El monstruoso iceberg con que podríamos equiparar la crisis migratoria en la que estamos inmersos, no acaba de emerger, pero ya deja ver diversas y varias de sus filosas puntas a lo largo y ancho del país.
Cómo entender, si no, que cuando apenas nos desaturdíamos del impacto provocado por el cobarde abandono de centro y sudamericanos encerrados en una estación de control migratorio de Ciudad Juárez que el fuego consumía, sin que algo hicieran las autoridades para salvar las cuarenta vidas que las llamas devoraron, un grupo de veinte personas era reportado desaparecido en San Luis Potosí y su búsqueda, llevado al rescate de otros 120 secuestrados, muchos de ellos extranjeros migrantes.
Y así miles de historias de horror de niñas, niños, mujeres y hombres que recorren kilómetros y kilómetros de caminos dominados por el crimen organizado y autoridades corruptas que igual los victimizan, que evaden la contención militar impuesta aquí y llegan a Estados Unidos para ser detenidos y deportados a nuestro país, donde esperan a ser aceptados o definitivamente rechazados.
La política migratoria de AMLO y la 4T es un fracaso. Empezó en sus actuales términos con la militarización acordada con el gobierno de Donald Trump en junio de 2019 tras su amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, si no se contenía el abrumador flujo de migrantes.
Puede intuirse que, de haberse cumplido tal amenaza, los daños económicos serían brutales. No sé si tanto o más que la crisis humanitaria que la migración ilegal nos ha traído.
El hecho es que el problema migratorio está estacionado en nuestro territorio y es creciente. La militarización no lo ha contenido ni la ha controlado. La negligencia criminal que vimos en Ciudad Juárez es una muestra palmaria de que la crisis tocó fondo. Ahí pudimos ver que no solamente se agregó fuerza militar a la estrategia contención y detención, sino que cambió la concepción humanista (de un gobierno que se dice humanista) de la migración en tránsito.
Un dato que aporta el especialista en el tema y ex comisionado nacional de Migración, Tonatiuh Guillén: En 2022, Estados Unidos registró 2.6 millones de arribos ilegales a su frontera, la más alta de la historia. Un tercio de ese total (866 mil) son mexicanos en movilidad laboral y el resto son extranjeros en su mayoría solicitantes de refugio. Es gente que huye de la aniquilación.
Ha habido un giro radical en las causas de esa migración. Los que ahora migran son en su mayoría solicitantes de refugio (familias, mujeres y niños). Por ello -considera Guillén- desaparecer o cambiar al INM como ha propuesto AMLO, no es la solución. “La institución que debe de tener vanguardia y coordinar las estrategias de atención es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y no el INM, menos la Guardia Nacional o el Ejercito”, agrega.
Es decir, el marco jurídico predominante en esta coyuntura recae en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Desde ahí debe partir la urgente rectificación de la 4T en su política migratoria.
Antes, por supuesto, deberán deslindarse las responsabilidades directas, indirectas y políticas de los ocurrido, lo que no se ve en el horizonte pues han pasado dos semanas del incendio y el comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez ni siquiera ha dado la cara.
Instantánea:
LA VERSIÓN DE LA ALCALDESA. Acuso recibo de la carta enviada a esta columna por la coordinadora de Comunicación Social de la Alcaldía Álvaro Obregón, Sagrario Conde, en relación con la columna “Denuncia de corrupción acaba en suicidio” publicada en el online de EL UNIVERSAL la semana pasada.
En ella se hacen diversas aclaraciones respecto al suicidio de Darío Villeda Rodríguez luego de que en un video y carta póstumos hiciera, como exempleado de la demarcación, según su dicho, acusaciones de corrupción contra la alcaldesa Lía Limón y su directora de Gobierno, Mariana Rodríguez Mier y Terán.
En la carta aclaratoria (que asumimos como respuesta a la consulta que pedimos y no obtuvimos antes de publicar la columna de la semana pasada), la alcaldía Álvaro Obregón hace estas precisiones a lo afirmado por Villeda Rodríguez, no por quien esto escribe:
1. El día del suicidio (29 de marzo) Villeda Rodríguez se encontraba activo ocupando una plaza de honorarios adscrita a la Dirección de Gobierno, en la que se le dio de alta desde el 1 de mayo de 2022. Por lo tanto, no era un exempleado como él lo dijo en su testimonio videograbado y lo corroboró su madre.
2. Su negocio ambulante no fue clausurado por la alcaldía el 22 de marzo como lo dijo Villeda, sino que el permiso le fue retirado por la administración pasada en Álvaro Obregón en septiembre de 2021.
3. En relación con las supuestas amenazas de la alcaldesa y su directora de Gobierno denunciadas por Villeda Rodríguez, la carta aclaratoria las rechaza categóricamente y dice desconocer los motivos de tal señalamiento, así como las razones que lo llevaron a terminar con su vida.
4. Respecto a la denuncia de vecinos de Jardines del Pedregal sobre lo que consideran una ilegal construcción de cinco residencias de lujo en Avenida de las Fuentes 245, informa que la obra inició en noviembre de 2022 y que la manifestación de construcción se registró, desde la pasada administración, el 17 de diciembre de 2020, misma que vence en diciembre de este año. Asimismo indica que, de acuerdo con la información de la alcaldía, el predio en cuestión no cuenta con antecedentes que corroboren la existencia de 600 árboles dentro del predio, como lo aseguran los vecinos denunciantes; y señala que se han realizado dos verificaciones del proyecto sin que se hayan encontrado hasta el momento elementos que supongan la violación de algún precepto normativo al que están obligados y amerite una sanción.
5. Sobre la información que la gobernadora de Campeche y exalcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores ha transmitido en su programa de televisión “Martes del Jaguar” respecto a la actual jefa de la demarcación, Lía Limón, la carta dice que “el autor (de la columna) retoma y da por hecho información que “no tiene otro objetivo que especular y dañar la calidad moral de la alcaldesa, la alcaldía y los proveedores contratados, sin que haya aportado un solo elemento que pueda suponer alguna irregularidad administrativa de este gobierno”. Debe quedar claro que quien esto escribe sí retomó los dichos de Sansores y así lo consignó. En ningún momento los dio como un hecho.
6. Finalmente la carta refiere un tema sobre el Presupuesto Participativo 2022 que la columna de la semana pasada jamás comentó y que, por lo tanto, no será motivo de contra réplica. (rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx)
