Con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena avanza en la redacción de una nueva Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se busca fortalecer la participación y recaudación del Estado mexicano en dicho sector y afianzar a la flamante Agencia de Transformación Digital como ente regulatorio.
De acuerdo con los avances del proyecto a los que tuvo acceso esta columna, el texto en realidad no se trata de una nueva ley, sino de modificaciones a la que está vigente actualmente y que se busca ajustar a los cambios constitucionales aprobados en el Congreso de la Unión a finales del año pasado, con los que se decretó la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Entre los cambios y adiciones más importantes están los del Artículo 3, en su fracción XL, donde se redefine una “neutralidad” a la competencia para exentar a los organismos de gobierno —prestadores de servicios de telecomunicaciones— de la comisión de prácticas anticompetitivas. Se trata de entes como CFE Telecom, Altan Redes y otros que se puedan crear.
Más adelante, en el Artículo 35 se dicta el otorgamiento directo de concesiones comerciales a entes públicos, algo que estaba prohibido en el Artículo 28 de la Constitución y que quedó ambiguo tras las recientes reformas de Morena. El caso es que, con la “nueva ley” se acabó el trato diferenciado en cuestión de comercialización, de manera que los privados tendrán en su terreno competidores con tendencia a convertirse en monopolios.
En el Artículo 79 se establece la obligación de dar acceso gratuito a internet en sitios de gobierno y la facultad que tiene el Estado para instruir a los privados el soterramiento o retiro de su infraestructura. La prioridad, aseguran los morenistas, es el acceso social a las redes de internet, por lo que se consideran para este objetivo aportaciones de los grandes generadores de tráfico como Google, Meta, Netflix, Amazon, Apple o Microsoft, a un fondo parecido al Fair Share que se discute en Europa.
Los Artículos 107 y 108 consideran una regulación a este tipo de plataformas, ejercida por la Agencia de Transformación Digital, a cargo de José Merino, en la que se establece la creación de ese fondo al que estos grandes jugadores del mercado tendrán que aportar para tender redes de carácter social. La premisa es que estas firmas obtienen grandes ganancias por el uso de la infraestructura, por lo que deben contribuir a desarrollarla y democratizarla.
En lo que respecta a los costos que los privados tendrán que pagar por el uso del espectro radioeléctrico, el Artículo 112 indica que éste será del 5% de los ingresos que se obtengan por los servicios, lo que prácticamente es el nacimiento de un nuevo impuesto. Actualmente este pago es una contraprestación que se establece en los procedimientos licitatorios de las concesiones con base en el alcance de la población cubierta.
Además, hay varios artículos que incrementan otras facultades del Estado, pero llaman la atención los que confirman a la Agencia Digital como un ente regulatorio, incluso en materia de competencia. El punto contradice a la reforma constitucional que establece a la nueva Autoridad de Competencia de la Secretaría de Economía como ente regulador de los preponderantes y concentraciones, pues se establece que la Agencia es la que tendrá las opiniones “vinculantes”.
Este último asunto seguramente tendrá que ser discutido, pues se augura una confrontación entre “Pepe” Merino y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Posdata 1
El próximo lunes, el ingeniero Carlos Slim Helú, ofrecerá una conferencia de prensa, como lo hace de vez en cuando al inicio del año para posicionarse sobre temas relevantes de sus empresas y asuntos de México y el exterior.
Hoy resulta más que importante que el hombre más rico de México fije su postura frente a los embates del gobierno de Donald Trump. Y aunque estuvo junto con su hijo, Carlos Slim Domit, en Washington DC, en algunas reuniones previas a la toma de protesta de Trump, no se le conocen relaciones cercanas al primer círculo del presidente estadounidense, ni tampoco tiene grandes negocios o intereses en Estados Unidos.
Se espera que Slim Helú defienda a México y al gobierno de la presidenta Sheinbaum y, como lo hicieron esta semana algunos de los principales empresarios del país, la respalden en la renegociación del TMEC y contra las amenazas arancelarias de Trump.
El evento se llevará a cabo en sus oficinas del Banco Inbursa, en Paseo de la Palmas, en la CDMX.
Posdata 2
Hace poco se publicó en este espacio sobre la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de deshacerse de personajes indeseables en Morena; pues bien, la estrategia parece que tendrá que abortarse o por lo menos esperar, pues la destitución ayer del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, es una señal de que el máximo liderazgo de la 4T sigue protegiendo a sus fieles seguidores, entre ellos a Cuauhtémoc Blanco.
Carmona Gándara estaba cerca de llevar a juicio de procedencia al exgobernador y ahora diputado federal, involucrado en una carpeta de investigación por el presunto intento de abuso sexual contra su media hermana, pero fue primero removido de su cargo por el Congreso morelense, con el voto de 16 de 20 diputados, por el delito de obstrucción de la justicia en el caso del homicidio de Ariadna Fernanda.
Por lo visto, la gobernadora morenista del estado, Margarita González, también tendrá que detener la persecución a su antecesor, aquella con la que le señalaba mal uso de por lo menos unos 40 millones de pesos de recursos públicos, que habrían salido de la Comisión Estatal de Agua, el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Todo parece indicar que al controvertido y sombrío exgobernador todavía lo cubre el manto de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento.
@MarioMal
