En la aceitada estructura electoral de Morena, que presume tener más de 10 millones de votos, se tiene claro que el domingo 1 de junio –día de la elección judicial– habrá línea para apoyar a las ministras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que buscan repetir en el cargo.
Lo que aún no se define es cuál de las tres abogadas logrará la mayor cantidad de votos para convertirse en la próxima presidenta del máximo órgano judicial. Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz son las tres mejor posicionadas, pero cada una tiene sus polémicas, conflictos de interés o genera rechazo por su marcada ideología política.
Loretta Ortiz Ahlf es quizá la más vulnerable por la cantidad de conflictos de interés y acusaciones que viene arrastrando. En diciembre pasado fue denunciada por tráfico de influencias. El despacho Quinn Emanuel solicitó en Estados Unidos que se informe sobre el estatus de las indagatorias que incluyen a su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas. Se le señala de tener la intención de votar a favor del empresario Rafael Zaga Tawil en el litigio que mantiene contra Actinver por mil millones de pesos, el cual analizó la Primera Sala de la SCJN, de la cual Ortiz Ahlf es presidenta.
Otro asunto caliente para la ministra tiene que ver con Santander y una herencia. El asunto viene del 2021, cuando las hermanas Garza ganaron una demanda contra el banco español en el Primer Tribunal Colegiado, que reconoció que la institución financiera permitió, mediante la falsificación de firmas en un fideicomiso, que su hermano las despojara de más de 800 millones de dólares. Pese al fallo, el banco ha seguido impulsando el caso con la intención de que llegue a la SCJN, que busca presidir Loretta Ortiz.
De resultar cierta la investigación que se le sigue en la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, la ministra no sólo tendría que olvidar su sueño de ser presidenta de la Corte, sino que deberá apartarse del máximo órgano de justicia.
En lo que concierne a Yasmín Esquivel, no se descarta que regrese a la opinión pública el asunto de su tesis, pues, si bien la ministra ya ha ganado el caso desde el punto de vista jurídico frente a la Universidad Nacional Autónoma de México, éste sigue siendo motivo de escándalo.
Esquivel ha ido tejiendo fino entre los grupos empresariales, los organismos sindicales y otros grupos de poder para posicionarse y reunir adeptos de cara a la elección de junio. Tampoco es mal vista en el oficialismo ni en Palacio Nacional, pero está por verse si todos esos apoyos se logran traducir en votos el día de la elección.
Donde ni Esquivel ni Ortiz Ahlf transitan, pese a su cercanía con Morena, es en el ala radical del oficialismo, simplemente porque ese grupo apoya a la autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, con todo y sus deficiencias técnicas, sus conflictos de interés y la marcada ideología política con la que ha votado dentro de la SCJN.
El principal impulsor de su campaña es Martí Batres, sobre todo en la Ciudad de México, donde fue jefe de Gobierno y están echando mano de las bases del movimiento para impulsar la candidatura de su hermana. El exmandatario está relacionado con la vivienda de interés social de la capital, a través de organizaciones que acapararon hace varios años las viviendas que repartía el INVI y que ahora se preparan para ser beneficiados con la nueva función de un Infonavit constructor.
Ya se verá quién de las tres ministras logra mejores resultados en la elección y se convierte en la nueva presidenta de la Corte. Lo cierto es que hoy están enfrentadas, en plena competencia, buscando apoyos económicos y votos. ¿Les alcanzará o habrá algún caballo negro que les dispute la presidencia del máximo órgano de justicia del país?
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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes que su gobierno continúa negociando para que las industrias del acero, el aluminio y el sector automotriz sean los menos afectados por los aranceles. Se refirió a que, aun con tarifas comerciales, éstas sean menores que las impuestas a otros países.
También mencionó que no se espera una gran salida de inversiones del sector automotriz, pues además de lo costoso que resultarían esos movimientos, los ejecutivos de la industria no tienen la intención de hacerlo.
Según la Industria Nacional de Autopartes, la migración tardaría entre cinco y 10 años y costaría un promedio de 60 mil millones de dólares.
Lo que sí va a suceder es que buena parte de las armadoras asentadas en México van a reconfigurar sus líneas de producción, para lo que probablemente tendrán que frenar sus operaciones, tal cual lo anunció ya Stellantis en su fábrica de Toluca, en el Estado de México, donde laboran cerca de 4 mil 500 trabajadores.
La reconfiguración es para fabricar en territorio nacional los vehículos que cuenten con más componentes hechos en Estados Unidos y de esta manera reducir al mínimo el pago de aranceles, y mandar del otro lado de la frontera las líneas de producción con incluye tanto contenido regional.
Por lo pronto, estos días el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúne en Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para continuar con las negociaciones.
Posdata 2
Vaya bomba la que puede explotar si el gobierno de Claudia Sheinbaum se decide ir a fondo con las investigaciones del llamado “huachicol fiscal”.
Hace 10 días, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció el aseguramiento en Altamira, Tamaulipas, de 10 millones de litros de diésel depositados en 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.
“Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad y trabajos de inteligencia e investigación para combatir el tráfico ilegal de combustible en el país”, expuso García Harfuch.
Ayer, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo que la documentación del buque asegurado llegó con datos falseados desde el contenido hasta las cantidades, por lo que se iniciaron investigaciones contra las agencias aduanales y funcionarios que estarían implicados.
Hasta el momento no hay detenidos, pero la hebra puede llegar hasta niveles insospechados de funcionarios, exfuncionarios, prestanombres y políticos en funciones incluidos muchos del morenismo. Los nombres son de dominio común en el sector aduanero y en Pemex, así que solo es cuestión de saber qué tan lejos quiere llegar realmente en la 4T.
Si bien el “huachicol fiscal” no es una problemática sólo de los gobiernos de Morena, el ilícito se exacerbó durante el gobierno de López Obrador, hasta alcanzar un volumen de 40 millones de litros diarios o unos 300 mil barriles diarios de combustibles.
Por lo pronto, ya se inició un operativo para ir por los transportistas (las pipas), pero éstos son sólo una pequeña parte del entramado.
Posdata 3
Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar a la empresa ganadora del concurso por el que se adjudicaron los trabajos del Tren Interurbano; la responsable de retrasar la entrega del tramo de 17 kilómetros que va de Santa Fe a Observatorio.
Se trata de Grupo CAABSA, propiedad de Luis y Mauricio Amodio, actualmente avecindados en Madrid, España, donde dividen su vida entre hoteles, condominios y sus barcos de lujo.
CAABSA era la encargada de construir el Tramo III de “El Insurgente”, pero ante retrasos en las entregas y pagos de 10 mil millones de pesos, la entonces jefa de Gobierno capitalina terminó de manera anticipada el contrato; tras la salida de CAABSA de la ecuación, fueron contratadas 12 empresas para terminar los trabajos.
@MarioMal
