Arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum con al menos tres hechos que no abonan a favor de su naciente gestión: el desafío del pleno de la Corte al responder favorablemente la consulta solicitada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña para analizar la procedencia de la impugnación planteada por jueces y magistrados contra la reforma constitucional al Poder Judicial; el asesinato en Chiapas, a manos de soldados, de seis migrantes presuntamente confundidos con delincuentes; y la expectativa no cumplida, acaso por mal comunicada, de que recorrería las zonas más dañadas por el huracán “John” para llevar consuelo y certeza a los damnificados, en su visita relámpago a Acapulco.
El primero de estos hechos es inédito: con votación de ocho contra tres y luego de un fuerte intercambio de opiniones, el pleno del máximo tribunal decidió analizar si está entre sus facultades revisar una reforma constitucional que le impide cumplir con su obligación de velar por la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces para, de ser así, dar entrada a impugnaciones de amparo o controversia constitucional.
Votaron en contra del proyecto elaborado por el ministro Juan Luis Gutiérrez Alcántara Carrancá, las ministras más cercanas a la 4T: Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres. Esa última incluso señaló que se estaría dando “un auténtico golpe de Estado” al revisar cambios constitucionales que se han consumado de manera irreparable por decisión del poder reformador del Legislativo que ahora pretende controlar la Corte.
Entre los otros ochos ministros que votaron a favor de la resolución, acaso fue Margarita Ríos Farjat la que puso en mejor perspectiva sus términos y alcances, al calificar de “consulta sui generis” la petición de marras, en la que no aplican -aseguró- precedentes de amparos ni de controversias constitucionales. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes de impugnar la constitucionalidad de la reforma tiene sustento o no, no corresponde a este momento procesal, puesto que se trata de una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo solicitado, explicó.
Es decir, no se está dando entrada a una demanda de amparo ni a una controversia constitucional sino a una petición de análisis sobre si debe o no revisarse la reforma, planteamiento que no se contradice con declaraciones anteriores de la propia ministra Ríos Farjat en el sentido de que la Corte no puede sustituir la soberanía del poder reformador de la Constitución depositado en el Legislativo.
De cualquier forma, si el pleno de la Corte determina que sí puede ser impugnada la constitucionalidad de una reforma constitucional, lo que el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo desacreditan contundentemente, se abriría la posibilidad de que el máximo tribunal echara para atrás la judicial, lo que generaría una confrontación de poderes y a una crisis constitucional sin recedente.
Además, y en otro frente, la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia para el próximo 12 de noviembre a las dos de la tarde en su sede de Washington, para debatir y resolver sobre la reforma judicial mexicana promulgada el pasado 15 de septiembre.
Migrantes muertos por militares
Sobre el segundo de los hechos que enfrenta CSP en sus primeras horas de gobierno, está la muerte de seis migrantes en Chiapas a manos de dos soldados que el Ejército confirmó ya fueron cesados de sus funciones y puestos a disposición de la FGR.
Los hechos ocurrieron la noche del martes pasado en un tramo de la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, cerca de Tapachula, Chiapas cuando una patrulla militar perseguía a una pickup que transitaba a exceso de velocidad y que, al detectar su presencia, buscó la manera de evadirse.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Sedena, ya bajo el mando del general secretario Ricardo Trevilla, dos de los soldados dijeron haber escuchado detonaciones por lo que dispararon contra el vehículo en el que viajaban 33 migrantes egipcios, nepalíes, cubanos, hindúes, pakistaníes y árabes, de los cuales seis murieron y diez están heridos.
Este asunto toca el tema crucial de la estrategia de Seguridad. La militarización de la seguridad pública lleva eventualmente a que, por equivocación o dolo, se cometan probables excesos criticados por quienes, paradójicamente, son los mismos que repudian el “abrazos no balazos” de AMLO y exigen mano dura contra la delincuencia.
SOS de Acapulco
Sobre el tercero de los hechos referidos, la anunciada visita de la presidenta Sheinbaum al trágicamente golpeado Acapulco, había creado una gran expectativa y lo que se creyó sería un encuentro con los damnificados de “John” en las zonas de desastre, solamente quedó en una reunión privada con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y las autoridades estatales y municipales, para evaluar daños y definir acciones a seguir, lo que a muchos les recordó que eso mismo hizo en repetidas ocasiones el expresidente López Obrador tras el embate de “Otis”.
Éste hace ya casi un año y “John” hace unos días han golpeado a Guerrero con torrenciales lluvias y muy alto oleaje, que provocaron inundaciones muy severas a lo largo de las costas chica y grande de Guerrero.
La situación es grave y de acuerdo con la evaluación encabezada por Sheinbaum y Salgado, el apoyo se está concentrando en los damnificados. Por eso se echó en falta un acercamiento de la presidenta con algunos de los miles de afectados.
Aún así, la atención prestada a este gran problema por Evelyn Salgado y las autoridades municipales, coordinando esfuerzos con el gobierno federal, empresas y organizaciones sociales, ha evitado hasta ahora conflicto social alguno en los municipios afectados. La atención diligente de sus necesidades no obstante el tamaño de los dos desastres naturales enfrentados por los guerrerenses en menos de un año debe reconocérsele a la mandataria guerrerense.
