El último round por los mil millones de pesos de Carmela Azcárraga Milmo se libra esta semana en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde ahora el SAT de Raquel Buenrostro presiona a los magistrados para reducir en dos terceras partes el monto de devolución de ISR que ordenó en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso esta columna, en los últimos días del año pasado Buenrostro sostuvo una reunión privada con el presidente del órgano jurisdiccional, el magistrado Rafael Anzures, en la que lo conminó a ejecutar la orden de devolución sin considerar los recargos y actualizaciones que establece la ley.

Esto significa que los 339 millones que se cobraron indebidamente como ISR en el gobierno de Felipe Calderón por la venta de acciones de la firma Acotel, hoy están convertidos en un monto de mil 25 millones de pesos, de acuerdo con los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, que establecen el cobro de intereses y actualizaciones.

El Código Fiscal establece que la cantidad deberá multiplicarse por un factor de actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 1.8033, ya que este indicador pasó en 14 años de una proporción de 69.0491, en 2007, a 117.308, según el último reporte del IPC de diciembre de 2021.

Dicha operación arroja una cifra actualizada de 611 millones de pesos que, al sumarse a intereses acumulados por 414 millones, dan como resultado esa cifra total de devolución que el SAT se niega a aceptar, pero que tendrá que pagar como consecuencia de las omisiones legales de los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Se espera que el asunto, radicado en la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA, que preside la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esté definido esta misma semana, pues, como lo adelantamos en este espacio, la orden para ejecutar la devolución de la Corte llegó desde el pasado 12 de diciembre, con tres días hábiles para su cumplimiento, que se extendieron hasta estas fechas por el periodo vacacional.

El encargado de elaborar el proyecto para ejecutar la devolución es el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien estuvo involucrado en el proceso que llevó este asunto hasta la Corte y fue responsable del regaño que los ministros emitieron contra el propio tribunal, por actuar de manera parcial en favor de las autoridades hacendarias.

La resolución de Jiménez Illescas tendría que ser acorde a los términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que lo obliga a precisar con claridad la forma y los términos en los que la autoridad, en este caso el SAT, debe cumplir la sentencia, incluyendo el cálculo de actualizaciones e intereses.

Se sabe que una de las peticiones específicas de Raquel Buenrostro al magistrado Rafael Anzures fue que no especifique en la resolución el cumplimiento de los artículos del Código Fiscal correspondientes a la actualización de la cifra; el problema, le dijo el magistrado, es que esa ejecución iría en contra de las jurisprudencias que ha establecido el propio tribunal y que han marcado la pauta de todas sus resoluciones.

Adicionalmente, el tema resulta una trampa y una contradicción para la jefa del SAT, pues en la cruzada que ella ha emprendido contra los empresarios y particulares que adeudan impuestos al fisco, siempre pone por delante el factor de actualización de las cifras, para llevar multimillonarias cantidades a las arcas del gobierno. El caso se debe resolver esta semana.

Gabinete Covid

Por segunda ocasión, el presidente López Obrador se contagió de Covid-19. No se tiene certeza sobre si la variante corresponde a la muy virulenta ómicron, pero se da en medio del incremento generalizado de contagios (la llamada cuarta ola) y cuando en el mundo los gobiernos comienzan a tomar medidas restrictivas.

También ocurre en el momento que el Presidente, su gabinete y simpatizantes –como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum–, desestiman el nuevo repunte de los contagios y las variantes, y se resisten a endurecer las políticas sanitarias. El resultado de esta cadena de irresponsabilidades es que el gabinete presidencial ha comenzado a infectarse de coronavirus. El viernes pasado, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció que dio positivo a una prueba Covid. Ayer fue la titular de Semarnat, María Luisa Albores, quien dio a conocer el contagio, al igual que el Presidente, quien este lunes, a pesar de tener síntomas, se reunió con otra buena parte de su gabinete.

Antes de la conferencia matutina, tuvo un encuentro, como todos los días, con su gabinete de Seguridad, con los titulares de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, Rafael Ojeda y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. También asisten Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. También se reunió con el titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May.

En la conferencia matutina el Presidente compartió micrófono y escenario con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, y posteriormente sostuvo reuniones con el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo.

¿Cuántos más estarán contagiados?

El INE y la renta de autos

Ahora que el equipo del presidente López Obrador indaga el presupuesto y gastos del Instituto Nacional Electoral (INE), se encontrará con algunas ‘joyas’. Una de ellas es que el organismo a cargo de Lorenzo Córdova contrató a la empresa Jet Van Car Rental hasta por 256.5 millones de pesos para arrendarle 376 camionetas de 2019 a 2022. No obstante, las irregularidades registradas por la empresa de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López la llevaron a ser inhabilitada desde inicios de 2021 al 26 de enero de este año.

Así, aunque la determinación de la Secretaría de la Función Pública llegó después de que resultara ganadora del proceso LP-INE-004/2019, no es la primera vez que la proveedora es señalada por su servicio deficiente. Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jet Van Car también fue elegida como arrendadora del instituto a cambio de 912.9 millones de pesos; posteriormente, el Órgano Interno de Control expuso que si la flota se hubiese comprado, se habría ahorrado hasta 53%. La penalización por esta maniobra fue de 5.7 millones de pesos. Apenas en 2018 se ventiló que esta firma ha compartido representante legal con Forza Arrendadora Automotriz, la cual obtuvo un oneroso contrato para rentar más de 5 mil vehículos a Pemex de 2021 a 2024.


@MarioMal
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