No salimos de una polémica cuando ya estamos en otra. La más reciente gira en torno a la decisión de AMLO de declarar “de interés público y seguridad nacional” a los proyectos de infraestructura del gobierno (en comunicaciones, telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, entre otros) y ordenar que las licencias y permisos correspondientes se autoricen provisionalmente en un plazo no mayor de cinco días con vigencia de un año, “período en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.

Eso dice el acuerdo, que no decreto, publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación. La diferenciación es pertinente, antes de intentar un análisis de su significado e implicaciones. Ambos son prerrogativa del Ejecutivo Federal, pero un acuerdo es más una resolución de carácter administrativo (tomada en este caso entre el Presidente y sus secretarios de despacho), mientras que un decreto es más de carácter normativo.

Para la vox pópuli, en todo caso, tienen el mismo significado. De ahí que use desde ya en este asunto, el apelativo de “el decretazo”, expresión que remite a una reforma drástica y repentina en aspectos de gran repercusión social, económica y política.

López Obrador rechazó ayer en la mañanera que se trate de un “decretazo” y dijo que es un acuerdo interno entre dependencias para agilizar trámites y se evite que la burocracia frene el avance de las obras. En esa parte parece tener razón: todos nos quejamos de la burocracia que entorpece la gestión de trámites personales, empresariales y públicos.

Ahora bien, ¿a qué obras se refiere? Pues, entre otras, a tres emblemáticas de su gobierno: el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas que prometió entregar a mediados del año entrante. Eso lleva a formular unas cuantas preguntas: ¿Vislumbra que estén por venir más acciones para frenarlas por parte de los poderosos grupos de interés que se han opuesto a ellas y buscado detenerlas?, ¿estará viendo que ya se le vino el tiempo encima para cumplir con el plazo de entrega? O acaso ¿buscará en el incumplimiento del “decretazo” una justificación ante la posibilidad de no cumplir con la palabra empeñada?

Declarar de seguridad nacional esas obras de infraestructura tiene, por otra parte, sus significados. Su función estratégica y su operación embonan, sin duda, en ese concepto. Pero no se olvide que la seguridad nacional es una razón centralísima para reservar o clasificar la información pública. Acaso se justifique si se solicitará información operacional y de seguridad de dichas obras, no así si lo que se pide es información de costos, licitaciones o concesionarios de las mismas.

Tenemos así dos razones que, contra lo argumentado por AMLO, alientan la opacidad y la falta de transparencia: Por un lado, permisos exprés para adjudicar directamente el millonario presupuesto de las obras de marras; y por el otro, la justificación de la seguridad nacional para negar y clasificar información respecto a ellas.

Tras casi treinta años en el centro de la política del país, a López Obrador no le han encontrado nada que cuestione su honradez personal y vaya que le han buscado. No ha sido así con su círculo cercano. Recuérdense si no los videoescándalos, cuando era jefe de gobierno del D.F., con su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, apostando en Las Vegas y su secretario particular, René Bejarano, recibiendo sobornos del empresario Carlos Ahumada; o, ya Presidente, los videos de sus hermanos Pío y Martín recibiendo sobres con dinero. O, más recientemente, el caso de las propiedades no declaradas de Manuel Bartlett, del que fue finalmente exonerado por la Función Pública.

Si lo que pretende el “decretazo” es evitar que se entorpezca el avance de sus obras emblemáticas, a lo mejor se consigue lo contrario. El ministro en retiro José Ramón Cossío considera que por falta de fundamentación y motivación en lo que específicamente se vaya decidiendo con el acuerdo, facilitará los amparos. A su vez, el INAI y la coalición legislativa “Va por México” anunciaron que interpondrán controversias constitucionales en la Corte contra el “decretazo”.

Una más de las muchas decisiones impugnadas de este gobierno que han llegado al máximo tribunal para su resolución. Van 27 controversias constitucionales en tres años. Las preguntas son: ¿Por qué no planchan antes los acuerdos, decretos e iniciativas? ¿Acaso el Presidente no tiene abogados?

Instantáneas:

1. ¿MILITARIZACIÓN? Hoy, por cierto, la ministra de la Corte Margarita Ríos Farjat propondrá a sus compañeros de la Primera Sala declarar válido el acuerdo del pasado 11 de mayo de 2020, mediante el cual AMLO transfirió al Ejército y a la Marina algunas de las labores de seguridad pública que desempeña la Guardia Nacional. Su proyecto de resolución establece que López Obrador no violó con dicho acuerdo el principio de división de poderes. No incluye, al parecer, un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de lo que para muchos es la militarización de la seguridad pública del país.

2. TRES ERRORES TRES. Aunque digan que están concentrados en sus actuales funciones, las tres principales “corcholatas” destapadas por AMLO para 2024 cometieron en estos días errores que solo pueden explicarse por el adelantadísimo banderazo de salida que dio el Presidente al proceso sucesorio. El del canciller Marcelo Ebrard fue viajar a Washington a la Cumbre del T-MEC en business class, mientras que sus compañeros de gabinete lo hicieron en clase turista (ahora lo tachan de “fifí”); el del senador Ricardo Monreal al asistir al Salón Tenampa a celebrar cantando al compositor José Alfredo Jiménez (no se vio nada natural); y el de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al aparecer en la portada de El País Semanal (muy bien se veía, por cierto), cuando es sabido que ese tipo de publicaciones pocas veces dan portada por el valor periodístico de lo que se informa, y la mayoría de las veces la decisión implica un costo para estar en ese tipo de escaparates propagandísticos.

3. EL MENCHO. De los sótanos de la inteligencia militar se ha filtrado una versión que no está ciento por ciento corroborada, pero que puede compartirse como un trascendido: Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados en México y Estados Unidos, está gravemente enfermo. Estaría siendo atendido por un cáncer de páncreas. ¿Hospitalizado? ¿Ubicado? ¿Cercado? Preguntas derivadas del trascendido.

4. PREOCUPACIÓN. El Departamento de Estado norteamericano, a través de su vocero, dejó en claro ayer que Estados Unidos le planteó a México, en diversas formas, su preocupación por la promoción de energía sucia y más cara que la renovable, y de que no contribuya a metas del combate al calentamiento global, además de recordarle que las empresas privadas tienen un papel que desempeñar en esos objetivos.

5. SOBRERREGULACIÓN. La llamada “Ley Rider” en España, que regula a las plataformas tecnológicas de reparto y entrega a domicilio ha generado una nueva afectación. El próximo lunes 29 de noviembre, la empresa Deliveroo sale oficialmente de ese país y cuatro mil familias quedarán sin ingreso, según información del sitio especializado Safeshopping.news. Situaciones como esa podrían replicarse en México si se insiste en la sobrerregulación de una actividad que aquí cuenta con flexibilidad para decenas de miles de trabajadores.


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