La presidenta Sheinbaum regresará estos días a Acapulco. Ojalá se acerque a la gente y la atienda de cerca. Para los afectados será muy bueno y para ella y su gobierno también.
Incertidumbre, continuidad y cambio
Todo esto ocurre cuando prevalece aún la natural incertidumbre de un cambio de gobierno, atizada en este caso por quienes esperan un deslinde de la anterior gestión porque les pareció errónea, si no es que atroz.
Es ilusa la expectativa de un cambio de modelos de gobierno y de desarrollo, porque Sheinbaum es parte del movimiento político y social que ha impuesto el actual y desmantelado el anterior, con la legitimidad que le ha dado el voto popular.
Lo que, si puede y debe cambiar la presidenta Sheinbaum, es la intensidad del ritmo de la transformación y el estilo de gobernar. En ese sentido, envió señales (sobre todo simbólicas, aunque una que otra en palabras), durante su toma de posesión el pasado martes primero de octubre.
Dejó ver su búsqueda de cercanía y contacto con la gente, así como ánimo neutral, tolerante y dialogante, al circular en sus trayectos a San Lázaro y Palacio Nacional con la ventanilla abierta; al vestir (con muy bueno gusto, por cierto, un vestido blanco, neutral, sin colores partidistas); al saludar de beso a la presidenta de la Corte, Irma Piña; al enfatizar con corrección política el adiós a AMLO; al afirmar que gobernará para todos y reiterar su compromiso con la libertad y la democracia; al garantizar las inversiones privadas nacionales y extranjeras; al reconocer que hay deuda que debe ceñirse a un proporción racional del PIB; y al anunciar un plan energético más enfocado a la transición hacia las energías limpias.
Pero se excedió en el elogio a su antecesor (aunque con un llamado a analizar racionalmente los resultados de su gestión); se pasó también al aplicar rudeza innecesaria a la ministra Piña, ahí presente restregándole en la cara la corrupción del Poder Judicial y las bondades que, a su juicio, traerá la reforma constitucional en la materia y cerrar cualquier posibilidad de flexibilidad en la legislación secundaria por crear; al decir “mienten” y cerrar con ese tono canales de diálogo, a quienes aseguran que el traslado de la Guardia Nacional a la SEDENA es la total militarización del país; al no explicar cómo financiará la pesada carga presupuestal de los programas sociales y al no definir con claridad los requeridos ajustes de una estrategia de seguridad que la realidad muestra como fallida.
Instantáneas:
1. GRADUALIDAD EN PENSIÓN A MUJERES. Se dice en los pasillos del Palacio Nacional, pero en el ala que alberga a la Secretaría de Hacienda, que el secretario Rogelio Ramírez de la O ha podido convencer a la presidenta Sheinbaum de que el programa que promueve para entregar una pensión a mujeres de 60 a 64 años sea gradual. En el fondo del asunto está la pesada carga presupuestal que significan los programas sociales y las limitaciones reales en la obtención de recursos para financiarlos. Hay voces en Hacienda que estiman que, por lo pronto, sería suficiente fondear con la eliminación de las factureras para incrementar la recaudación de impuestos. Algunas otras proponen, de manera peligrosa y arriesgada, echar mano de fondos de las Afores y no se han callado del todo las que no descartan la necesidad de una reforma fiscal.
2. DPEFICIT Y AJUSTE. El gobierno de CSP hace cuentas y más cuentas para reducir el déficit presupuestal de 2025 del actual 6% a la mitad en el mejor de los casos. Es previsible que para lograrlo deba recortarse el gasto de la estructura de gobierno en el equivalente al diez por ciento. La presidenta Sheinbaum dijo hace unos días que en enero habría ajustes en su gobierno. No necesariamente se refería a cambios en su gabinete. Todo apunta a que hablaba de un severo recorte en los gastos del gobierno.
3. “ALITO” SE SALIÓ CON LA SUYA. Con el voto de tres magistrados en contra del proyecto de la magistrada Janine Otálora y respaldado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que proponía invalidar la reforma a los estatutos del PRI mediante la cual se aprobó la reelección de sus dirigentes hasta por tres períodos consecutivos, Alejandro Moreno Cárdenas se queda al frente del tricolor hasta 2028. Por avalar la reforma estatutaria priista votaron la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes. Debe ser una mera coincidencia que se trate de los tres magistrados electorales que fueron convocados por la ministra presidenta de la Corte Norma Piña el pasado 12 de diciembre de 2023 a una cena en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la que apareció “Alito” Moreno. En fin, se salió con la suya.
4. EL JUICIO ELEKTRA. La segunda sala de la Corte frenó en su sesión del miércoles pasado un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que iba por confirmar la sentencia que obligaría a Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, a pagar una deuda fiscal de mil 431 millones de pesos, con la intención que se discuta en paquete con otros tres asuntos promovidos por la empresa que pretende librar el pago de créditos fiscales por casi 35 mil millones de pesos. Dos de ellos están en la ponencia de la ministra Lenia Batres y uno más en la del ministro Alberto Pérez Dayán, los tres con proyectos a favor de no amparar a Elektra y dar la razón al SAT. Los abogados de Salinas Pliego buscan, a su vez, apartar de la discusión del asunto, por su cercanía con la 4T, a las ministras Esquivel y Batres.
@RaulRodriguezC
