Nada bueno traerá al país el juego de vencidas en el que parecen estar metidos los tres poderes de la Unión en medio del siempre delicado y riesgoso proceso de calificación de una elección presidencial y el polarizado debate sobre la reforma al Poder Judicial en el fondo.

La confrontación escaló durante los últimos días de manera tal que el tema de las atribuciones y los equilibrios constitucionales entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no ha podido deslindarse de las maniobras políticas.

Estas sugieren, entre otras cosas, que lo que queda de la oposición y los pataleos de una judicatura que parece ya tener claro que será sacudida y reformada, pretenden poner piedras en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la calificación de la elección de Claudia Sheinbaum y al aval a la mayoría constitucional de Morena alcanzada con el voto popular y la sobrerrepresentación de ley.

Pero vámonos por partes y hacia atrás en esta historia.

Los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante concluyeron sus períodos como magistrados de la Sala Superior del TEPJF el 31 de octubre del año pasado. Un mes ante del cumplimiento de ese plazo, el 25 de septiembre para ser precisos, la Corte ya había enviado al Senado las dos ternas de aspirantes a ser electos para cubrir las vacantes: tres mujeres y tres hombres.

Una, conformada por la magistrada electoral de la Sala Regional Toluca, Marcela Elena Fernández Domínguez; la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho; y la expresidenta de Sala Regional Especializada, Gabriela Villafuerte Coello; y la otra integrada por el presidente de la Sala Especializada, Rubén Jesús Lara Patrón; el exmagistrado de Circuito, Armando Ismael Maitret Hernández y el magistrado de Circuito, Francisco Javier Sandoval López.

Tocaba a la cámara alta designar a quienes ocuparían las dos vacantes del tribunal electoral a partir del primero de noviembre de 2023, pero el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal optó por congelar la sesión electiva de los dos magistrados faltantes. No dio una razón específica, por lo que se especuló que los perfiles no eran bien vistos por la 4T o, por lo menos, no los veía cercanos a ella.

La Sala Superior del tribunal electoral federal se integra con siete magistrados. Sin embargo, por ley, puede sesionar válidamente con cuatro de sus integrantes y tiene cinco. Con ellos lo ha venido haciendo desde noviembre del año pasado, lo que finalmente es una anormalidad y, peor aún, una temeridad en medio de un proceso electoral inédito y crucial que incluyó la renovación de las dos cámaras del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

La calificación y declaratoria de validez de esta última corresponde, precisamente, al TEPJF, instancia que entre el tres de agosto y a más tardar el 6 de septiembre próximo, debe resolverla. Lo hará, por lo visto, con un tribunal incompleto.

La mano del juez noveno

El debate sobre esta riesgosa situación se intensificó ante el hecho de que la calificación de validez de la elección presidencial requiere de los votos de al menos seis magistrados. Les faltaría uno.

Pero ese escenario lo prevé el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: “… mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o en su caso de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención”.

Ante la eventualidad de que los votos sobre la calificación de la elección presidencial fueran tres contra tres, la magistrada presidenta Mónica Soto decidiría el desempate con su voto de calidad. Ella no ha definido aún si optará por el magistrado de Sala Regional de mayor edad o el de mas antigüedad para que se sume a los actuales otros integrantes de la Sala Superior: Janine Otálora, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón.

La semana pasada la polémica creció cuando el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó al TEPJF nombrar provisionalmente a los dos magistrados electorales vacantes, para que la Sala Superior sesionara completa, con sus siete integrantes. Fijó un plazo de 24 horas para que se acatara esta resolución derivada del otorgamiento de una suspensión provisional mientras se resolvía el fondo del amparo solicitado por la asociación civil Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

La reacción fue inmediata. La presidenta del tribunal electoral rechazó acatar tal resolución al calificar la medida de “injustificada y excesiva” para la máxima autoridad en materia electoral, presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y demandar penalmente al juez noveno de Distrito en Materia Administrativa. A su vez, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde interpuso ante la Cámara de Diputadas una demanda de juicio político contra el juzgador por vulnerar el principio de división de poderes.

Al día siguiente, el pasado 4 de julio, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión provisional ordenada por el juez federal al considerar que no hay un daño irreparable, ya que el TEPJF tiene opciones para operar legalmente aun sin que su Sala Superior esté completa.

