De manera tímida y precavida, el gobernador Omar Fayad y exgobernadores de Hidalgo, como Miguel Osorio Chong, expresaron su respaldo y solidaridad con el extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, pese a que saben que enfrentan un embate que busca la extinción del grupo que lleva por nombre el de su mismo estado, con procesos penales que, si no caminan por tortura o desaparición forzada, lo harán por irregularidades en su situación financiera.
La detención del creador de la “verdad histórica” sobre los sucesos de Ayotzinapa es un paliativo para los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, quienes siguen sin tener resultados sólidos de las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes, una promesa permanente de Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su sexenio. Al gobierno le urgía entregar a un “pez gordo”, en un escenario en el que resultaban manchadas también las instituciones consentidas de este gobierno: el Ejército y la Marina.
El primer procurador del gobierno de Enrique Peña Nieto duerme ya en la prisión, aunque los especialistas aseguran que será imposible configurar los delitos por los que se le acusa, incluso el de obstrucción de la justicia. No obstante, en los cajones de la Fiscalía General de la República –en la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos precisamente– descansan expedientes contra el exfuncionario con los suficientes elementos para vincularlo a proceso, por sangrar al erario a través de la partida de Seguridad Nacional.
Murillo Karam debió estar enfrentando a la justicia desde el 2016, cuando se detectó y se documentó que el exgobernador hidalguense sustrajo unos 100 millones de pesos de la partida 33701, correspondiente a “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, a través de un nada sofisticado esquema en el que sus colaboradores acudían al banco a retirar onerosos montos en efectivo.
Luis Lagarde Vázquez, director de Recursos Financieros de la PGR en los tiempos de Murillo Karam, se presentó mensualmente entre 2013 y 2014 en sucursales de HSBC para hacer retiros unitarios por alrededor de 5 millones de pesos. Fueron 20 veces en total las que el contador público, también hidalguense, se presentó en las ventanillas con sendos cheques autorizados por la dependencia oficial.
De acuerdo con los reportes que se incluyeron en las indagatorias, Lagarde acumuló en retiros durante esos años 97 millones 845 mil pesos, un monto del que se perdió completamente el rastro y que se presume llegó a las manos de Jesús Murillo Karam. Sobre este tema el exprocurador y múltiples cabilderos han pedido a procuradores y fiscales que se cierre lo más pronto posible este caso.
Un detalle interesante es que las firmas autorizadas para que esos montos pudieran ser retirados de las cuentas 04056023666 y 04057066177 del HSBC corresponden a las de Lidia Noguez Torres, entonces Visitadora General de la PGR; Jaime Luna Ángeles, Coordinador Administrativo, y a Lagarde Vázquez, todos ellos parte del círculo cercano a Murillo durante muchos años. En el primer caso, el de Noguez Torres, se trata de una funcionaria que ha trascendido hasta los presentes días y que forma parte del círculo cercano al todavía gobernador Omar Fayad.
Hace unas semanas, Noguez Torres fue ratificada en el congreso hidalguense como integrante del Consejo de la Judicatura del estado, a propuesta directa del titular del Poder Ejecutivo local.
Así que al igual que sucede en el Estado de México con el Grupo Atlacomulco, en Hidalgo los priistas ya no buscan proteger sus posiciones, sino la libertad de sus gobernantes.
Van por Tomás Zerón e investigan a cercanos
El otro “pez gordo” que el gobierno buscará extraditar de Israel para que haga frente a las acusaciones en su contra es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, a quien le ofrecieron un criterio de oportunidad que no aceptó.
Por ello, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Cancillería intentarán, por todos los medios posibles, conseguir la extradición de Zerón a México, además de que se investiga a su círculo cercano.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, solicitó el apoyo de la Embajada de Israel en México, así como de empresarios mexicanos con origen israelita para gestionar y sensibilizar sobre los lazos que unen a ambos países y la importancia de la colaboración para extraditar a Zerón y otros mexicanos que se exiliaron en Israel, país con el que no se tiene un acuerdo de extradición.
El brazo operativo de Jesús Murillo Karam era el exjefe de la investigación del caso Ayotzinapa, pieza fundamental en la llamada “verdad histórica”. La reciente investigación de la Secretaría de Gobernación lo señala como el funcionario que orquestó varias acciones para legitimar la indagatoria del gobierno de Peña Nieto, así como para blindar a grupos del crimen organizado, militares y a distintos actores políticos.
Las autoridades mexicanas también investigan a empresarios cercanos a Zerón, como David Avital, de la empresa MTRX Technologies, quien, se dice, le ayudó a esconderse en Tel Aviv. Se le relaciona también con el empresario José Ramón Abraham, involucrado con empresas de seguridad.
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