Casi dos mil millones de pesos de las empresas productivas del Estado fue lo que la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, auditó en programas en la primera entrega a la Cámara de Diputados de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.
El resultado de la evaluación es que se integran a la CFE, de Manuel Bartlett, y a Pemex, de Octavio Romero, montos por aclarar.
Pese a todo, la mesa está puesta para que, sin escándalos, este 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure lo que se espera se convierta en uno de los proyectos insignia de su sexenio: la refinería de Dos Bocas, en un marco de escepticismo de parte de los especialistas, de los participantes del mercado de hidrocarburos y de buena parte de la sociedad en general.
No obstante, la baja credibilidad que carga el órgano contralor de Colmenares Páramo hace dudar que la CFE y Pemex sean un ejemplo de transparencia y legalidad. Nunca lo han sido y muy difícilmente lo serán de la noche a la mañana.
En febrero del año pasado, la ASF señaló irregularidades por 53 millones de pesos en Dos Bocas, por el pago de materiales, servicios y personal que no cumplieron con disposiciones legales.
En el informe denominado “Conformación de Plataformas y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, la Auditoría cuestionó que se adquirieran materiales de construcción en mayor cantidad que los estimados, que se pagaran más que los que se usaron, que se empleara maquinaria diferente a la que se contrató y que se empleara a personal con capacidades menores a las requeridas.
Aun así, los primeros análisis y señalamientos sobre el proceso de construcción de la refinería fueron laxos, pues 53 millones de pesos en irregularidades suena a un porcentaje inconcebible en una obra que duplicó su presupuesto inicial, para representarle un costo de 18 mil millones de dólares.
De inicio se habían considerado 8 mil millones y se veía como una inversión descabellada en un mercado que abandona los combustibles fósiles.
La CFE también sale bien librada de las revisiones, debido a que, de los escrutinios realizados a la compra de suministros como Hexafluoruro de Uranio Enriquecido y Natural, tampoco se detectó, según los reportes que arribaron al Congreso de la Unión, irregularidad alguna.
Las auditorías no consideraron las compras multimillonarias de carbón por adjudicación directa, en las que seguramente se encontrarían grandes cantidades de recursos por recuperar.
No se puede confiar en una Auditoría que presenta alrededor del 80% de sus observaciones como solicitudes de aclaración, es decir, de los mil 38 millones de pesos que el equipo de David Colmenares presenta como observados, tan sólo 201 millones corresponden a irregularidades injustificables.
Más aún, son montos susceptibles de recuperación. El resto, 836 millones, es una cifra que podrá ser aclarada por los funcionarios señalados, sin consecuencias administrativas o penales.
La solicitud de aclaración es una figura que históricamente se ha usado para indultar a los funcionarios corruptos.
Se presenta como una irregularidad y se suman sus diversos montos a la cifra final de observaciones, pero queda en el limbo su justificación y alejada del escrutinio público, en un proceso en el que ya sólo intervienen los funcionarios de la ASF y los personajes señalados por el uso indebido del erario.
Un país como México requiere una Auditoría fuerte y transparente, sobre todo cuando vemos que cada día se incrementa el presupuesto para lograr la autodenominada transformación.
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