El proceso electoral del Estado de México imanta los reflectores por el peso que representa una entidad con 13% del padrón nacional de votantes, el mayor porcentaje de los estados del país, la cual es gobernada por un grupo político que ha marcado su historia en las últimas décadas: el poderoso Grupo Atlacomulco. No obstante, en 2023 también se definirá la gubernatura de Coahuila, otro bastión priista que se ha mantenido igualmente bajo el control de una dinastía, la de los Moreira.
En este caso, el del estado norteño, se da por descontado que el candidato que resultará victorioso será el que abandere Morena, y es precisamente en el interior de este organismo político donde se darán las pugnas para definir al próximo gobernante. El PRI tiene claridad sobre este escenario, por lo que el hermano con mayor influencia del clan Moreira, el diputado federal Rubén Moreira, ya puso sus ojos y apoyos sobre una figura pragmática del morenismo: el senador Armando Guadiana.
El empresario minero es una de las cartas que maneja la 4T para gobernar Coahuila en 2023. Fue el candidato de este movimiento en 2017, cuando compitió contra el actual gobernante Miguel Riquelme, del PRI, y contra el candidato de Acción Nacional, Guillermo Anaya. Las versiones apuntan a que, desde entonces, Moreira lanzó a Guadiana para conseguir una apretada victoria del priismo contra el PAN, la cual terminó por decidirse en los tribunales.
Guadiana es la apuesta por una disfrazada continuidad, pero su futuro se complica si se toma en cuenta que el senador ha tenido diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador por puntos de vista opuestos respecto a la técnica del fracking y la política minera del gobierno federal. Además, si se llegan a confirmar los vínculos del legislador morenista con la mina involucrada en el derrumbe que mantiene atrapados a 10 trabajadores, su destino quedará marcado. Hasta el momento se ha confirmado que Minera Catamco sí tiene relación legal con Abel Alvarado Tijerina, medio hermano del senador.
Otro de los aspirantes a la candidatura morenista es Luis Fernando Salazar, con un pasado panista y calderonista. Formó parte de la bancada del PAN en el Senado que aprobó la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, el mismo grupo que integraban Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez. En 2017 intentó arrebatarle la candidatura panista a Guillermo Anaya, pero se vio afectado por la filtración de un audio de índole personal que lo reveló como victimario de violencia de género.
Salazar, adoptado por el morenismo en 2018 y con trayectoria como diputado federal bajo los colores de este movimiento, es el proyecto del calderonismo para controlar otro gobierno estatal más, como ya lo hicieron durante seis años con el estado de Tamaulipas y como lo hacen actualmente con el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa en Puebla, con quien este grupo de exsenadores y otros mantienen una férrea alianza.
Finalmente, la carta de Palacio Nacional es el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, placeado todos los jueves en la conferencia de prensa mañanera dentro de la sección bautizada como “Cero Impunidad”, en la que se dan a conocer los supuestos avances en materia de justicia y seguridad. Mejía ha sido considerado también para la FGR, de ahí la naturaleza de su sección, pero ante la imposibilidad de imponer su perfil en el Senado, el funcionario mira hacia otros horizontes.
Las aspiraciones del subsecretario están conectadas directamente con la política de seguridad y con los resultados en la materia, por lo que, en definitiva, una eventual postulación o victoria se ven aún lejanas. Asimismo, la desprestigiada Secretaría no está para servir nuevamente como trampolín de otro gobernador, pues no se ha logrado recuperar del impacto que le dejó Alfonso Durazo.
Exfuncionario priista ‘opera’ licitación en Puebla
El próximo lunes se dará a conocer el fallo de una licitación de patrullas en el gobierno del morenista Miguel Barbosa. Se habla de que un exfuncionario del sexenio pasado, José María Tapia Franco, habría operado ya con cabilderos locales el contrato de la licitación GESAL-197-287/2022 para que se adjudique a Casanova Rent, de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova. Se trata de la renta de mil nuevas patrullas hasta 2024.
En el gobierno de la 4T, Tapia Franco –quien fuera entre 2013 y 2016 director general para la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil, área que dependía del entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong– tiene su historia.
Su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres fue sancionada por la Secretaría de la Defensa Nacional debido a que retrasó la entrega de 730 ventiladores para atender a pacientes de Covid-19. Por esto se hizo acreedor a una multa de 61 millones 816 mil pesos.
José María Tapia Franco consolidó una buena relación con Miguel Barbosa cuando el ahora gobernador ocupaba un lugar en el Senado de la República, entre 2012 y 2018.
Tapia Franco es conocido en el sector empresarial por conseguir contratos millonarios en áreas donde no tiene experiencia. Constituyó su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres el 19 de diciembre de 2018, tras culminar el gobierno de Peña Nieto. Posee el 50% de las acciones.
En el Fondo de Desastres Naturales, una de sus funciones principales era tramitar los recursos con los que se ayudaba a estados afectados por huracanes, sismos o sequías. Entre sus escándalos está haber viajado a Las Vegas a apostar, en lugar de atender las tormentas tropicales que azotaron y dañaron varias regiones de Guerrero.
Antes de trabajar en el sector público, la experiencia laboral de Tapia Franco giró en torno al PRI. Entre 2009 y 2011 fue asesor de la presidencia nacional de ese partido; entre 2011 y 2012 fue secretario de vinculación con zonas metropolitanas y en 2012 delegado en el Distrito Federal de la Secretaría de Organización, según consta en sus declaraciones patrimoniales.
Dejó la Secretaría de Gobernación en octubre de 2016 para ocupar la Secretaría de Acción Electoral del PRI, designado por el entonces líder nacional del Partido, Enrique Ochoa. En febrero de 2018 Tapia Franco fue nombrado coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en la Ciudad de México y tres meses después lo designaron comisionado especial de la campaña en Puebla.
Gobierno e IP buscan salida a crisis de agua en NL
Hace unos días, el presidente López Obrador calificó como asunto de seguridad nacional la emergencia por el desabasto de agua potable que enfrentan 18 municipios del estado de Nuevo León, que gobierna Samuel García. Como primer paso de su plan de acción, el presidente ordenó la construcción del acueducto “El Cuchillo II”, que llevará agua de la presa El Cuchillo a la capital del estado, donde viven 5.3 millones de personas.
Para lograr que esta obra se lleve a cabo en los ocho meses previstos, López Obrador pidió la colaboración de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), dirigida por Rodrigo Fernández, para que apoyen en la edificación del acueducto, el cual se tiene contemplado que inicie su construcción en septiembre. La Caintra ya llevaba la delantera en los planes para enfrentar la crisis del agua en Nuevo León.
La asociación ya había desarrollado el plan de emergencia “Sumemos un Chorro”, el cual es un llamado a las empresas afiliadas a reducir el consumo de agua en sus procesos productivos, obteniendo un ahorro de hasta 24.7 millones de metros cúbicos de agua, los cuales serán distribuidos entre la población. Este volumen equivale a 33 millones de tinacos llenos, a 2.5 millones de pipas de reparto de agua o a mil 237 millones de garrafones repartidos a las familias. Además, empresas como Arca Continental, de Arturo Gutiérrez, no solo donarán parte de su suministro de agua, sino que iniciarán con la rehabilitación de 15 pozos, lo que proporcionará hasta 250 mil litros por segundo a la comunidad.
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