La Corte resolvió el miércoles al INE suspender el acuerdo tomado por seis de sus once consejeros, de aplazar la consulta de revocación de mandato por el recorte presupuestal del que fue objeto el órgano electoral. Por ello le ordenó realizarla con los mil 503 millones de pesos autorizados para ese fin por la Cámara de Diputados, “un indicador –a juicio del máximo tribunal del país- de viabilidad financiera”.
  
Se trató de una suspensión otorgada por la Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta el martes por la Cámara de Diputados contra el acuerdo de aplazamiento tomado por el INE con el argumento de que los recursos aprobados para ese fin son insuficientes para llevar a cabo una consulta revocatoria confiable y de calidad, equiparable a una elección federal y con el mismo número de casillas de la pasada, como lo exigen la Constitución y su respectiva ley reglamentaria.
 
Esa suspensión estará firme hasta que el máximo tribunal del país resuelva el fondo de la controversia constitucional que por su parte presentó el INE el pasado siete de diciembre al argumentar insuficiencia presupuestal para realizar la consulta revocatoria.
  
La Comisión de Receso de la Corte razonó así el otorgamiento de la suspensión: “favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano” con base al párrafo segundo del artículo 29 constitucional que “establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general”, por lo que el acuerdo del INE “pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
 
La resolución de la Corte fue un duro revés para los seis consejeros electorales que acordaron el aplazamiento: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Saldaña, pero la confrontación entre el INE y el gobierno de AMLO escaló ayer cuando el presidente de la cámara baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna los denunció penalmente ante la FGR.
  
El delito que les imputa es coalición de servidores públicos, lo que la alianza legislativa “Va por México” (PAN-PRI-PRD) consideró un atentado contra la democracia en el que Gutiérrez Luna confunde preceptos del Código Penal de los que se infiere que el referido delito no aplica cuando quien se coaliga lo hace en ejercicio de sus derechos.
  
El INE, por lo pronto, respondió ayer a la Corte que acatará la suspensión provisional, seguirá pendiente de la resolución de fondo y continuará con la realización de la consulta revocatoria.
  
En medio de esta maraña de impugnaciones, en el fondo se mantienen las dos posiciones confrontadas desde un principio: la de quienes ven una consulta revocatoria y la de quienes ven una consulta ratificatoria.
  
La Constitución establece claramente que la ciudadanía tiene el derecho de convocarla por pérdida de confianza en el Presidente. Esa pérdida de confianza no ha ocurrido si nos atenemos a los números que muestran las encuestas respecto a la aprobación presidencial. No es un dato menor que quienes recaban las firmas para convocarla forman parte del aparato político de Morena y el gobierno, quienes, evidentemente, no han perdido la confianza en AMLO ni esperan que su mandato sea revocado. Ellos le apuestan, por lo tanto, a que sea ratificado, para fortalecer su posición de cara a las elecciones estatales del año próximo y, por supuesto, a la presidencial de 2024.
  
Pero quienes no están de acuerdo con lo realizado por AMLO, sabedores también de lo que dicen las encuestas, no le apuestan a la consulta revocatoria. Saben que la perderían y avalarían así una ratificación que poco bien le hace a su estrategia de recuperar el poder.
 
Así es como cierra el año en un ambiente de confrontación sin precedente en la historia reciente del país, crispación que se hace más notoria en una temporada en que las vacaciones y las fiestas decembrinas normalmente ponen en tregua al debate político.

Instantáneas:

1. LA CONFRONTACIÓN política no solo se ve entre “Va por México” y Morena. También es creciente al interior del partido en el gobierno que acaba de abrir un nuevo frente en Oaxaca. El método de las encuestas no resolvió adecuadamente la disputa de la candidatura por esa entidad. El virtual ganador es el senador Salomón Jara, pero desde una segunda posición del ejercicio demoscópico, la también senadora Susana Harp ya advirtió que impugnará ante el Comité de Elecciones de Morena un resultado que no la favorezca.     

2. OPORTUNIDAD. El choque en ciernes de Morena en Oaxaca, favorecería al priista José Germán Espinosa Santibáñez, casi seguro candidato de la alianza “Va por México”. Este actuario por la UNAM fue hasta hace unos días secretario de Administración del gobierno de Alejandro Murat. A sus 56 años cuenta con una bien consolidada trayectoria en el ámbito partidista, académico y del servicio público en el estado de Oaxaca.

3. OTRO FRENTE dentro de Morena se abrió entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el líder de la mayoría de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal, tras la detención de un operador político de este último acusado de homicidio. Es el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO del Senado, a quien la fiscalía veracruzana acusa de estar relacionado con el asesinato de René Tovar, que fuera candidato a la presidencia municipal de Cazones. Mientras Del Río Virgen recibió prisión preventiva de un año y AMLO defendió la honorabilidad del gobernador Cuitláhuac García, el senador Monreal acusó al mandatario veracruzano de politizar la justicia y abusar del poder, consensuó en la cámara alta un pronunciamiento que condena lo que se consideró “detención ilegal”, promovió la creación de una comisión especial que encabezará el emecista Dante Delgado y se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López para gestionar su excarcelación. En la carpeta de investigación del caso no existe, al parecer, ninguna imputación directa contra Del Río Virgen, por lo que las acusaciones de la Fiscalía veracruzanas estarían basadas en conjeturas y suposiciones. Ha presentado cinco testigos de los cuales solo dos (uno de nombre Froylán Ramírez Landa y otro que está en calidad de protegido) han declarado que el acusado les ofreció beneficios por apoyar a un candidato distinto al asesinado horas antes de la jornada electoral. Por lo tanto, no existiría ninguna imputación directa, a menos que quieran hacer pasar como tal la referencia de que Del Río quería imponer a su candidato.

4. FELICITACIONES. Quien esto escribe desea que la de hoy sea una venturosa Noche Buena y la de mañana una feliz Navidad. Salud y prosperidad para todos ustedes y sus familias.