Una red de contrabando de gasolina procedente de Estados Unidos opera en al menos cuatro puertos mexicanos: Altamira y Tampico, en Tamaulipas; Ensenada, en Baja California y Guaymas, en Sonora, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Naval de la secretaría de Marina.
Autoridades y directivos de instituciones y empresas que desempeñan una tarea en la importación marítima de mercancías están involucradas: los exportadores, los importadores, las navieras, las autoridades portuarias, las aduanales y fiscales, los transportistas distribuidores y los gasolineros que venden ese combustible ilegal a precios más bajos que los del mercado legal.
Todos ellos, bien aceitados por la delincuencia organizada, dan vida a lo que se ha dado en llamar el huachicol fiscal, un ilegal negocio redondo y multimillonario del que no pocos recursos -según diversas denuncias- se han destinado a subvencionar campañas de políticos que, a la postre, garantizarán concesiones de otros negocios a quienes los financian.
Nadie ignoraba, por supuesto, la comisión del delito de huachicol fiscal, pero dos acontecimientos recientes desnudaron su pernicioso tamaño:
1. La incautación el 26 de marzo pasado en un terreno de Ensenada arrendado por el exsenador de Morena Genaro Novelo Osuna (suplente del también exsenador y exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés) de ocho millones de litros de gasolina ingresados ilegalmente por vía marítima mediante maniobras en las que estarían implicadas al menos 15 empresas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que resintieron un golpe económico de al menos 432 millones de pesos.
Y 2. El aseguramiento en Tampico de un buque tanque con diez millones de litros de contrabando dado a conocer el pasado 31 de marzo por la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El cargamento del “Challenge Proycon”
Temprano, a las 7 horas con 23 minutos del miércoles 19 de marzo, arribó al puerto de Tampico el buque tanque “Challenge Proycon” que pertenece a la naviera “Altamira”, empresa mexicana que opera como agencia consignataria de buques y proveedora de servicios portuarios, que había zarpado tres días antes del puerto de Beaumont, Texas, al este de Houston.
Su documentación fiscal consignaba la transportación de aditivos para fabricar lubricantes, pero en realidad traía a bordo 10 millones de litros de diésel en 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.
Después de que el combustible fue descargado del buque, el diésel de contrabando fue trasladado en camiones cisterna a una empresa de fletes ubicada cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, en las afueras de Altamira.
Cuando se planeaba su distribución hacia 18 estados del país, fue que agentes de seguridad federal aseguraron tanto al buque como al combustible.
¿Qué es el huachicol fiscal?
Huachicol es el término que usamos en el país para referirnos al combustible que ha sido “ordeñado”, es decir, sustraído y robado en tomas clandestinas colocadas por la delincuencia organizada en los oleoductos de Pemex, para venderlo después a precios más bajos que los del mercado legal en detrimento de las finanzas de la petrolera.
En 2019, muy al principio del gobierno de AMLO, se emprendió una cruzada contra ese delito que, de inmediato, generó escasez de gasolina. Con el paso de los meses, el gobierno declaró tener bajo control el huachicol. No fue así si nos atenemos a que todavía en 2024 fueron localizadas nueve mil 134 tomas clandestinas.
Aunque se trató de 18% menos que el año anterior, todavía hablamos de niveles muy altos.
Cosa aparte es el huachicol fiscal. Este delito consiste en la importación y comercialización de hidrocarburos sin pagar los impuestos correspondientes, sobre todo el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el del Valor Agregado (IVA) que se aplican a la gasolina y el diésel.
Para hacerlo se reporta en documentación falsificada la exportación de productos exentos de tales gravámenes, como es el caso de los aditivos para la fabricación de lubricantes consignados en el buque tanque asegurado en Tampico.
“La documentación aduanal está falseada”, confirmó el martes pasado en la conferencia mañanera el fiscal general Alejandro Gertz Manero, tras conocerse que la carga eran los diez millones de litros de diésel procedente de Estaos Unidos.
Las pérdidas fiscales millonarias
El Sistema de Administración Tributaria (SAT), uno de los principales afectados por el huachicol fiscal, estima en 66.7 millones de barriles de combustibles los ingresados al país ilegalmente durante el año pasado, que equivale a 14% de la demanda total de gasolina y diésel cubierta por Pemex y las empresas importadoras.
En 2018 la importación ilegal de combustibles se estimó en 45.8 millones de barriles y en 2021 se había más que duplicado al alcanzar 102 millones de barriles, alrededor de 21% del total de gasolina y diésel consumidos en el país.
Como se ve, el huachicol fiscal disminuyó en 2024, pero sigue teniendo niveles costosos y alarmantes.
La Onexpo nacional, organización que agrupa a empresarios gasolineros, estima que cada día ingresan al país ilegalmente hasta 300 mil barriles de combustible (casi 40 millones de litros) mediante el huachicoleo fiscal.
Hablamos de que uno de cada tres litros de los combustibles que se venden en el país tienen un origen ilícito, lo que representa pérdidas fiscales calculadas por el SAT en 525 mil millones de pesos anuales para Pemex y el erario.
En contraparte, el ilícito negocio genera ganancias anules a la delincuencia organizada, a sus cómplices en aduanas, a gasolineras que expenden el combustible legal y a los consumidores que lo compran, estimadas en 130 mil millones de pesos.
Las operaciones de inteligencia naval de la secretaría de Marina han detectado que cada 10 días entra un buque cisterna cuyo capitán reporta una carga distinta a la real, lo que les permite evadir impuestos.
