En la recta final del conflicto entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, las apuestas se inclinan hacia el segundo, pero no precisamente para que obtenga una victoria política o personal, sino para hacer a un lado a un personaje que representa un obstáculo y es incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este escenario, Scherer y sus denuncias son instrumento de una decisión que ya fue tomada en Palacio Nacional, y de la que el Presidente está de acuerdo, las cuales consisten no sólo en la destitución de la cabeza de la FGR y su mano derecha, sino en la modificación de una estrategia de procuración de justicia que persiguió durante más de tres años a funcionarios aliados y benefició a los más odiados opositores.

Mientras en la Fiscalía de Gertz Manero se les daba prioridad a carpetas de investigación que involucran a funcionarios y exfuncionarios como Scherer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y el exdirector de la UIF, Santiago Nieto, se buscaba también dar beneficios a personajes como Emilio Lozoya o Ricardo Anaya.

Es conocido el pacto que el titular de la FGR selló con Emilio Lozoya Thalmann para evitar que su esposa, Gilda Margarita Austin, y su hijo, el exdirector general de Pemex, pisaran la cárcel durante su proceso judicial. Están registradas diversas visitas del exsecretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari a la oficina de Juan Ramos López, mano derecha del Fiscal, quien se encargó de mantener los acuerdos hasta que una foto en el Hunan los hizo insostenibles.

También pesa sobre el actuar de la FGR el acuerdo que cerró en los últimos meses con el PAN, especialmente con el actual diputado federal Santiago Creel, quien pidió que se ‘perdieran’ las carpetas de investigación en su contra y de su familia, respecto a su relación con posibles factureras, y para perfiles como Ricardo Anaya y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La moneda de cambio fue el apoyo sólido e incondicional del PAN en el Senado de la República, que en este momento dificulta la remoción de Gertz Manero, y que ha generado un serio dilema al presidente López Obrador, que evalúa la posibilidad de perpetuar un interinato en la FGR hasta finales de su sexenio, con tal de no pasar el nombramiento por la Cámara Alta.

Basta recordar la manera en que los panistas arroparon al fiscal durante su comparecencia del pasado 17 de marzo ante la Junta de Coordinación Política del Senado, en la que más que hablar sobre el estado de la procuración de justicia en el país, se dedicó a defender la postura sobre que Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán habían sido responsables de la muerte de su hermano, Federico Gertz.

Se conocen conversaciones entre legisladores panistas en las que manifestaron estar de acuerdo con los argumentos del fiscal, incluso con la culpabilidad de las señoras que, por unanimidad, fueron declaradas inocentes por los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gertz es un problema con integrantes de Morena y del gabinete de López Obrador, pero no precisamente con la oposición.

El próximo relevo en la FGR se ve como un respiro para la 4T, y para todos aquellos funcionarios que han sido perseguidos con expedientes armados con fines políticos y de venganza personal. Para Scherer será igualmente una victoria, aunque también se ha beneficiado de esos vínculos con la oposición y pese a que algunas de sus acciones han sido conocidas y padecidas por muchos políticos y empresarios.

Nepotismo en Pemex y las refinerías

El fin de semana revelamos un video en redes sociales en el que se ve y escucha al gerente de la Refinería de Tula, Felipe Careaga, quejándose amargamente de los altos funcionarios de Pemex y la falta de personal para operar las refinerías.

El funcionario acusa que la infraestructura de Tula “se está cayendo”, y conmina a los trabajadores de Pemex a manifestarse en la torre de la empresa en Marina Nacional.

Careaga acusa directamente al director de Administración y Servicios de Pemex, Marcos Herrería, de dejarlos sin gente, de advenedizo y de no tener experiencia.

Lo que sí tiene Herrería –a quien los empresarios del sector también alucinan porque no les paga y porque les canceló varios contratos–, es que es “cuñado del Presidente”, como lo menciona en el video el gerente de la refinería de Tula.

Y así es: Marcos Herrería, además de ser compadre y socio en una empresa del actual director de Pemex, Octavio Romero, tiene una hermana que está casada con uno de los hermanos del presidente López Obrador.

Así las cosas en Pemex… por si faltara algo.

Elección en Durango

En la próxima elección local en Durango, Juana Leticia Herrera Ale busca ser presidenta municipal de Gómez Palacio por tercera ocasión –ya fue en 2001-2004 y 2016-2019–. Representa a la alianza “Va por Durango”, con fuerte arraigo en esta ciudad donde están asentados muchos empresarios de la región. Sin embargo, en los últimos años, después de concluir su segundo mandato municipal, Herrera ha sido objeto de un complejo entramado de acusaciones, investigaciones, amparos y órdenes de aprehensión en contra de sus colaboradores cercanos.

En 2020, la empresa Inmobiliaria Villa Jardín SA de CV, propiedad de Herrera, fue objeto de una orden de investigación emitida por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (Oficio 110/F/B/6997/2020, con folio SIARA UIF/2020/000674), la cual derivó en la incorporación de la empresa a la lista de personas bloqueadas y la inmovilización de ocho cuentas bancarias vinculadas a Herrera por parte de la CNBV. En el contexto de la investigación iniciada por la UIF, Herrera presentó dos amparos para revertir el bloqueo de cuentas y evitar una posible orden de aprehensión.

Óscar García Villarreal, apoderado de empresas vinculadas con Herrera (Chilchota, Taxi Aéreo e Inmobiliaria Las Praderas de Durango) y extesorero de Gómez Palacio durante la segunda presidencia municipal de Herrera, enfrentó una orden de aprehensión emitida por la jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial en Durango por “ejercicio abusivo de funciones” a través desvío de recursos públicos durante su cargo como tesorero municipal. Ante esta situación, García Villarreal interpuso un amparo que le fue negado y la autoridad judicial confirmó la legalidad de la orden de aprehensión.

Con estos antecedentes, Herrera, hija del empresario y político Carlos Antonio Herrera Araluce, alcalde de Gómez Palacio, no la tiene fácil esta vez. Veremos hasta dónde le alcanza.

@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

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