Y finalmente el viernes 5 de julio pasado, el juez De la Peza canceló a orden girada al tribunal electoral federal para que nombrara a los dos magistrados faltantes.

¿Es una maniobra desestabilizadora?

Así parecen verlo desde el Palacio Nacional. Es imposible negar que el asunto trae una fuerte carga política y así lo ven todos los protagonistas de este asunto junto con el que sigue sentado en la silla presidencial, la que en ella se sentará a partir del próximo primero de octubre, los poderes Legislativo y Judicial, la oposición y cualquiera con un poquito de perspicacia.

Tanto así que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum respaldó el pedido de juicio político contra el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa, quien ha hecho su carrera judicial muy cerca de la hoy ministra presidenta de la Corte, Norma Piña y que varias de sus resoluciones han frenado reformas de la 4T en materia energética, sobre todo en lo relacionado con la industria eléctrica.

En términos de ley, sin embargo, la calificación de la elección presidencial transitará con el nombramiento provisional de un sexto magistrado, pero Palacio Nacional insiste que esta maniobra -y otras que seguramente vendrán en los próximos días- buscan impedir que Morena y aliados consoliden su mayoría calificada o constitucional con la sobrerrepresentación de 8% que por ley se otorga a cada partido.

Si bien con sus siete integrantes el TEPJF podría reformar esa disposición de ley y clarificar que la sobrerrepresentación se otorga por coalición y no por partido, debe quedar claro que un asunto como este último bien podría resolverse con cuatro votos, no con los seis demandados para la elección presidencial.

Instantáneas:

1. ¿Y EL PARTIDO? Mucho se ha escrito y dicho sobre los nombramientos para el gabinete de Claudia Sheinbaum y especulado sobre quiénes ocuparán las posiciones que faltan. Pero lo que nadie ve, o no quiere ver, es que el más crucial de todos los nombramientos no anda por esos rumbos. El nombramiento verdaderamente importante es el de quien quedará al frente de Morena una vez que Mario Delgado deje su dirigencia para incorporarse como secretario de Educación Pública. Mucho se ha mencionado a la actual secretaria general Citlalli Hernández que ha sido una buena operadora política, pero que en el mejor de los casos continuaría en esa posición, ya que para sustituir a Delgado ha estado sonando muy fuerte el nombre de la actual secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde. Y es que se dice en el Palacio Nacional que AMLO quiere al frente del movimiento a alguien muy cercano, del círculo más íntimo, características que cumple a cabalidad la hija de Berta Luján Uranga, expresidenta del Consejo político Nacional de Morena. ¿Por qué tanta cercanía? Pues dicen las malas lenguas que aun desde Palenque, López Obrador podría así cogobernar a través de su partido-movimiento. ¿Será?

2. AJUSTES POR VENIR. Del lado de quienes argumentan que Sheinbaum no compartirá el poder y que AMLO realmente se retirará, se asegura que la virtual presidenta electa ha hecho algunos nombramientos para el gabinete en atención a compromisos con y del aun presidente de la República, pero que una vez que tome las riendas, lo que esperan sea a muy corto plazo, realizará varios ajustes en el equipo.

3. ASÍ SE LLEVAN. “Alito” Moreno es una “cucaracha, sinvergüenza y corrupto”. Eso lo dijo el excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa en vísperas de la Asamblea General del PRI que se realizará este domingo. También dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL, que “Alito” es el peor líder que ha tenido el tricolor porque no piensa en el país ni en el partido, sino solamente en sus intereses personales, por lo que, de reelegirse en la presidencia nacional del tricolor, Labastida está listo para renunciar al partido. Como andarán las cosas en el priismo que a “Alito” no lo quiere ni el hombre que por primera vez en la historia de ese partido perdió la Presidencia.

4. GUERRERO: DE HIJA A PADRE. Siempre controversial, el senador Félix Salgado Macedonio inició un programa en Facebook, al que puso el nombre de "La Hora del Toro" y en el que estuvo acompañado de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado. Se podrá estar o no de acuerdo con su estilo del polémico personaje, pero hay que reconocer la aceptación que tiene el recién reelecto senador de Guerrero entre sus paisanos, a quienes conoce y escucha desde hace muchos años. Esta incursión de Salgado Macedonio en redes sociales parece tener la intención de ampliar la comunicación entre sus seguidores y pavimentar su camino hacía el relevo de la gubernatura que será en el no tan lejano 2027.

@RaulRodriguezC

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