Su información consigna que en 2023 llegaron al país cuatro mil 034 embarcaciones petroleras, de las cuales 276 desembarcaron en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Los demás lo hicieron por Altamira, Ensenada y Guaymas, los otros tres integrantes de la red de puertos investigada por contrabando de combustible.
Ahora bien, en términos de logística, casi 70% del combustible que entra a nuestro territorio lo hace a través de puertos y aduanas cercanos a Estados Unidos.
El asesinato del “rey del huachicol”
El 22 de noviembre de 2021, a eso de las cinco y cuarto de la tarde, fue asesinado a tiros el empresario Sergio Carmona Angulo mientras le arreglaban el pelo en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico del país y, últimamente, como aquí se lo hemos informado, uno de los más extorsionados por sus propios policías, delincuentes con uniforme.
Su fortuna la amasó como contratista del gobierno, primero, y después como el gran detonador del huachicol fiscal y otras variantes de la comercialización ilegal de combustibles, lo que le ganó el mote de el “rey del huachicol”.
Blindó su negocio siendo mecenas de políticos de distinto signo, apoyando por igual a gobiernos panistas como el que en su momento encabezó el hoy prófugo Francisco García Cabeza de Vaca y a candidatos morenistas, incluido presuntamente el hoy mandatario Américo Villarreal.
Se ha dicho que fue mandado matar porque sabía demasiado de políticos y funcionarios relacionados con el huachicol fiscal.
Por los hechos recientes aquí referidos, muy equivocados están quienes pensaban que con el asesinato de Carmona ya estaba erradicado ese ilícito negocio.
Instantáneas:
1. ¿PUEDE LA JUSTICIA SER MANIPULADA? No dude usted que este cuestionamiento ronda en la mente de inversionistas, actores del sector y ciudadanos en general ante la posibilidad de que la Suprema Corte favorezca a Rafael Zaga Tawil en su batalla legal contra Actinver. Zaga, envuelto en acusaciones de lavado de dinero y con una reputación cuestionable, vería su caso respaldado en un contexto donde las dudas sobre la imparcialidad judicial son inevitables. Tal incertidumbre se refleja simultáneamente en el caso de las hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado contra Santander, que sigue presuntamente bloqueado por la ministra Loretta Ortiz. El asunto (que involucra al referido banco por no haber protegido adecuadamente un fideicomiso heredado a las sobrinas del legendario empresario regiomontana Bernardo Garza Sada) fue otra vez pospuesto ayer tras ser retirado en el último minuto por la ministra, cuando ya se esperaba una resolución definitiva este miércoles. El litigio que lleva años y que es investigado también en Estados Unidos, involucra asimismo, del lado de Santander, al abogado Abel Chávez Salinas, yerno de la ministra Ortiz. ¿Es esta la "justicia pronta y expedita" que prometen nuestras instituciones, o simplemente una de las tantas maniobras judiciales que socavan la integridad del sistema?
2. AVANZA EL CASIONOTE. Que la empresa regiomontana “Atracciones y Emociones Vallarta”, a través de “Jeyv de Nuevo León”, su operadora autorizada ante la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SEGOB, anuncie que ya tiene todo listo para su próxima apertura en la zona metropolitana de la CDMX, se ha visto como un abierto desafío al gobierno del segundo piso de la 4T y dejado solo en palabras vacías la declaración oficial de la secretaria Rosa Icela Rodríguez de que en este gobierno no habría apertura de nuevos casinos. En boulevard Ávila Camacho (Periférico Norte) 758 municipio de Naucalpan, Estado de México ya están los anuncios de la próxima apertura del casino “Jubilé”, presentado como el más grande del país con diez mil metros cuadrados de construcción, más de dos mil máquinas de azar y cien mesas de juego de baraja, naipes y ruletas. Nada dice de este desafío a a la presidenta Sheinbaum y a la secretaria Rosa Icela la directora de Juegos y Sorteos, María de Lourdes Ramírez García. Y es que la operadora “Jevy de Nuevo León” obtuvo la autorización para “Jubilé” de Manuel Marcué Diaz, quien lo antecedió en el cargo cuando Adán Augusto López fue titular de Gobernación. A Marcué Díaz se le vincula con Amílcar Olán Aparicio, a quien se señala como presunto operador de negocios de los hijos de AMLO, sobre todo de “Andy” ¿Acaso esa es la razón por la que abrirá el casino “Jubilé” a pesar de las irregularidades y denuncias que existen en su contra?
3. ¡BIEN POR HIDALGO! Cifras dadas a conocer recientemente muestra que en Hidalgo se está haciendo bien las cosas. Bajo la administración de Julio Menchaca, la entidad ha superado expectativas con una estrategia que combina disciplina presupuestal, atracción de capital privado y una visión social de largo plazo. La cifra más contundente es la de inversión privada: más de 100 mil millones de pesos en menos de tres años, superando todo lo captado en el sexenio anterior. Firmas como Mercado Libre, JAC Motors, Laboratorios Carnot y WEG han apostado por instalarse en Hidalgo. Esto ya se traduce en el empleo formal: 283 mil plazas registradas ante el IMSS, la cifra más alta para el estado. El presupuesto para programas sociales prácticamente se triplicó al pasar de poco más de mil millones a tres mil 385 millones de pesos, con una cobertura que alcanza a uno de cada tres hidalguenses, principalmente en zonas marginadas e indígenas. Y si se considera que más del 50% del gasto estatal se dirige a educación, el mensaje es claro: están sembrando futuro, no solo administrando presente. Y la reducción de la pobreza -de acuerdo con el CONEVAL- es de diez puntos porcentuales.
@RaulRodriguezC
