Hay que celebrar que se haya logrado el acuerdo que permitió destrabar la prohibición para importar aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Era mucho lo que estaba en juego. Solo el año pasado se pagaron 2,800 millones de dólares por la importación de 1.1 millones de toneladas de aguacate mexicano. La amenaza a un inspector estadounidense por parte de criminales fue lo que detonó la prohibición, por lo que ahora los poco más de 90 funcionarios de ese país tendrán custodia militar y policiaca en los municipios aguacateros de Michoacán.

La solución llegó muy pronto, pero no deja de llamar la atención el nivel que alcanzó el incidente. El Canciller Marcelo Ebrard tuvo que entrar en contacto con autoridades de la Unión Americana. Que haya sido necesario ofrecer protección especial a sus inspectores no nos puede pasar inadvertido. Dice mucho sobre la situación de inseguridad que hay en México.

Según la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, el costo económico de la inseguridad en 2020 fue de 7 mil 155 pesos por persona. A nivel país ese costo fue de 277.6 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.85 por ciento del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se puede contabilizar, pero existe además una enorme cifra negra por todos los delitos que no se denuncian.

Es dramático el número de empresas afectadas por la inseguridad. A la inflación y el estancamiento económico, se suman las extorsiones y los robos. Muchos micro y pequeños empresarios no han podido sortearlo. Se trata de los principales generadores de empleos en el país y los más afectados por este cúmulo de adversidades.

La inseguridad no es un problema nuevo, pero sí hay indicios de que está en aumento. El proceso electoral de junio del año pasado se convirtió en el más violento de la historia. Hubo más de 300 agresiones a candidatos y precandidatos. Algunos aspirantes quedaron fuera porque recibieron amenazas; otros no llegaron a la boleta porque fueron asesinados.

A ocho meses de distancia podemos constatar que casi la totalidad de esos ataques fueron cobijados por la impunidad. Lo más preocupante es que se detectaron vínculos criminales de muchos aspirantes que alcanzaron el triunfo. En un municipio gobernado por el candidato impulsado por los criminales, no se ve cómo vayan a disminuir los delitos.

Esta vez fueron los aguacates. La solución se alcanzó fácil. Pero resguardar a 90 inspectores estadounidenses no es lo mismo que proteger a los millones de mexicanos permanentemente vulnerados por la inseguridad. Para eso no parece existir un plan, ni una estrategia, ni coordinación, ni absolutamente nada.

Mientras tanto, la delincuencia aprovecha el vacío de poder para repartir dinero y miedo. Crece imparable. No sabemos el desenlace, pero sí sabemos que aterra.