Un video que se hizo viral y que se atribuye Operativa Barredora revela lo que en efecto ya habían adelantado las autoridades de seguridad en Puebla, que el empresario César Eduardo Garrido tenía vínculos con el crimen organizado y su asesinato sería un ajuste de cuentas.

Luego de ser “levantado” del Mochomos en Plaza Solesta y antes de que apareciera su cuerpo calcinado afuera del C5, el joven de 24 años fue sometido y obligado a grabar su propia confesión en la que relata que pertenecía a una red que se dedicaba al robo de transporte de carga.

En esa misma red estarían vinculados Alexis, alias “El Jaguar” –asesinado en el casino Big Bola de Lomas de Angelópolis- y Joel Abraham –quien fue asesinado junto a su pareja, la influencer Vielka Pulido-.

Incluso, dice que recibían protección de la Guardia Nacional y mencionó los apodos de otros cabecillas como Arturo, alias “La Mano”; Chesita “alias El Negro” y “El Rojo”. A ver qué dicen al respecto las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado.

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Aún no entran en funciones, pero los próximos diputados locales ya pusieron manos a la obra. La diputada local de Morena, Laura Artemisa García, quien presidirá la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso, adelantó que ya están analizando en mesas de trabajo las reformas que serán necesarias para hacer los ajustes en la administración pública que propuso el gobernador electo Alejandro Armenta.

Indicó que se evalúa la forma como quedará la nueva arquitectura con la creación de secretarías y la fusión de otras más, así como el cambio de algunas atribuciones.

Explicó que la meta es que el 1 de enero del 2025 ya pueda operar la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, pero la premura es tal porque además se deberán contemplar estos ajustes en el presupuesto del próximo año.

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La licitación de radares para detectar vehículos sin verificar quedó desierta, lo que significa en los hechos que ninguna empresa adquirió las bases y, en consecuencia, no se le pudo dar continuidad al proceso de adjudicación, por lo que se espera que la próxima administración estatal emita en su momento una nueva convocatoria.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Norma Angélica Sandoval Gómez, negó que la cancelación se haya debido al rechazo ciudadano contra esa medida, pero llamó a la responsabilidad social de los automovilistas para cumplir con la verificación.

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