato que ronda los 300 millones de pesos. Con éste opera, para quedarse con él, José Juan Reyes Domínguez, conocido como el nuevo “Rey de la Limpieza”. Ambos empresarios han sido denunciados en varias ocasiones de no pagar las cuotas obrero-patronales y de evadir impuestos. Cabe señalar que el cambio de requisitos de una convocatoria en la junta de aclaraciones es ilegal, pues limita la libre participación; y que ninguna de las empresas de Rafael Cuéllar forma parte del contrato macro que suscribió recientemente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y en el que solo 26 empresas fueron autorizadas para prestar el servicio de limpieza en toda la administración pública federal.

3. INSEGURIDAD. Aunque mantiene una ligera tendencia a la baja, la percepción de inseguridad en el país sigue siendo mayoritaria. De acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad del Inegi, 66.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Esa tasa fue en marzo y diciembre de 2020 de 73.4% 68.1%, respectivamente. Las ciudades con una percepción de inseguridad más alta fueron Fresnillo (92.4%), Ecatepec (89.9%), Cuernavaca (87.8%), la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX (86.4%), Uruapan (86.3%) y Guadalajara (86.1%). Las que tuvieron la más baja percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García (8.2%), Tampico (25.2%), San Nicolás de los Garza (26.2%), Los Cabos (26.2%), Piedras Negras (29.4%) y Mérida (30.3%).



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