A 17 meses de la elección del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno parecen empezar a perder fuerza operativa y política. En las últimas cuatro semanas, la 4T experimentó tres grandes derrotas: el rechazo a la reforma constitucional para desaparecer al INE y los reveses de sus candidatos en la elección de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Lo que más debe preocupar al presidente es que, en los tres casos, se echó a andar el aparato gubernamental para tratar de incidir en las decisiones y el resultado fue adverso. Incluso las llamadas “corcholatas” presidenciales se involucraron en la operación. Adán Augusto López prácticamente despachó en el Congreso durante el cabildeo de las reformas electorales y Claudia Sheinbaum le intentó tirar un salvavidas a Yasmín Esquivel, con la absolución de la Fiscalía de la CDMX en el caso del plagio.

Nada de eso fue suficiente. Los contrapesos del régimen hicieron valer un poder e influencia pocas veces visto en el sexenio actual. En el caso del INE se tuvo que recurrir al Plan B, aún inacabado y a la espera de que se reanuden las sesiones legislativas; en lo que se refiere a la Corte, con la elección de Norma Piña parece haber reinado la independencia de los Poderes de la Unión y el final de las confrontaciones personales de los ministros; en el caso del TFJA ganaron la partida los poderes económicos y Ricardo Monreal.

Por sí mismo, el senador zacatecano ha mostrado mayor poder de operación que todo el círculo cercano a AMLO. Primero operó a favor de su incondicional Alejandro Armenta para que se quedara como presidente del Senado, y ahora venció a la otrora poderosa jefa del SAT, Raquel Buenrostro, quien pretendía imponer en la presidencia del TFJA a Natalia Téllez, magistrada anticorrupción. Monreal congeló en la Cámara Alta el traje a la medida que la hoy secretaria de Economía había pasado sin contratiempos con los diputados.

Monreal cabildeó también al interior del Tribunal el apoyo en favor de Guillermo Valls Esponda, por lo que éste se impuso con el voto de nueve magistrados, incluido el suyo. En el camino se quedaron la magistrada Luz María Anaya Domínguez –la apuesta del presidente saliente, Rafael Anzures– y el magistrado Julián Olivas. Había sonado también que lucharía por el cargo la magistrada Zulema Mosri, esposa del general y exprocurador Rafael Macedo de la Concha, pero finalmente no confirmó su candidatura en la sesión.

Valls Esponda era en realidad el perfil de mayor abolengo. Hijo del exministro Sergio Valls Hernández, sorprendió también en la sesión de ayer lunes con un proyecto de trabajo estructurado, enfocado en el desarrollo y fortalecimiento de las salas regionales del Tribunal, mientras que sus contrincantes se enfocaron en el discurso político y la magistrada Anaya en el de género.

Desafortunadamente para López Obrador y para su gobierno, detrás de Valls también se movieron poderosos grupos económicos, aquellos que han sido perseguidos por el SAT para cobrar impuestos y que han llevado ante el Tribunal los casos en que los que se encuentran en disputa sumas millonarias, indispensables para mantener en operación los llamados programas del Bienestar y en la estructura electoral. Estos grupos son los grandes vencedores de esta elección, al menos para garantizar resoluciones apegadas a derecho.

El escenario obliga al presidente a replantear sus movimientos para las batallas futuras, incluida la elección presidencial, pues ni el apoyo de Claudia Sheinbaum sirvió para tomar el control de la Corte ni el cabildeo de Adán Augusto López pudo lograr la reforma electoral. En frente, Ricardo Monreal cosecha triunfos y da vida a una oposición que parecía débil o agazapada, y que en el contexto actual empieza a verse poderosa.

Posdata
Sobre la votación en la Corte, que culminó con el triunfo de los ministros de carrera y le dio la presidencia a Norma Piña Hernández –quizá la más independiente y alejada de los reflectores, el gobierno en turno y los poderes fácticos–, sucedieron cosas interesantes en los pocos minutos que duraron las tres rondas.

En la primera ronda, como se preveía, ninguno de los cinco candidatos declinó, pues hubo empate en el segundo lugar. Ya desde entonces, Norma Piña se perfilaba como el “caballo negro” que surgiría de la pugna entre el grupo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Yasmín Esquivel.

Pero en la segunda ronda las cosas parecían voltearse. El “ministro más rico”, como lo llamó el presidente López Obrador, había logrado cuatro votos contra tres de Norma Piña. A Alfredo Gutiérrez lo respaldaron Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar y Margarita Ríos Farjat, además de su voto.

Sin embargo, en lo que fue la ronda definitiva, los apoyos que supuestamente había amarrado Gutiérrez Ortiz Mena si llegaba a esa instancia se le voltearon, por lo menos dos: el de Alberto Pérez Dayán y el de Juan Luis González Alcántara. Por sorpresivo que parezca, la ministra Loretta Ortiz votó por él en la tercera ronda, pero no le alcanzó.

Las estrellas se le alinearon a Norma Piña Hérnandez, quien hizo historia al convertirse en la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una serie de eventos en los últimos días terminaron por inclinar la balanza a su favor, lo cual ha sido bien recibido en todos los ámbitos: el Judicial, el Legislativo y en varios flancos del gobierno federal, aunque no le guste la autonomía al presidente López Obrador. Una ministra de carrera, que ha vivido por y para el Poder Judicial, rompió ese “inaccesible techo de cristal” que aguardaba solo para los hombres. Bien por la ministra que defiende el medio ambiente, los derechos de las mujeres y la libertad de prensa –puntualmente a los periodistas amenazados e intimidados.

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