¡Ahora resulta! que los boquetes financieros que reportó el gobierno de Puebla, uno por 600 millones de pesos y otro por más de 25 mil millones de pesos y que fueron generados en la gestión de Miguel Barbosa Huerta en el periodo entre 2019 y 2021, son acusaciones falsas y hechas con dolo y desconocimiento.

Bueno, al menos eso es lo que dice Rosario Orozco, viuda del ex gobernador de Puebla, quien sin prueba alguna, más que un simple escrito de seis hojas, quiso defender lo que a todas luces es indefendible.

Sobre la controvertida inversión de 600 millones de pesos al Banco Accendo -justo cuando éste estaba por quebrar-, la señora dice que el recurso está pendiente de recuperación, pero pues obviamente el daño está hecho porque ese dinero no está disponible y bien pudo emplearse en obras u otras acciones de gobierno.

En cuanto al mal cálculo en el pago de las retenciones del ISR del 2019 al 2021 y que provocó un daño patrimonial por 25 mil millones de pesos, ella asegura que no han sido notificados, pero que en todo caso, se podrán recuperar 722 millones de pesos vía incentivo. Sin embargo, es lo mismo, el daño está hecho y es dinero que por lo pronto, el gobierno del estado debe pagar a Hacienda.

Por eso a veces es mejor no hablar y atenerse a las consecuencias legales de los actos u omisiones en el ejercicio de los recursos públicos y más cuando hay pruebas contundentes.

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Esta tarde reapareció el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, ante la comunidad académica.

En su mensaje, frente al edificio de la rectoría, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, quienes le respondieron con aplausos.

Tal fue la expectativa que generó su regreso, que el patio estaba repleto del personal, maestros y alumnos que querían ver con sus propios ojos al rector, luego de que fue reinstalado en sus funciones desde el martes 1 de agosto.

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La firma del convenio de colaboración entre el gobierno de Puebla, la Fiscalía de Puebla y ANTHUS para combatir la trata de personas, sin duda, será bien percibido por la sociedad.

En principio porque se traduce en el reconocimiento de una práctica lesiva para la sociedad que por desgracia persiste en Puebla y en segundo lugar, porque establece una nueva estrategia contra este delito.

El problema es complejo porque la trata de personas, va más allá de la prostitución y su erradicación, demanda de la participación de organizaciones sociales y entidades de gobierno, en todos sus niveles. Bien por este gran peso.